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Escaparate político

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Felipe SÁNCHEZ JIMÉNEZ

 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Que la naciente Unidad Especializada para la atención de delitos contra la Libertad de Expresión, no sea un ente burocrático más. Ese fue el clamor de comunicadores de diferentes medios y organizaciones en el primer “conversatorio” entre periodistas, el Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos y el fiscal de la PGR para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo.

Esta charla se dio ayer, el mismo día en que se publicó en una edición extra del periódico oficial, el acuerdo mediante el cual se crea la citada Unidad Especializada. Dado que esta unidad judicial está adscrita a la Fiscalía de delitos de alto impacto, los comunicadores pidieron a los funcionarios poner fin a la impunidad de los que cometen delitos que inhiben la tarea para que los periodistas no sigan siendo víctimas de esos delitos de alto impacto.

Muchos reporteros, incluyendo al que esto escribe, externaron su interés por la naciente unidad especializada que muestra la voluntad política de este gobierno por retomar las investigaciones de 69 casos de agresiones a periodistas. El gobierno anterior ordenó, en evidente muestra de complicidad, archivar las denuncias. Lo hizo por su confabulación con los grupos de poder fáctico, como el cartel 22 y los sindicatos emergentes Libertad, CNP, “14 de junio”, entre otros, que tenían la orden de intimar a los reporteros gráficos que captaban sus abusos en las marchas y plantones.

El representante de la organización “Periodistas de Antequera”, cito como caso excepcional la agresión del reportero Fernando Palacios Cházares. Dijo que este asunto, por el alto grado de impunidad que impide la aplicación de justicia a pesar de que ya hay orden de aprehensión, exhibirá la ineficacia del Estado mexicano, porque el reclamo de la aplicación de la ley, se ha llevado a instancias internacionales. Es uno de los casos más aberrantes de esbirros del Estado que, obedeciendo órdenes, arremeten contra los comunicadores. Esto fue tema central ayer en la reunión con Pérez del Pozo y Rubén Vasconcelos.

 

SIMULADORES

El secretario de finanzas del gobierno del estado, Jorge Gallardo, acepta que Gabino y su banda de forajidos, dejaron quebradas financieramente las arcas del estado. Revela que solo el adeudo a proveedores alcanza la cifra de dos mil 400 millones de pesos. Exclusivamente del año 2016.

A esto se atribuye la aguda falta de circulante que resienten las microempresas oaxaqueñas estafadas por el gobierno “del cambio”.

Es lo que dice el Ejecutivo, lo raro es que en el poder legislativo las complicidades soterradas están impidiendo el juicio político contra el gobernante ladrón más codicioso en la historia de Oaxaca.

Es aquí donde brinca la duda. Ante la evidente supeditación -más impúdica que nunca- del Congreso al Ejecutivo, parece que hay línea para no tocar al cleptómano más contumaz: Gabino y su banda de saqueadores.

Diputados como el PANista Juan Iván y su adversaria Eufrosina, la priista María de las Nieves y el morenista Irineo Molina, han exhibido su decisión de no molestar al gran ladrón Gabino, ni con el pétalo del juicio político. Están haciendo maniobras para salvarlo del cuestionamiento político.

Sus compromisos económicos y políticos con el ex gobernador saqueador, exhibe a estos diputados como defensores oficiosos de esa secrecía negra, inviolable, entre la mafiosa clase política. No hay que olvidar que Gabino es creatura del Peje AMLO. Que lo placeó por muchos municipios del estado y lo presentó como “el salvador de Oaxaca”. Obvio, cuando Gabino fue gobernador pagó facturas multimillonarias al Peje. Así es la ruindad de los políticos, de todos los partidos.

 

MÁS PIFIAS

La designación de los nueve consejeros de la Comisión estatal de Arbitraje Médico, en el congreso local, exhibe una pifia más del poder legislativo. Fue tan grotesca la imposición que los 18 colegios médicos en el estado están inconformes. Lo consideran una burla. Por lo mismo presentaran controversia judicial para echar abajo esos nombramientos. Si esto procede en favor de los galenos inconformes, esta cámara ratificará su inadaptación.

La ley ordena que los consejeros sean nueve. Cuatro candidatos propuestos por el Ejecutivo del estado y cinco por el poder legislativo.

Como requisito indispensable, todos deben ser médicos con especialidades en padecimientos de mayor incidencia. Entre los médicos que eligió el Congreso, no todos tienen especialidad ni son certificados. En cambio, aparecen odontólogos sin posgrado y médicos generales. Para mayor sorna, los diputados eligieron a muchos que no cubren los requerimientos. Eligieron al médico general José Manuel Ugalde Iglesias como presidente de la nueva Comisión de Arbitraje Médico, en flagrante violación de la ley.

