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Encubre LXIII Legislatura saqueo de gobierno aliancista

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A unas cuantas horas de concluir su gestión, los diputados salientes se convierten en los principales cómplices del saqueo a las arcas estatales perpetrado por el ex mandatario y sus operadores, al guardar silencio y evitar llevarlo a juicio político; los legisladores pretendieron hacer pasar un rasguño por una condena al desaprobar las cuentas públicas de los años 2014, 2015 y 2016, en las que la Auditoría Superior del Estado señaló que se dejaron sin solventar 157 millones de pesos, una cantidad pírrica si se considera que las denuncias contra el gobernador de la alternancia suman más de 30 mil millones de pesos malversados

 

Alonso PÉREZ AVENDAÑO

 

Simulación. Por una parte el Congreso del Estado denuncia el “saqueo” que cometió el ex gobernador Gabino Cué Monteagudo en 2014, 2015 y 2016 y rechaza aprobar las cuentas públicas correspondientes a esos años, en los que la Auditoría Superior del Estado detectó más de 157 millones de pesos cuyo uso no fue solventado; por otra parte, el proceso de juicio político contra el ex gobernador se mantiene en el limbo, sin dictamen y como una tarea que se heredará a la LIV Legislatura.

Los diputados de la LXIII Legislatura denuncian que Gabino Cué desvió recursos pero no están dispuestos a llevarlo a un juicio político. Cambiaron la sentencia del Gran Jurado que debió analizar el dictamen del juicio político por una breve sesión de señalamientos en el pleno. En el fondo, el vencedor en el Congreso, nuevamente, es el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, que al deshacerse del trámite de las cuentas públicas que dejó sin dictaminar la LXII Legislatura, que comandó Alejandro Avilés Álvarez, llega a la última sesión del Congreso con un dictamen referente a la cuenta pública 2017 planchado, sin objeciones. Así, el gobernador evitará que la revisión de los recursos utilizados durante el primer año de su gobierno la realice la próxima legislatura, dominada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

 

Las cuentas públicas

 

El 18 de septiembre, por unanimidad en el pleno los diputados votaron a favor de los cuatro dictámenes que desaprueban las cuentas públicas de Cué Monteagudo. En la sesión estuvo ausente la diputada María de Jesús Melgar, presidenta de la comisión Instructora, encargada de dictaminar el caso de juicio político.

Del informe de la cuenta pública estatal 2014, la Auditoría Superior del Estado (ASE) a cargo de Carlos Altamirano Toledo, revisó 6 mil 666.8 millones de pesos ejercidos por cinco dependencias del gobierno estatal, tras lo cual observó 104.2 millones de pesos sin solventar, por lo que presentó 62 acciones de financiamiento de responsabilidad administrativa resarcitoria y 79 promociones de responsabilidad. De estos recursos, los Servicios de Salud de Oaxaca aplicaron sin comprobar 89.4 millones de pesos en obra pública. Caminos y Aeropistas de Oaxaca dejó sin comprobar 10.5 millones de pesos y la Secretaría de las Infraestructuras 4.3.

Pese a estas observaciones sin solventar, la ASE determinó que el Gobierno del Estado “cumplió razonablemente en el ejercicio de los recursos públicos en relación a los programas ejecutados, ajustándose a los términos y montos aprobados y de igual manera, los ingresos y egresos se ajustaron a los conceptos y a las partidas correspondientes”.

Del informe de la cuenta pública del estado 2015 presentado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca se observa que la Secretaría de las Infraestructuras, en ese entonces a cargo de Sergio Ubaldo Pimentel Coello, dejó sin solventar 37.6 millones de pesos; Caminos y Aeropistas, 1.04 millones; los Servicios de Salud, 2 millones 969 mil pesos; la Comisión Estatal de la Vivienda, 578 mil 615.34 pesos y el Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca, 2,1 millones de pesos.

En total, el monto sin solventar que presenta la OSFE en su informe de la cuenta pública de 2015 es de 44 millones 438 mil pesos. Apenas un rasguño si se considera que Gabino Cué Monteagudo es señalado por malversación de fondos por hasta 30 mil millones de pesos.

De las auditorías se desprendieron 22 Procedimientos de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa Resarcitoria (FRAR) y 120 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS), no obstante, las auditorías de las dependencias estatales fueron calificados “con salvedad”, que indica que “los resultados evidencien deficiencias administrativas, de control interno, impliquen errores u omisiones en el registro contable y en la información financiera y/o cuantificación monetaria de las observaciones de importancia relativamente menor, en relación al tamaño de la muestra auditada.

Más ligero es aún el informe de la cuenta pública 2016, que revisó a cuatro dependencias del Ejecutivo estatal. En esta ocasión Sinfra dejó sin solventar únicamente 817 mil 316 pesos; la secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, 6 millones 671 mil pesos; la Comisión Estatal de Vivienda, tres millones 528 mil pesos. En total 10.9 millones de pesos. CAO, la Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevitra) y el Inpac salieron limpios, sin recursos que solventar del último año de gobierno.

 

Omisiones y retrasos

 

La revisión de estas tres cuentas públicas se da con un retraso de más de tres años. Los diputados argumentaron que la rapidez con que se estudiaron y se sometieron a votación los dictámenes se debió a la “responsabilidad legislativa”.

