Agencias.-Senadores del PAN presentaron su iniciativa de leyes secundarias en materia anticorrupción, la cual prevé una lista negra que exhiba a los servidores públicos corruptos; obliga a los funcionarios a rendir de manera periódica y abierta sus declaraciones patrimonial, fiscal y de interés; promueve la disolución de las empresas que causen perjuicio a la hacienda pública y fomenta la denuncia a través de estímulos económicos para ciudadanos.
Proponen 12 conductas que constituyen actos de corrupción para que sean sancionadas tanto administrativa como penalmente: soborno, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento ilícito, blanqueo del producto ilícito, obstrucción a la justicia, colusión, extorsión, simulación, utilización ilegal de información confidencial y nepotismo.
La iniciativa se presentó este miércoles a la Comisión Permanente y fue respaldada por el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, quien estimó que la corrupción le cuesta a México 1.5 billones de pesos al año; es decir, 45 veces más el presupuesto de la UNAM.
A la vieja casona de Xicoténcatl, antigua sede del Senado, llegaron como invitados los titulares de Transparencia Mexicana, Imco, Integralia y México Evalúa, entre otros representantes que no participaron en la propuesta panista, que incluye que cualquier caso de corrupción sea investigado por oficio para no esperar que medie una denuncia para que las autoridades indaguen actos de corrupción.
La propuesta es crear la ley general del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y reformar la ley orgánica de la administración pública federal. La primera establece que habrá un sistema de servidores públicos sancionados que será público y de consulta obligatoria para todas las autoridades del país en sus procesos de selección, incorporación, contratación, comisión o empleo de cualquier persona.
Las declaraciones patrimonial, fiscal y de interés serán públicas y sólo reservarán los datos personales; cualquier ocultamiento, mentira o engaño en la información del titular o sus dependientes económicos “será sancionado como un acto de corrupción grave”.
Asimismo, las sanciones para las personas físicas y morales van desde el resarcimiento económico de los perjuicios, montos que deberán ser mayores a los daños ocasionados a la hacienda pública, hasta la disolución de la empresa. Si las compañías se denuncian a sí mismas por actos de corrupción de personas físicas que pertenecen a ellas podrán negociar un convenio para reducir las penas.
Mientras que las sanciones económicas de funcionarios públicos no tendrán cualquier destino, los recursos serán etiquetados para nuevos sistemas y tecnologías del SNA, un fondo de recompensas de testigos y denunciantes, y proyectos de investigación sobre el combate a la corrupción.
Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, en representación de las organizaciones civiles, dijo a los legisladores que “si no somos capaces de encontrar los consensos con otras fuerzas políticas, si no somos capaces de tener un modelo verdaderamente articulado alrededor de este Sistema Nacional Anticorrupción, corremos el riesgo de no avanzar en la que tal vez es la reforma más importante para el país en este momento”.
El PAN es el primer grupo parlamentario que presenta sus propuestas de leyes secundarias en la materia, se espera que el Ejecutivo federal haga lo propio y que el PRD fomente la eliminación del fuero presidencial.
La reforma constitucional en materia anticorrupción —promulgada el 27 de mayo de este año— dio un año para que los legisladores emitan las leyes secundarias, plazo que concluye en mayo del 2016. La nueva Legislatura, en la que se discutirá esta propuesta, inicia el próximo 1 de septiembre.
