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Exige #YoSoy26 juicio justo para militares detenidos por caso Tlatlaya

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NOTA 3De acuerdo a Mario Montes Aguilera, secretario general de la organización “humanista por el progreso social”, si la delincuencia tiene derechos humanos, los elementos de las fuerzas castrenses también deben de tenerlos

Integrantes del movimiento #YoSoy26, marcharon para exigir en el Senado de la República que se legisle para actualizar el marco jurídico a fin que los 25 militares que fueron detenidos por el caso Tlatlaya, reciban un juicio justo con respeto a sus derechos humanos.

Tras realizar una marcha pacífica que partió del Zócalo hacia el Senado, algunos familiares y ciudadanos defendieron la labor de las fuerzas armadas, que dicen, están siendo desprotegidos por el gobierno al no recibir un trato justo.

De acuerdo a Mario Montes Aguilera secretario general de la organización “humanista por el progreso social”, si la delincuencia tiene derechos humanos, los elementos de las fuerzas castrenses también deben de tenerlos.

A decir del representante de la sociedad civil, el movimiento más allá de apoyar al Ejército, exige que se regulé la labor de los militares para que actúen dentro de la legalidad

“Nosotros no hablamos de que sean culpables o inocentes, sino que también tienen derechos humanos igual que cualquier otro ciudadano en este país».

A su vez, Quetzal Ochoa, integrantes del movimiento, afirmó que los militares también son víctimas del crimen organizado en medio de la guerra «falsa» en contra de la delincuencia, y por ello dijo, el gobierno está obligado a defenderlos.

“No todos los militares son malos y tenemos que defenderlos porque muchas veces los obligan a pertenecer a grupos criminales si no les matan a sus esposas o a sus hijos, entonces creo que el gobierno debe ponerse las pilas para proteger a los militares, marinos y policías federales”.

El movimiento #YoSoy26 pide la liberación de los 25 elementos del Ejército mexicano detenidos por la matanza de 22 personas en Tlataya, Estado de México, en junio de 2014. El caso está siendo investigado por la PGR y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos después de que una mujer aseguró que los militares ejecutaron a las personas.

 

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