Centro de Investigaciones Periodísticas
Impune pese a los abusos de autoridad y denuncias por delitos electorales, arropado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el gobernador Alejandro Murat, Alejandro Avilés Álvarez organizó un acto faraónico para asumir la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), desde la cual pretende operar electoralmente los recursos sociales.
Para ello, su hermano Carlos Avilés ha instalado una oficina que empezó a operar una semana antes de su ascenso a la oficina federal, de la que se ubica a tan solo unos metros de distancia.
Por eso es que a la ceremonia, convertida en mitin político, acudieron operadores políticos y económicos, a quienes no importó militancia partidista, cargo, representación popular o antecedentes, muchos menos que fueran horas hábiles para funcionarios.
Sin mayor justificación que la intención política, al acto celebrado el martes primero de agosto –a 39 días de que inicie el proceso electoral que culminará con la elección federal del 2018–, acudieron entre otras personas la dos veces diputada local y una vez federal por la vía plurinominal y el Partido Acción Nacional, Eufrosina Cruz Mendoza, cuyo esposo ha sido acusado de beneficiarse con obras públicas. Ella es también la representante en Oaxaca de la precandidata a la presidencia de la república por el PAN, Margarita Zavala.
También estuvo presente el presidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Alejandro Jarquín, extraído del Partido de la Revolución Democrática (PRD), cuyo gestor de obras es el diputado Toribio López Sánchez. Jarquín fue titular de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano (Sedesoh) del gobierno de Gabino Cué Monteagudo, cuando Alejandro Avilés fue coordinador de diputados del PRI y dirigente estatal del mismo partido.
El mismo presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, acudió al evento en apoyo a Avilés.
Asimismo, el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alfredo Lagunas Rivera y su tío, el empresario Ericel Gómez Nucamendi, propietario del periódico Noticias, el preferido por Avilés para publicitarse. Ambos fueron compañeros en la pasada Legislatura, aquel por el Movimiento Ciudadano, del que fue senador como suplente de Gabino Cué Monteagudo. También el empresario tiene nexos con la empresa Integra, que dirige Manuel Esparza, quien era su empleado en el congreso local. Dicha intermediaria de recursos estatales, federales e internacionales presume la asesoría de más de 50 autoridades municipales en el estado y uno de los directivos es el ex administrador municipal de San Antonio de la Cal, Noé Lagunas Rivera, también sobrino de Gómez Nucamendi.
Asimismo estuvieron presentes otros ex diputados que también fueron compañeros de bancada de Alejandro Avilés. Se trata de los presidentes municipales de San Pedro Mixtepec y Cosolapa, Fredy Gil Pineda Gopar y Gustavo Díaz Sánchez, alias “el gato”, éste último acusado de tener relación con miembros de la delincuencia organizada. No se les separaba el edil de Santos Reyes Nopala, Bulmaro Sánchez, seguidor de Fredy Gil, quien ya gobernó ese ayuntamiento.
Además hizo acto de presencia en el templete el munícipe de Santa Lucía del Camino, Raúl Cruz, cuya esposa, Leticia Cruz trabajó como tesorera del administrador municipal durante 2014 y 2015 en San Dionisio del Mar, Jorge Bustamante García. Este funcionario fue uno de los administradores impuestos por Avilés desde el Congreso.
Otro ex colaborador que llegó al evento fue el actual delegado de la Secretaría de Economía, Adolfo Toledo Infanzón, a quien Avilés nombró el 14 de noviembre de 2015 como presidente de la Mesa Directiva de la 62 Legislatura, para el último año legislativo.
Entre los funcionarios federales presentes estaba también el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Lazcano, quien había sido nombrado desde el inicio de la administración como jefe de la Oficina Gubernamental, cargo en el que estuvo hasta el 26 de abril.
Asimismo, participó de manera protagónica el senador Jorge Toledo, cuyo escaño en la Cámara Alta del Congreso de la Unión es pretendido ahora por el nuevo delegado de Sedesol.
