EDITORIAL
El accidente fatal ocurrido en Tlahuelilpan, Estado de Hidalgo, con su estela de más de 90 muertos y decenas de heridos, es una dura lección que no debe quedar en la impunidad. A más de una semana de ocurrido se han dado versiones por demás encontradas y disímiles al respecto, desde aquellas que responsabilizan al gobierno como a quienes, a sabiendas del peligro se bañaron casi en gasolina para poder llenar sus recipientes y llevar combustible, incluso sin poseer vehículo automotor, acudieron al robo del mismo. Es evidente que no se trata de temas de pobreza sino de cultura. Dicha región hidalguense tiene cultivos prósperos, pues sus tierras se riegan con las aguas residuales que salen de la Ciudad y el Valle de México. Que no se culpe a la pobreza –dicen millones de mexicanos- para solapar un delito tipificado como tal por las leyes.
El tema del robo de ductos de Petróleos Mexicanos es viejo. Lo es también la complicidad de directivos de la paraestatal. Lo nuevo tal vez sea la extracción de combustible desde las mismas plataformas de la antes rentable empresa petrolera mexicana, hoy en una quiebra económica brutal. La cloaca se ha ido destapando, dejando al descubierto una intrincada red de complicidades entre el Sindicato Petrolero de la República Mexicana (STPRM), gerentes de refinerías y plantas, así como organizaciones políticas y sociales, grupos empresariales, organizaciones criminales, redes de lavado de dinero, etc. Incluso se habla de empresas navieras coludidas con el tráfico de combustible ilegal por el Golfo de México. Todo, absolutamente todo, ha tocado hoy en día el tema del huachicoleo.
La semana anterior el gobernador Alejandro Murat propuso endurecer penas para los huachicoleros, que en el estado hay y muchos. No es un secreto que políticos cercanos al poder tienen estaciones de servicio y, existe la sospecha de que han adquirido también combustible robado. Desde hace más de dos décadas se han encontrado en la región del Istmo de Tehuantepec, evidencias de apertura de ductos y un boyante negocio con combustible robado. En algunas poblaciones aledañas a la Carretera Transístmica es común este negocio ilícito, inclusive en comunidades como San Blas Atempa, Tehuantepec y otras. Se habla inclusive de ediles en funciones que podrían haber ganado la elección con dinero mal habido, producto del huachicol.
No hay duda que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene ya en la mira a algunas empresas dedicadas a la adquisición ilícita de ese nuevo flagelo que hoy amenaza al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues el negocio estaba tan bien armado que administraciones anteriores simplemente dejaron hacer y dejaron pasar, asumiéndose cómplices del saqueo a la riqueza de la Nación. No son pocos mexicanos que han expresado su indignación por la exigencia de los familiares muertos o heridos en Tlahuelilpan, ante el gobierno federal, de indemnizaciones. Esto sería –dicen- estar validando el robo de combustible y la ordeña de ductos de manera ilegal.
Muchas voces se han exigido, por el contrario, al Congreso de la Unión, igual que lo pidió hace unos días Murat Hinojosa, endurecer penas para castigar este robo vil. La lucha en contra de este flagelo debe darse en varios frentes, tratando de que la sociedad inerme sea la que ya no pague los platos rotos de los grupos criminales o delincuentes de cuello blanco que se han enriquecido con el robo a ductos.
