EDITORIAL
Nadie censura ni, mucho menos cuestiona, la serie de manifestaciones y protestas que se llevaron a cabo en el marco de la celebración del “Día Internacional de la Mujer”. Existe en el país violencia generalizada en cuestiones de género, con sonados casos de feminicidio, que las autoridades tanto federales como estatales simplemente han minimizado. Tal parece que no hay interés en acotar esas acciones de violencia que han enlutado miles de hogares. Incluso, las manifestaciones que se prepararon para el domingo 8 y lunes 9, con “Un día sin nosotras”, fue cuestionado por el mismo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con el argumento de que era instrumento de los conservadores para golpear a la Cuarta Transformación.
Lo que ha puesto en tela de juicio dicha protesta y movilización fueron las acciones de vandalismo cometidas en contra del Patrimonio Histórico y personal masculino. En nuestra capital quedaron las evidencias de los excesos, los atropellos y la indolencia, desde las paredes del panteón general de San Miguel, hasta las pintas y destrucción en el Centro Histórico. Bajo ninguna circunstancia debemos aplaudir semejantes acciones, que están muy lejos de las apariencias de una protesta justa. En la Ciudad de México hubo saqueo de imágenes religiosas. Las feministas o como se llamen, penetraron a iglesias para robar cuadros de santos y religiosas. En el fondo de todo, quedan las secuelas de una sociedad polarizada y fracturada.
El gobierno de López Obrador y los regímenes estatales, emanados del partido que sean, deben fijar su postura al respecto. Insistimos: no se trata de poner en tela de juicio lo justo de una protesta, sino derivar a actos contra la ley y con efectos colaterales en propiedad ajena. El país se está descomponiendo. Padecemos una violencia exacerbada, estimulada por cárteles de la droga y grupos criminales, que sólo en 2019 dejó más de 35 mil muertos. En nada contribuye a alentar en el país la unidad, la reconciliación y la solidaridad nacional, que las mujeres se asuman intocables y regidas por un estatuto diferente. Cada marcha, cada manifestación, infiltradas por activistas supuestamente anarquistas, termina dejando edificios vandalizados, comercios saqueados, autobuses, vías y otros, como producto de la irracionalidad y la impunidad. Tampoco la violencia en contra de la mujer va a terminar, violentando la norma constitucional y las leyes que rigen una sociedad que, se presume, civilizada. Esto no puede continuar. Hay que aplicar la ley.