Dicho cargo legislativo perteneció del 2000 al 2016 al hoy subsecretario de desarrollo social Eviel Pérez Magaña. Tanto Avilés como Eviel fueron operadores del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz, de quien tuvieron que renegar para ser afines al gobernador Alejandro Murat, hijo de su ex rival político, José Murat Casab.
Violan la ley
Entre los subidos al templete figuraban los funcionarios del gabinete de Alejandro Murat, incluyendo al mismo titular de la Sedesoh, Raúl Bolaños Cacho, quien dijo que “Oaxaca está de fiesta porque se reincorpora al servicio público una persona de reconocida experiencia, de probada inteligencia y audacia y por qué no decirlo, de entrañable amistad.”
Fue uno de los elogios manifestados en el acto, aparte de los pronunciados por el Oficial Mayor de la Sedesol, Alejandro Nieto, quien vino en representación del secretario Luis Miranda. El enviado fue cuestionado por reporteros, debido al nombramiento del nuevo delegado, por su mal desempeño político. “No tengo ningún impedimento legal para hacer este nombramiento”, repetía el entrevistado.
Ahí estuvieron flanqueando a Avilés el secretario de Gobierno, Héctor Anuar Mafud Mafud, a quien le dejó el cargo tras su cese. En entrevista, el hoy titular de la Segego dio su raspón involuntario al ungido. “Hoy hay menos protestas que antes”, presumía.
Asimismo, estaban aplaudiendo al nuevo funcionario la secretaria de la mujer del gobierno estatal, Miriam Liborio; el responsable de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (Sedapa), Eduardo Rojas Zavaleta; el secretario de Finanzas, Jorge Gallardo Casas; el titular de Coplade, Ángel Meixueiro; el secretario de Vialidad y Transporte, Francisco García López; el secretario de las Infraestructuras, Fabián Herrera; el secretario del Medio Ambiente, José Luis Calvo Ziga; el secretario de Turismo, Juan Carlos Rivera Castellanos; el secretario de Economía, Jesús Rodríguez Socorro; el secretario de Seguridad Pública, Raymundo Tuñón Jauregui y hasta el secretario del gobernador, Adolfo Maldonado.
Cuestionado sobre la presencia de sus funcionarios, en horario de trabajo en un acto político, el gobernador Alejandro Murat afirmó que serán los propios servidores públicos quienes deban dar la explicación de estar ausentes de sus oficinas.
De acuerdo al artículo 46 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Oaxaca, a la Secretaría de Administración le corresponde el despacho de “normar y controlar la administración del capital humano, recursos materiales, tecnológicos y servicios de apoyo de la Administración Pública Estatal”, así como “normar, aplicar y administrar lo referente a sueldos y salarios de los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo.”
Además, conforme a los “principios que rigen el servicio público, obligaciones en el servicio público y sujetos de responsabilidad administrativa” de la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos de Oaxaca, en su artículo 55 marca que todo servidor público tendrá la obligación de asistir puntualmente a sus labores.
El artículo 57 señala que “las sanciones por responsabilidad administrativa, se fincarán, en primer término, a quienes directamente hayan ejecutado los actos o incurran en las omisiones que la originaron y, subsidiariamente, a los que, por la naturaleza de sus funciones, hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia por parte de los mismos.” Las sanciones van desde amonestación privada o pública, hecha en resolución sobre las consecuencias de la infracción cometida, excitando a la enmienda y previniendo la imposición de una sanción mayor en caso de incurrir en nueva infracción; la suspensión del ejercicio del empleo, cargo o comisión conferidos y a percibir la remuneración correspondiente por el tiempo que dure la misma…
La suspensión en ningún caso podrá ser menor de tres días ni mayor de seis meses. La suspensión no surtirá perjuicio en las prestaciones que el sancionado tuviere en el sistema de seguridad social.” Y puntualiza:
“Las sanciones económicas o pagos en dinero que se determinen conforme a las disposiciones de esta ley, tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida, sujetándose para su cobro, al procedimiento administrativo de ejecución que establece el Código Fiscal para el Estado de Oaxaca, por conducto de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado”.
Hasta el viernes, último día laborable para el gobierno, las sanciones no habían sido hechas públicas, pese al criterio del gobernador.
