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Felipe SÁNCHEZ JIMÉNEZ

Ju+ín Iv+ín MendozaPURA SIMULACIÓN

CUANDO nos enteramos que el PAN propone como candidato a diputado por el distrito de Miahuatlán, al primo de su líder estatal y luego lo sustituye por el mismo primo JUÁN IVÁN MENDOZA con todo y que este tiene antecedentes penales, entendemos el tremendo descrédito de los partidos políticos.

EL ofrecimiento que hicieron todos los candidatos y autoridades electorales para proponer solamente “candidatos honestos, con la voluntad de hacer pública su declaración patrimonial y que, además no tengan antecedentes negativos”, resultó un vil engaño. La postulación del priista ANTONIO AMARO en el distrito de Tuxtepec, del panista JOEL ISIDRO INOCENTE por Teotitlán, y de muchos otros, muestran el tamaño de la engañifa.

AL llegar ayer a Tonameca, Pochutla, el gobernador GABINO CUÉ supo de viva voz el desprecio que sienten por el candidato del PAN. Le pidieron que en lugar de apoyar a JUAN IVÁN, deberían pedir su inhabilitación como candidato por sus antecedentes penales.

RECORDARON que cuando fue agente municipal de San Francisco Cozoaltepec, cometió los delitos de privación

ilegal de la libertad, abuso de autoridad y robo con violencia, según se asienta en los expedientes penales 269/2001 y 177/2003, con el número de proceso 158 por el Juzgado Mixto de Primera Instancia de San Pedro Pochutla, por los que fue detenido pero aún tiene otras ordenes aprehensión; dijeron que para eludir la justicia se cambia de nombre.

ACUSARON que el presidente estatal del PAN, fue grabado cuando ofreció a primo, regidor de Tonameca, hacerlo “más poderoso”. Lo hizo candidato pero luego lo quitó para ponerse en su lugar.

ESTA es una pequeña muestra de la gran simulación que han montado el INE y los partidos con sus candidatos en torno a estas elecciones. No alcanzan a entender que sus trampas se le revertirán. Hay una gran corriente ciudadana que, a través de las redes sociales, están promoviendo no votar por ninguno de los candidatos que no tengan la honestidad de declarar su bien patrimonial.

NEGAR el voto a los candidatos sospechosos (que por lo mismo no se atreven a publicar sus propiedades), empieza a permear. Esto significa un aliciente más para que el fenómeno del abstencionismo siga creciendo.

CRECE LA INQUIETUD

LA Coparmex en voz de su dirigente estatal Benjamín Hernández Gutiérrez, hizo ayer un llamado a los casi cien hombres y mujeres que contenderán por los once distritos federales electorales de Oaxaca, para que cumplan y den a conocer sus declaraciones patrimoniales y fiscales, así como posibles conflictos de intereses, tal como lo anunció el INE que lo harían. Es decir, les piden que cumplan con su palabra.

¿Qué confianza puede despertar un político que, aún no es diputado y ya incumple sus ofrecimientos?

EL líder empresarial reveló que su organización está en contacto con los partidos para pedirles un poco de seriedad y cumplan con tales declaraciones. Aunque en las redes sociales, hoy tan influyentes, hay una gran corriente a favor de esta exigencia, la Coparmex insiste en que los ciudadanos sean más insistentes en exigir para que los candidatos y el INE respeten compromisos políticos.

NO hay que dejar pasar la oportunidad “para abonar la confianza de los votantes que ya no quieren saber más de diputados involucrados siempre en casos de enriquecimiento inexplicable y dispendio de recursos públicos”.

PATÉTICA SUPEDITACIÓN

De ser cierto el anuncio de que el gobierno federal podría recortar hasta 750 millones de pesos del presupuesto anual de Oaxaca, la administración de GABINO CUE entraría en una crisis más seria por la falta de circulante. Sería el colapso de las finanzas del estado, problema que se complica a partir de las exigencias para el cumplimiento de los compromisos económicos que el gobierno “del cambio” hizo con los capos del cartel 22 para arribar al poder.

