La disparidad de datos arrojados por las organizaciones sociales respecto a este ilícito choca con los números que ofrece la Fiscalía General del Estado, son imprecisos los criterios que establece la autoridad ministerial al clasificar el delito desde su conocimiento, lo que lleva a cometer yerros en la etapa de la investigación, que da lugar a la impunidad al llegar a los juzgados
Yolanda PEACH
Al vincular a proceso a Marco Antonio, acusado de asesinar con saña a su madre y hermana en Zaachila, el juez de control recomendó a la Fiscalía General del Estado realizar investigaciones con visión de género, psicología y antropología social.
Entre los principales problemas en la resolución de casos de feminicidio, es el poco apego al protocolo del delito, la falta de cultura de la denuncia y la permisibilidad a la violencia de género de las autoridades, que, a la larga, revalidan la impunidad de este delito.
YERROS EN EL PROTOCOLO
Marco Antonio, a la postre, fue condenado a purgar 105 años de prisión. Un joven, del que sus vecinos decían sufrió violencia familiar desde niño fue encontrado culpable de matar a su mamá de 16 puñaladas y a su hermana, de 19.
Al defenderse, argumentó que llegó a visitar a su madre, quien lo invitó a desayunar. Salió a la tienda por una bebida y al volver las encontró muertas. Salió a pedir ayuda, pero antes, entró a su casa por algo para defenderse, pues temía que el asesino siguiera adentro. Solo que al ingresar no fue cuidadoso. Se golpeó la cabeza y perdió el sentido.
Su versión poco convenció a la juez y, entre las pruebas contundentes presentadas por el fiscal, estaba la camisa manchada con sangre que encontraron en la casa de Marco Antonio, obtenida al ingresar sin orden de cateo.
“Una prueba ilícita porque no pidieron permiso; sin embargo, considero que los agentes investigadores actuaron de buena fe cuando entraron”, explicó.
Demandó a la Fiscalía investigar los feminicidios con visión de género, indagar actos de violencia o maltrato previos, patrones culturales de manera genérica que puedan conducir a un feminicida. Hizo la observación de que el origen del problema no es que sea mujer, sino el entorno en el que se desarrolla.
“Los jueces son muy estrictos con el proceso. Si no se cumple a cabalidad nos ponen trabas y perdemos los juicios. Nos hacen quedar como tontos ante la ciudadanía”, se queja un Ministerio Público.
A decir del fiscal general, Rubén Vasconcelos, tanto en 2018 como en 2019 se cometieron 29 feminicidios, en el año actual, 2020, son dos casos de los 18 homicidios dolosos en agravio de mujeres.
“Han aumentado las muertes violentas de mujeres, pero no podemos hablar de feminicidios en todos los casos”, reiteró.
AUMENTAN ASESINATOS A MUJERES
Minerva, una adolescente de 17 años de edad, viajaba con su novio Ramón en un camino de terracería que va a Santa María Tepexina cuando fueron acribillados a mediados de enero de este año. Al joven le encontraron más de 13 impactos de bala, a ella, nueve.
Teresa fue asesinada a balazos, al igual que su hija, de 7 años, y su nieta, de 2 años, en un ataque en El Huamuche, Santiago Ixtayutla, donde otras cinco personas resultaron heridas.
Evelín, de 12 años, había salido con sus papás el 8 de diciembre de la comunidad Benito Juárez, en San Juan Cotzocón para dirigirse a Miahuatlán. Desaparecieron.
Los encontraron sin vida seis días después en distintos lugares de la sierra mixe.
La adolescente de 17 años, María Ángela, fue acribillada al igual que otros seis en Santo Domingo Petapa, en el Istmo, a finales de julio.
Diana, de 3 años, murió junto con su padre, baleados cuando viajaban en una camioneta en la carretera a San Juan Mixtepec. Él fue encontrado a unos metros del vehículo, a la pequeña, sobre un asiento.
Muertes violentas de mujeres, que, por sus características, podrían no ser consideradas feminicidios.
“Podrían tratarse de delitos de alto impacto, grupos delictivos, venganza en contra de su familia, asaltos violentos. Se tendría que iniciar la investigación para comenzar a confirmar o descartar que se trate de un feminicidio”, explicó un agente investigador adscrito al Grupo Unidad Género de la Agencia Estatal de Investigaciones.
“Lamentablemente aumentaron los asesinatos violentos en menores, desde niñas hasta jóvenes de 29. Antes eran más las mujeres maduras las que lo sufrían”.
La violencia contra las mujeres en Oaxaca se incrementó de manera constante.
Datos del Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer), revelan que tan sólo en lo que va del gobierno de Alejandro Murat (diciembre 2016 a enero de 2020) se han contabilizado un total de 397 feminicidios, 15 en lo que va del año.
En tanto que en el gobierno de Gabino Cué Monteagudo (2010-2016) se tuvo un registro de 627 feminicidios.
Esta cifra se suma a los datos del periodo de Ulises Ruíz Ortiz (2004-2010) en el que se contabilizaron 295 feminicidios.
Es decir, en tres sexenios se registraron mil 319 asesinatos de mujeres en el estado de Oaxaca.
