Con el presupuesto que recibió el gobierno anterior a lo largo de seis años se podrían reconstruir nueve veces las zonas destruidas en las entidades del país afectadas por los sismos del pasado mes de septiembre; en el caso de Oaxaca esos recursos no bastaron para combatir la pobreza y elevar los niveles de bienestar de la población
David Méndez
Durante los seis años del gobierno de Gabino Cué Monteagudo, el estado de Oaxaca recibió un presupuesto federal de 438 mil 219 millones de pesos, monto con el que se podría reconstruir nueve veces los nueve estados que fueron afectados por los terremotos del 7 y 19 de septiembre.
De acuerdo con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, el proceso de rehabilitación de todas las zonas destruidas por ambos sismos tendrá un costo de 48 mil millones de pesos, equivalentes al 10.9 por ciento del erario que recibió el estado entre 2011 y 2016.
Sin embargo, a pesar de tal suma de recursos, Oaxaca terminó el sexenio pasado como la entidad con el mayor rezago del país, con 2 millones 662 mil 748 ciudadanos (66.75) en condición de pobreza y un millón 130 mil 29 (28.3 por ciento) en pobreza extrema.
Según datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en 2011, el gobierno de Oaxaca recibió recursos por 58 mil 497 millones de pesos; en 2012, por 63 mil millones de pesos; en 2013, por 68 mil millones de pesos y, en 2014, por 80 mil millones de pesos.
Asimismo, en 2015, las autoridades dispusieron de 83 mil 225 millones de pesos y, en 2016, de 85 mil 497 millones de pesos, para hacer un monto total de 438 mil 219 millones de pesos, la mayor cantidad de recursos en la historia de la entidad.
Las cifras anteriores no contemplan deuda pública, que de 2010 a 2016 subió de 4 mil 615 millones 40 mil pesos a 14 mil 139 millones de pesos.
Para 2017, el Congreso de la Unión autorizó un presupuesto de 90 mil 414 millones de pesos y hasta agosto pasado, la actual administración ya había recibido cerca de 50 mil millones de pesos, monto similar al necesario para la reconstrucción de México.
Mientras tanto, en el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago 2017, la Sedesol resaltó que entre 2000 y 2015, 39 municipios oaxaqueños pasaron de un grado de marginación social «alto» a «muy alto» y 16 más transitaron de un rezago «medio» a uno «alto».
En total, de 103 de los 570 municipios que existen en la entidad (18 por ciento) padecen un rezago social «muy alto» y 258 (45 por ciento) subsisten con un rezago «alto». Sólo 13 tienen un rezago social “muy bajo”; 59 “bajo” y 133 “medio”.
“Desaparece” federación $3.5 billones
Pero eso no es todo, durante los últimos 16 años, entre los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el gobierno federal ha gastado más de 3.5 billones de pesos sin que el Congreso discuta ni apruebe su asignación y “en un contexto de escasa rendición de cuentas”, acusó la organización civil México Evalúa.
Únicamente en 2016, el presupuesto ejercido superó en más de 500 mil millones de pesos el aprobado por el Congreso, agregó la agrupación, que encabeza Edna Jaime.
Esos recursos son liberados conforme avanza el año fiscal de manera unilateral por el Gobierno de la República, al margen del Presupuesto de Egresos.
Según estimaciones del Banco Mundial, la reconstrucción de las zonas devastadas por los terremotos que sacudieron México el 7 y el 19 de septiembre, incluido Oaxaca, tendrá un costo de 300 mil millones de pesos, que equivalen al tres por ciento del Producto Interno Bruto del país, que, en teoría, deberán surgir de reasignaciones y otros ajustes presupuestales.
Sin embargo, México Evalúa indicó que el año pasado, el gobierno federal gastó más de 5 mil millones de pesos adicionales al monto originalmente aprobado en algunos programas de subsidios del Ramo 23, cajón de gasto asociado a los “moches”, mientras recortó cerca de 8 mil millones de pesos a la Secretaría de Salud, sin una explicación suficiente sobre la pertinencia de estos cambios.
“El verdadero presupuesto es como una caja negra que poco a poco va revelando su contenido conforme se va ejerciendo en el año fiscal”, comentó, el pasado 11 de julio, la Coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, Mariana Campos.
“El momento de mayor transparencia se logra una vez que las decisiones se han tomado y los recursos se han gastado completamente”, lamentó.
Superávit de 331 mmdp
Y no sólo eso, abundó la activista, pues con base en la información oficial y pública de las finanzas públicas al mes de mayo de 2017, se estableció que la situación económica del gobierno federal mejoró durante los primeros cinco meses del año, pues el balance total mostró un súperavit de 331 mil millones de pesos.
Lo anterior, en gran parte gracias a los remanentes que recibió de Banxico por 321 mil millones de pesos. El resto del superávit, por casi 10 mil millones de pesos, se debe al “esfuerzo” del gobierno.
Sin embargo, advirtió que la consolidación de la disciplina fiscal “se ve complicada” de cara a 2018. “Dado que el valor del peso se ha recuperado frente al dólar, no se espera que las reservas internacionales generen plusvalía.”, puntualizó.
“Por ello, es probable que Banxico no tenga remanente el próximo año, como los del año pasado y del presente, que contuvieron la presión sobre las finanzas públicas”.
También observó que la calidad del gasto continúa erosionándose. La inversión física cayó 15 por ciento (23 mil mdp) en términos reales en mayo de 2017 con respecto a mayo de 2016. En contraste, en el mismo periodo el gasto de operación del gobierno solamente se redujo cuatro por ciento.
En un intento de transparentar y dar seguimiento a los movimientos financieros que efectúa el gobierno, la organización lanzó del micrositio La Caja Negra (www.mexicoevalua.org/cajanegra) desarrollado por la organización. En la plataforma, se concentran notas de análisis e indicadores mensuales, trimestrales y anuales sobre las finanzas públicas.
“La idea de este micrositio surgió en 2013, cuando empezamos a investigar el presupuesto federal y nos dimos cuenta que el presupuesto aprobado cada año por el Congreso es significativamente diferente del que se ejerce el siguiente año fiscal”, explicó Campos.