LA CRISIS financiera ha obligado al Ejecutivo enviar al congreso del estado petición para que le apruebe otro empréstito, ahora por dos mil 400 millones de pesos lo que convierte a Oaxaca, después de Chihuahua, en uno de los estados más endeudados. Lo grotesco es que tanto dinero no será para obras públicas, es para saciar las ambiciones del cartel 22 esa insaciable bestia que mantiene a Oaxaca en calidad de Rehén. “O me das más dinero o incendio Oaxaca”.

ES una triste realidad pero así es. Personas bien enteradas de las finanzas estatales confirman que la recesión económica que se resiente en Oaxaca, es consecuencia de la voracidad de la CNTE. Por ejemplo, en las recientes revisiones de la Auditoría Superior de la Federación, detectó evidencias que ponen a la autoridad, en este caso al director del IEEPO, Moisés Robles Cruz, como un simple mozo de estoques o administrador de los intereses de los capos de la sección 22 que son los que realmente disponen del presupuesto del IEEPO.

Los últimos escándalos que han trascendido sobre el “jineteo” y desvío de recursos públicos de Oaxaca, exhiben el tamaño del problema. Son prácticas especulativas a las que recurren los responsables de las finanzas para obtener rendimientos con los que pueda palear la ambición del cartel 22 que se ha vuelto un insaciable monstruo al que el gobierno “del cambio” tiene que cebar constantemente con el pago de sus movilizaciones, eventos, además del dinero para los líderes y jefes de las distintas tribus. Se ha vuelto un barril sin fondo y causa de la quiebra financiera del gobierno.

TESTIMONIO

ES tal la supeditación de MOISÉS ROBLES a los intereses de la mafia de la CNTE que, para conservar el hueso, vean a los que se atreve decir: “Pido a los diputados locales no tenerle miedo al Plan para la Transformación Educativa de Oaxaca (PTEO) y aprobarlo como ley educativa”.

LA humillación de este funcionario ante los capos del magisterio es patética. Quiere el PETEO que significa darle a la mafia CNTE una especie de Patente de Corso (era un documento entregado en la Edad Media por los monarcas de las naciones por el cual el propietario de un navío tenía permiso de la autoridad para atacar y robar barcos y poblaciones de naciones enemigas), para que acaben de montarse en el poder. Veamos sus argumentos:

“La ley PETEO coadyuvará a mejorar la educación en la entidad y rescatar gran parte de los valores fundamentales de la enseñanza comunitaria”.

Sin calcular el efecto de su verborrea, don Moisés develó lo que el mismo gobierno estatal trataba de ocultar: “el PTEO en la práctica se está aplicando en la mayoría de las escuelas de Oaxaca y lo único que haría falta es darle el carácter de ley”.

DESPILFARRO

SI México fuera un país donde se respetaran las leyes, los resultados de las auditorías de la ASF, tuvieran en este momento al actual director títere y anteriores titulares del IEEPO, con un pie en la cárcel. Pero que va, ni sufren ni se acongojan.

Tan solo en la revisión de cuentas del 2013-14, la Auditoría Superior encontró que el IEEPO realizó 9,806 pagos indebidos por 54 millones 715 mil pesos a 190 trabajadores comisionados a las diferentes secciones sindicales.

ESTO se llama, simple y llanamente, robo a la Hacienda Pública Federal y los responsables (el IEEPO) tendrían que responder por este monto, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro.

PERO no es solo esta cantidad. La misma ASF observó otros desvíos de dinero público entregado al IEEPO por 313 millones 145 mil 40 pesos. Tanto dinero corresponden al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) aportados por la Federación durante 2013. De los casi 35 mil millones de pesos que el gobierno federal transfiere a Oaxaca para fines educativos, el 2.3 por ciento de dichos recursos tuvo un destino que no corresponde a los fines y objetivos del FAEB, es decir fueron desviados para el sostenimiento de la política radical de la CNTE en Oaxaca.

SOLO como un botón de muestra de la corrupción imperante, el IEEPO -dice el reporte- no abrió una cuenta bancaria específica para la recepción, administración, control y aplicación de los recursos del fondo. En palabras llanas, quiere decir que puso a “sudar” el dinero y los rendimientos bancarios fueron para financiar «servicios personales», transporte y «gastos de operación» de los capos del cartel 22 y funcionarios del IEEPO.

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