El 75 por ciento de los delitos denunciados ante la Fiscalía General del Estado se quedan sin aclarar, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad (IGI), elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), lo que coloca a Oaxaca entre las 10 entidades del país con mayor índice de impunidad; además solo el 1.2 por ciento de los delitos denunciados en 2017 tuvieron como resultado la recuperación de bienes, haber puesto al delincuente a disposición de un juez, el haber otorgado el perdón o la reparación del daño
Yolanda PEACH
Esa noche todo cambió para Mago. Sufrió un ataque brutal cuando volvía del trabajo. Vecinos la ayudaron y capturaron al agresor sexual. La policía estatal se lo llevó detenido y el fiscal en turno no quiso recibirlo. Salió libre. Ahora sabe lo que es vivir con miedo.
Fallas en el sistema penal al ser aplicados por la Fiscalía General del Estado, a cargo de Rubén Vasconcelos Méndez, han provocado la desesperanza en la ciudadanía, muchos delitos ya no se investigan, detenidos son puestos en libertad antes de la etapa de investigación y se vive en total impunidad.
Incluso, las propias autoridades ministeriales y policiales, sufren la indignación y coraje al no poder auxiliar a las víctimas, quienes ven, en el linchamiento, la única solución para obtener justicia.
De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Oaxaca se encuentra entre las 13 entidades con un grado de impunidad muy alta.
El estado se ubica en el lugar 10 de las entidades con mayor índice de impunidad con 75.12 de los delitos sin aclarar. Según el Índice Global de Impunidad (IGI), elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
El caso es grave, debido a que el índice de impunidad estatal era de 71.63, en 2013 y 2014. A partir de 2016, la llegada del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, comenzó a subir este indicador, construido con 17 variables.
El dato tiene aún más agravios si tomamos en cuenta que a la par del país, Oaxaca empeora en los índices de impunidad global y estatal. El índice de impunidad de México aumentó tanto en el ámbito global como en el ámbito de los estados de la República.
México ocupa el cuarto lugar del Índice Global de Impunidad (IGI 2017) con 69.21 puntos. Croacia es el país con el menor índice con 36.01 y Filipinas el peor con 75.6. Este nivel no es lejano al 71.63 de Oaxaca.
“En términos generales se advierte que, ante un entorno de inseguridad, impunidad y creciente corrupción de los cuerpos policíacos e impartidores de justicia, el linchamiento se presenta como una alternativa de violencia punitiva por parte de grupo organizados y espontáneos, ante un Estado que ha renunciado y/o es incapaz de aplicar la violencia legítima para garantizar justicia y seguridad”, dice el informe de la CNDH sobre linchamientos.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU 2019), realizada por el INEGI en julio pasado el 75.7 por ciento de la población mayor de 18 años encuestada considera que vivir en Oaxaca es inseguro. Fue el rango más alto de inseguridad pública en el estado.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2019), la cifra de víctimas de delitos a personas mayores a 18 años en 2017 fue de 17 mil 735, cifra que subió a 17 mil 747 en 2018. Esto es que cada hora se cometen en promedio dos delitos.
La tasa de prevalencia delictiva por ciudad fue de 29.7% en el caso de Oaxaca, lo cual representa el segundo grupo de ciudades con los peores resultados.
Por incidencia delictiva, Oaxaca pasó de 22 mil 152 delitos en 2017 a 26 mil 221 en 2018, un aumento del 18.4 por ciento.
En 2017 la cifra negra, equivalente a los delitos no denunciados ante el Ministerio Público o sin inicio de averiguación previa o carpeta de investigación ascendió a 93.2%. Asimismo, el 6.9% de los denunciados, que iniciaron averiguación previa o carpeta de investigación por parte del MP en el 55.9% de los casos los MP no dieron resultado alguno, mientras que el 21.3%, el asunto sigue en trámite.
Solo el 1.2% de los delitos en 2017 y 1.2% en 2016 tuvieron como resultado la recuperación de bienes, haber puesto al delincuente a disposición de un juez, el haber otorgado el perdón o haber reparado el daño.