A pesar de que el delito de feminicidio se adicionó en agosto de 2012, organizaciones sociales comenzaron a documentarlas con base en archivos hemerográficos, INEGI, Sector Salud y el Registro Civil.
Actualmente, la propia Fiscalía General del Estado contabiliza de forma fidedigna las indagatorias o carpetas de investigación iniciadas por este ilícito, aunque en el camino, va descartando las que no encuadran en esta figura penal, por lo que la cifra, siempre será menor a la que manejan las organizaciones.
EXTREMA CRUELDAD
Jazmín, de 12 años, fue encontrada desnuda y con huellas de violencia sexual. Su madre también fue asesinada junto con ella, en su vivienda, en San Sebastián Tutla, a inicios de mayo del año pasado. El sospechoso, pareja de la mujer, fue detenido meses después, vinculado a proceso y muerto dentro de su celda, al parecer, por suicidio.
Una característica que han observado en el Instituto de Servicios Periciales es que las víctimas tienen lesiones de maniobra de defensa. “Existe sometimiento, cansancio de la resistencia hasta llegar a la anulación total de la protección al ataque”, confía un perito médico.
Abunda que por el tipo de lesiones se traduce que antes de asesinarlas las hacen sufrir, llorar y las mantienen horrorizadas, incrementando los niveles de temor.
Explicó que en los feminicidios intervienen profesionistas de la medicina forense, fotografía, química, dactiloscopia, genética forense, criminalística, en ocasiones balística, incendios o explosivos, aparatos electrónicos, computación, información, redes sociales, y, cuando no hay tejidos, especialistas en antropología y odontología.
Apuntó que con la reforma penal se ven obligados a ser más exigentes, ya que al existir mayor dificultad para demostrar las evidencias en el dictamen, deben ser más precisos.
Agregó que existen diferencias en los exámenes médicos entre un homicidio doloso en agravio de una mujer y un feminicidio, ya que éste último tiene un rango más minucioso, se describen todas las heridas, se establece una hora más precisa de la muerte, se hace una cronología de las lesiones y una revisión ginecológica.
VIOLENCIA DE GÉNERO
La maestra en Ciencias Penales, Irma Villavicencio González, apuntó que el Estado debe combatir la violencia en todos sus rubros, como laboral, familiar sexual, ya que, al permitirlo, es una forma de permisibilidad del feminicidio.
“No hay mensaje a los violentadores, les dan permiso de maltratar o de dejar de dar pensión. Hay mucha violencia tolerada. Ahí inicia todo”.
Consideró que la violencia obedece principalmente a patrones culturales que se vuelven una espiral. “Muchas víctimas no confían ni en su familia y no reciben apoyo”.
“Si las víctimas de violencia hubieran roto el silencio, probablemente no hubieran sido asesinadas”.
Explicó que, atendiendo el protocolo, en todas las muertes dolosas de mujeres, se debe iniciar la carpeta de investigación por feminicidio y después se descarta si no se tratara de este ilícito, “y no al revés, como acusan que hacen”, dijo al recordar el caso de la política asesinada en el Istmo, Pamela, quien fue acribillada al igual que la fotógrafa María del Sol y el chofer.
Otro problema para esclarecer los feminicidios, es la renuencia a declarar. “Se debe fomentar la denuncia”, asevera la comandante Elizabeth Torija Hernández, del Grupo de Feminicidios de la Agencia Estatal de Investigaciones.
Admitió que la complejidad del delito, es demostrar la misoginia. “La familia cree que es morbo investigar el entorno social, familiar y sentimental”, indicó al confiar que, en muchos casos, han encontrado que el feminicida era el esposo, el novio, el free, el amante. Un hombre con el que tienen o tuvieron una relación sentimental.
Enfatizó se debe inculcar la cultura de la prevención y la denuncia. “Cada quién tiene su responsabilidad, desde cómo educar a los hijos, el ambiente en el que se desarrollan, las escuelas, obligar a los servidores públicos a respetar a las mujeres y erradicar la cultura discriminatoria”.
Las cifras
100
años de prisión, la pena máxima, en caso de ser agravado
27
años, la pena mínima, si se trata de procedimiento abreviado
66
por ciento de los feminicidas era o fue pareja de la víctima
33
por ciento de las mujeres fueron asesinadas a balazos
10
por ciento fueron violadas antes de ser asesinadas
Sustento legal
Se trata de feminicidio si la víctima es mujer y presenta cualquier tipo de signos de violencia sexual.
Si le encuentran heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, mutilaciones con implicaciones sexuales o degradantes.
Cuando existan antecedentes o indicios anteriores de violencia, amenazas, acoso o maltrato del agresor.
Todos los casos en que el cadáver fue enterrado u ocultado.
También si el cuerpo o restos mortales fueron expuestos o arrojados en un lugar público.
Asesinatos en los que la víctima fue incomunicada o privada de su libertad.
Los que fueron motivados por desprecio u odio a la víctima por discriminación o misoginia. (Se entiende por misoginia las conductas contra la mujer que se manifiestan mediante actos violentos o crueles contra ella).
Existiera entre la víctima y agresor, una relación sentimental, afectiva o de confianza.
* Tomado del Artículo 411 del Código Penal de Oaxaca
