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Exigen a Sevitra aplicar extinción de dominio contra taxis pirata

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Alonso PÉREZ AVENDAÑO

 

La Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevitra) y la Fiscalía estatal deben reforzar la estrategia para controlar a los taxis pirata, aplicando la facultad que les otorga la ley de extinguir el dominio de las unidades utilizadas para el servicio de transporte sin autorización.

Rodrigo Mendoza Barranco, presidente del sitio Alameda, señaló que a pesar de que autoridades estatales han implementado operativos para detectar taxis que circulan sin concesión ni autorización, estos han fallado en el objetivo de retirarlos de circulación.

Actualmente, aseguró, más de mil taxis pirata o clonados transitan en la ciudad de Oaxaca y en la zona metropolitana amparados en organizaciones como Antorcha Campesina, el Sindicato Libertad o la Confederación de Trabajadores de México.

De estos mil taxis, 600 carecen de concesión y alrededor de 300 han duplicado rótulos de unidades que operaban legalmente en sitios de los municipios de San Jacinto Amilpas, San Sebastián Tutla, Santa Lucía del Camino y el fraccionamiento El Rosario, que circulan indebidamente en la capital pintados con los colores azul y blanco.

“Se amparan con sindicatos, ahorita el que es más fuerte es el que gana en el transporte, en total habrá unas 600 unidades pirata circulando en Oaxaca de Juárez y la zona metropolitana”, aseguró.

Contra los taxis duplicados o pirata, señaló, los operativos que realiza la Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevitra) han fracasado porque al detener las unidades, aunque les borran los códigos de operación presentan al conductor ante la Fiscalía estatal, al que únicamente le solicitan que acredite la propiedad del vehículo, sin sancionar la prestación del servicio de transporte público sin concesión.

“Los terminan soltando, no se está aplicando el 240 bis ni algunos artículos que sancionan con la extinción del dominio por prestar el servicio público sin el amparo de una concesión, es como cuando a un cártel le decomisan una casa, queda en manos del gobierno, tanto por Ley de Transporte como por Código Penal se debe aplicar la extinción de dominio”, señaló.

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