El Dr. Raúl Rodríguez Guillen hizo un recuento de 862 linchamientos, entre tentativa y ejecución o consumado, ocurridos durante un período de cerca de 30 años, de 1988 a septiembre de 2017 en base a fuentes hemerográfica. El crecimiento se nota cuando dice que en 2014 iban 366 casos. Esto es que el 57.54% de los casos ha ocurrido en tres años. Principalmente ha sido en zonas urbanas perifericas y en Estados donde ha ocurrido durante un largo tiempo para que pareciera que disimula o que tenían una menor presencia como el estado de Oaxaca.
Así, los estados que concentran más del 60% (583) de los hechos de linchamiento son Estado de México con 242, Puebla con 182, CDMX con 79 y Oaxaca con 69.
Oaxaca registra que el robo ha sido el detonante de linchamientos, al ser el 29.5% de hogares víctima o con al menos un integrante que ha sido víctima de robo, durante el primer semestre de 2018.
AGRESORES EN LIBERTAD
Mago trabaja en una tienda de tiempo completo. Todas las noches camina largos trechos para volver a casa.
Camina rápido, pues hay calles con poco o nulo alumbrado público. Siempre va atenta, y aunque sintió que alguien la seguía y volteó en repetidas ocasiones, era algo común. Un hombre iba unos pasos atrás, como distraído.
Justo cuando pasaba junto a un terreno baldío sintió un tirón hacia adentro.
Asustada, gritó aterrada y comenzó a pedir auxilio. El hombre le dio un fuerte golpe en la cara y la tiró. Se abalanzó sobre ella y la atacó sexualmente.
Los gritos alertaron a los vecinos. Algunos salieron a investigar qué ocurría y descubrieron la escena. Otros llamaron a emergencias.
No tardó en llegar una patrulla de reacción inmediata de la Policía Estatal, a cuyos elementos les fue entregado el detenido.
Una vez que lo llevaron a certificar ante un médico y elaboraron el parte informativo, lo presentaron ante el fiscal en turno. Éste no lo quiso recibir. Argumentó que los policías no lo detuvieron en flagrancia y se vulnerarían los derechos del agresor.
“Como primer respondiente me da mucho coraje e impotencia. La señora estaba golpeada, sin ropa, muy asustada, que no nos quieran culpar de lo que sucede. La semana pasada igual, auxiliamos a una ama de casa violentada y sólo porque no sangraba no quisieron recibir al detenido”, se queja amargamente un policía.
“Vamos a ver todos esos casos, a hablar con el fiscal (Rubén Vasconcelos Méndez) para que esas cosas no sucedan”, comentó contrariada la maestra Fabiola Alanís Sámano, directora general para una Vida Libre de Violencia y para la Igualdad Política y Social de Inmujeres, quien participó en el Foro de Análisis Consolidando “Un Oaxaca Seguro”. Diálogos con Perspectiva de Género.
En este mismo foro, el gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, al hablar de las acciones que está tomando la Fiscalía General del Estado, dice que se ha incrementado la vinculación a proceso en varios feminicidios, “lo que queremos es que eso ni suceda (el delito)”, al indicar que analizan si será necesario realizar modificaciones a la ley.
GARANTÍAS EXCEDIDAS A DETENIDOS
David regresaba de dar una terapia física a domicilio y al abordar su motocicleta, se dio cuenta que no tenía la batería.
A pocos metros, vio un grupo de personas que tenían rodeado a un joven. Al acercarse a curiosear, vio que éste tenía la batería de su motocicleta.
“Lo vimos robarse la batería y lo alcanzamos (…) llamamos a la policía y estamos esperando que regrese el dueño”, le dijo uno de los hombres.
Se identificó como dueño de la motocicleta y casi al mismo tiempo llegó una patrulla. Se llevaron detenido al joven.
Tras varias horas de trámite, al llegar ante el fiscal de Ciudad Judicial, a quien le pusieron a disposición al detenido, le pidió a David la factura de la batería.
Como le respondió que no la andaba cargando y tendría que ir a su casa por ella, el fiscal le dijo que entonces se la devolvería al detenido, pues él la traía, “la próxima vez, mejor dele su merecido usted mismo”, le aconsejó.
Enojado y sin su batería, después de haber perdido toda la mañana en balde, David comentó que por eso no cree en la Fiscalía.
Don Andrés, al volver a su domicilio, encontró a un joven dentro de su casa. Revisaba los cajones del dormitorio y en la entrada, ya tenía escogido lo que se iba a llevar. Lo retuvo y su esposa llamó a la policía.
