Los fiscales estatales Karl Racine, del Distrito de Columbia, y Brian Frosh, de Maryland, presentaron una demanda contra el presidente Donald Trump, alegando que violó la Constitución al mantener vínculos con un imperio empresarial mundial.
De acuerdo con medios de comunicación estadounidenses, los procuradores alegan que el magnate republicano violó cláusulas anticorrupción en la Constitución al aceptar millones de dólares en pagos y beneficios de gobiernos extranjeros desde que se mudó a la Casa Blanca.
Racine y Frosh consideran que esto plantea un conflicto de intereses y confirmaron que la demanda, la primera de su tipo presentada por entidades gubernamentales, fue presentada en un tribunal de Maryland.
“El conflicto de interés del presidente amenaza nuestra democracia. No podemos tratar las actuales violaciones constitucionales del presidente e ignorar los derechos del pueblo estadounidense como si fueran el nuevo status quo aceptable”, dijo Frosh en conferencia de prensa.
La demanda se centra en el hecho de que Trump decidió mantener la propiedad de su empresa cuando se convirtió en presidente. El republicano dijo en enero, antes de asumir el cargo, que sus hijos administrarían sus negocios para evitar potenciales conflictos de intereses.
Para Racine y Frosh, el presidente Trump ha roto su promesa de mantener separados sus deberes públicos de sus intereses comerciales privados.
La Casa Blanca no ha comentado al respecto.
De proceder, esta demanda abriría un nuevo frente para el presidente Trump, quien enfrenta una investigación dirigida por el abogado especial Robert S. Mueller III y los comités del Congreso ante la posible complicidad entre sus allegados y el gobierno ruso durante la campaña presidencial del año pasado; además de las acciones promovidas por sus rivales demócratas para realizar un juicio de destitución, o impeachment, por esa misma situación.
Los procuradores estatales explicaron que si un juez federal da luz verde al caso uno de los primeros pasos será exigir copias de las declaraciones de impuestos personales de Trump, para medir el alcance de sus negocios en el extranjero, y determinar la magnitud de las violaciones constitucionales que habría realizado.
Asimismo, esta demanda se presenta días después de que el exdirector del FBI, James Comey, testificó ante el Senado y acusó a Trump de despedirlo del cargo al no jugarle lealtad, sobre todo en las investigaciones que realizaba sobre las presuntas vinculaciones de su gente cercana con autoridades rusas.