Los 18 colegios de médicos certificados que hay en Oaxaca, se sienten burlados por los legisladores que simularon un gran montaje de legalidad. Lanzaron la convocatoria, citaron a los candidatos para una especie de examen, les exigieron su respectiva certificación y al final no los tomaron en cuenta. Impusieron de acuerdo a sus intereses de grupo.

La misma ley ordena que los consejeros sean galenos certificados en especialidades relacionadas con padecimientos de mayor incidencia pero no dieron oportunidad a ginecólogos, traumatólogos, etc. Organizaciones de facultativos están inconformes por el favoritismo y amiguismo de los diputados a la hora de la elección.

La comisión de Salud Pública que encabezan los diputados Fernando Huerta Cerecedo, del PAN; Juan Vera, del PRI; Virginia Calvo López, del PRI; María de Jesús Melgar, del MORENA y Horacio Mendoza, del PRD, son neófitos en medicina pero no contratan asesores expertos. Parece que tampoco leyeron la ley. La sospecha de imposición negociada entre los partidos, se confirmó a la hora en que en el pleno solo ratificaron los nombres que ya habían escogido los de la citada comisión.

Otra suspicacia es que, entre los nombramientos de consejero más cuestionados, está el nombre del ex diputado panista Javier Castellanos. Es cirujano dentista no tiene certificación pero está ligado a los intereses partidistas del presidente de la comisión de salud de la cámara. El mismo presidente, José Manuel Ugalde, al salir del ISSSTE ligó la subdirección del hospital de especialidades que entonces dirigía otro panista de abolengo, el médico Carlos Arnaud quien entregó muy malas cuentas en ese nosocomio.

El nombramiento de otro consejero muy cuestionado es el del médico Manuel Sánchez por el procedimiento administrativo que dejó en el Hospital Civil. De igual manera entre en sospecha la designación del galeno Víctor Enrique Castillejos Escobar, actual director de Atención Médica en la SSO. Su posición de funcionario y consejero a la vez, genera conflicto de interés.

 

EL PEOR CONGRESO

Dos nuevos sucesos corroboran lo que aquí y en otros espacios mediáticos se ha dicho. Que los diputados de la LXIII legislatura del estado, pasarán a la historia como integrantes del peor congreso que haya padecido Oaxaca.

1.- Una especie de estocada final les dio el aún auditor superior, Carlos Altamirano Toledo, al tacharlos de “mafiosos, que se reparten el presupuesto de la cámara (más de 700 millones de pesos) en total opacidad, como auténtico botín…”. La puntilla fue fatal.

2.- En una especie de comportamiento mafioso, los capos que manejan la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), el morenista Irineo Molina Espinoza y la priista María de las Nieves García Fernández, no tardaron en ordenar el ajuste de cuentas. A estos diputados parecía disociarlos la ideología pero hoy los hace fraternos la corrupción. La pastora del rebaño tricolor, ya hizo la señal del pulgar hacia abajo. Dijo: “…se ha iniciado un proceso de revisión a la propia ASE, donde se ha detectado que el organismo no ha estado funcionado como debe ser…” ¿esto qué significa? que pronto habrá relevo del titular en esa cueva de Ali Babá, conocida como la ASE.

 

ABRUMADOS

Los sabuesos de los gobiernos federal y estatal han de estar más que abrumados por encontrar la cola y guarida de las ratas devastadoras del gabinato. Son innumerables las acciones de robo pero en los últimos dos meses, han sido más las declaraciones que acciones contra los saqueadores.

La Auditoría Superior de la Federación dio a conocer que encontró evidencias del enésimo fraude en la Secretaría de Salud de Oaxaca, donde cobraban 61 funcionarios y empleados sin trabajar. Estos “aviadores” se llevaron de manera ilícita 18.5 millones de pesos, solo el año pasado.

Cuando fue titular el rapaz Germán Tenorio Vasconcelos, permitió que cobraran sin trabajar en el hospital civil y el centro de salud de Jalapa de Díaz. Por cierto, algunos empleados me dicen que el cerebro de la trama de buena parte del saqueo de los recursos de la SSO, fue su reciente pareja. Lo raro es que la dama ha eludido audazmente toda relación -ni siquiera es mencionada- en las carpetas de investigación de estos hechos delictuosos.

 

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