Después del trámite con la policía y el fiscal. El detenido quedó libre.
“La próxima vez mejor lo cuelgo de los pies para que escarmiente (…) a eso nos está obligando la Fiscalía, a hacer justicia por propia mano”, aseveró molesto.
A pesar de que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su quinto párrafo dice que “Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención”, en la práctica, la Fiscalía General del Estado no lo está cumpliendo.
SIN INVESTIGAR DELITOS
A Beatriz no le fue mejor. Al regresar en la tarde a su casa, después de ir por sus hijos a la escuela, se encontró con el portón abierto y su perrito jugando afuera.
Cuando metió su automóvil se dio cuenta que la casa estaba abierta. Con temor de que pudiera estar alguien adentro y por la seguridad de sus niños, no entró. Llamó a la policía. Le contestaron que debía poner su denuncia.
Antes, la acompañaron a inspeccionar su casa. Se robaron un televisor, algunas películas e incluso saquearon el refrigerador. Todo estaba en completo desorden.
En la Fiscalía General del Estado la trajeron de oficina en oficina. “Es que aquí no le toca, como vive cerca de Viguera, le corresponde al fiscal de Etla”.
Finalmente le recibieron la denuncia, pero al mismo tiempo, le hicieron firmar un papel donde aceptaba que se archivara su carpeta de investigación.
“Es una burla. No sé para qué me vine a perder tanto tiempo si al final no van a investigar nada. Más que lo que se robaron, lo material, se robaron mi tranquilidad, así no puedo vivir tranquila”, señaló.
Un fiscal adscrito a las oficinas del centro, en Arista, confió que la orden que tienen, cuando el que cometió el delito está identificado, lo llaman para poder llegar a un acuerdo, “salida alterna”, pero cuando no se sabe quién cometió el delito, ya no se investiga.
“En el mismo momento en que estás imprimiendo la declaración de la víctima sobre el delito que sufrió, también estás imprimiendo donde aceptan que el caso se vaya al archivo (…) son las órdenes”, dijo.
Admitió que le da vergüenza que sucedan estas cosas en la Fiscalía desde que está al frente Rubén Vasconcelos Méndez, “me da mucha pena, pedirle a los denunciantes que firmen, apenas ayer un señor me dijo hasta de qué me iba a morir y la verdad tiene razón”, dijo.
Contó que han conocido de varios casos de un par de motociclistas que roban en el centro de la ciudad. Pasan junto a la víctima y le arrebatan su bolso. Ninguno de estos casos se ha investigado. “Si estuviera Joaquín (Carrillo, ex procurador) ya los habríamos detenido”.
“Creo que el fiscal no ha entendido lo que significa el sistema acusatorio adversarial, por un lado, presume de vinculaciones a proceso o prisión preventiva en casos que no lo ameritan, y por el otro, se niegan a atender a las víctimas y les da libertad a quienes sí se debe apresar, todo es pura política, es el peor titular que hemos tenido en la dependencia”, aseveró el Ministerio Público.
Verónica Hernández Lara, psicóloga del Centro de Justicia para Mujeres, señaló que a las víctimas se les genera un impacto moral muy grave cuando sueltan al detenido, “viven mucha frustración y entran en un estado de ansiedad”.
La situación se agrava si la víctima sufrió algún ataque sexual, “se sigue generando la idea que tú como mujer no eres víctima de nada y no vales nada ante los ojos de la autoridad”, puntualizó.
“Las mujeres que han sufrido algún ataque sexual tienen un síntoma muy marcado, el sentimiento de culpa. Su entorno, en lugar de apoyarlas las cuestiona, el clásico: tú te lo buscaste, qué estabas haciendo ahí, por qué venías sola.
“Ese sentimiento de culpa puede llevarlas a una depresión muy profunda, que incluso, las puede orillar al suicidio (…) lo único que las puede ayudar a volverse a sentir libres, es que detengan al violentador”, afirmó.
Mago, por lo pronto, sabe ahora lo que es vivir con miedo. “Cómo puedo andar tranquila por la calle si sé que él que me atacó anda libre. Si por mí fuera ya no saldría de mi casa, pero debo trabajar porque soy el sostén de mi familia y lo que gano no es suficiente para pagar un taxi todas las noches. No voy a estar todo día laborando para ocuparlo en el pasaje. No puedo”, dice desalentada.