De esa responsabilidad escaparon sus antecesores, que son hoy diputados federales en funciones, como la panista Natividad Díaz Jiménez, que llegó al Congreso de la Unión por la vía plurinominal. Otro de los responsables de la omisión se prepara para ser nuevamente diputado local, Alejandro Avilés Álvarez, que como presidente de la Junta de Coordinación Política, comandó una de las legislaturas con mayor improductividad en el estado.

Previo a la sesión, el representante de la bancada de Acción Nacional, Juan Mendoza Reyes, señaló que aunque se desconocían los detalles de los informes presentados por la ASE, el voto sería en contra de aprobar las cuentas públicas.

“Tengo entendido que los dictámenes vienen en sentido negativo, justamente por las irregularidades que se detectaron y que no fueron solventados de acuerdo a la norma… hubo falta de solventación en algunos rubros, no conocemos en estos momentos los montos de la falta de solventación, pero de acuerdo al informe es que se acusan las irregularidades”, expresó.

De igual forma señaló la opacidad y complicidad en que incurrió la LXII Legislatura al rechazar el análisis de las cuentas públicas, “debieron ellos pronunciarse al respecto, no lo hicieron, nosotros lo vamos a hacer cumpliendo con la norma, muy probablemente, muy seguramente, en la próxima sesión estaremos pronunciándonos por el informe que corresponde al informe 2017, el primer año de este gobierno, lo que no queremos es patear el bote y dejarlo para la siguiente legislatura”.

Mendoza, integrante de la comisión Instructora del Congreso, encargada de analizar la solicitud de juicio político contra el ex gobernador Cué Monteagudo, señaló que a una semana de que concluya el segundo ejercicio de labores del último año de esta legislatura aún hay tiempo para que la votación se realice en el pleno.

“Como Acción Nacional conformamos un proyecto que buscó la alternancia, se dio esa alternancia, confiamos en una transición democrática que encabezó Gabino Cué, creímos en que pudieran darse los resultados que hasta hoy no se han obtenido, estamos obligados a pronunciarnos al respecto, hoy mismo en la junta (de Coordinación Política), toqué el tema, ojalá que todos los compañeros se decidan a dar ese paso, en todo momento seguiré insistiendo en que salga en la próxima sesión”, apuntó. Énfasis en el azaroso “ojalá”.

 

PRI, mayoría sin mayoría

 

La coordinadora de la fracción parlamentaria priista, María de las Nieves García Fernández, señaló que la decisión de rechazar las cuentas públicas presentadas por el anterior gobierno es una cuestión de congruencia.

-¿Han calculado las irregularidades que se encuentran en esos dictámenes? –se le preguntó.

-Específicamente te mentiría si te dijera cuál, lo que pasa es que si somos congruentes, la fracción parlamentaria del PRI, en este gobierno desde el principio hay funcionarios, ex funcionarios de varias dependencias que pues están en la cárcel, y el Órgano Superior de Fiscalización, su dictamen, está documentando las irregularidades, no podríamos estar en diferente camino más que ir en contra de estas cuentas.

-¿Sobre el juicio político?

-El juicio político, solo que nos lo pase la comisión, insisto, desde un principio yo les comenté que la comisión Instructora la hice más plural que cualquiera, porque por el peso del grupo parlamentario del PRI somos integrantes dos en cada comisión de cinco, sin embargo esa comisión por ser tan delicada y por ver estos aspectos tan delicados, lo que comenté en la Junta de Coordinación Política es que se hiciera mucho más plural, solamente tenemos un integrante de la fracción en esa comisión, esperaremos nosotros que salga.

-La diputada Mercedes Rojas (priista integrante de la comisión Instructora) no firmó el cierre de instrucción.

-Porque había algunas irregularidades como se las hicimos saber a la presidenta Marichuy, con todo respeto, eso de que vaya y ponga (un anuncio) en la supuesta casa del ex gobernador y no sea la casa del ex gobernador es una situación fuera… mientras no haya una situación sin filias ni fobias, sino que verdaderamente sea apegada a derecho, la firmaremos, de otra manera no.

-¿El PRI votará a favor?

-Claro.

 

Morena, el discurso, la intrascendencia

 

Ya en sesión, la crítica contra el ex gobernador continuó en la tribuna, sin números, sin explicar cuáles serían las consecuencias de que se votara en contra de la cuenta pública. Los diputados cambiaron el juicio político por una breve sesión de reclamos, de entre ellos el más extenso el del ex perredista, ex petista hoy morenista Jesús Romero López.

“No ha existido en la historia política de este estado un rechazo, una disposición del pleno, que determine el señalamiento político, técnico a los anteriores ejecutivos del estado, no ha existido en la historia política de Oaxaca la sanción moral, política, de los legisladores al ejercicio de los recursos públicos a quienes detentaron el poder”. No ha existido y sigue sin existir, pues a pesar del rechazo a las cuentas públicas, el máximo y principal recurso que tiene el Congreso del Estado para señalar la malversación de recursos y el fraude de la gestión de Gabino Cué Monteagudo, el juicio político, está a unos días de verse borrado en la LXIII Legislatura.

 

Colofón: Ya se veía venir

 

Pese a los avances que se dieron en el seguimiento al juicio político en la LXIII Legislatura, mucho antes de las últimas sesiones en el Congreso del Estado las expectativas de que se concluyera con una votación en el pleno eran bajas, asegura el integrante del Consejo Ciudadano Contra la Corrupción, Alejandro Cruz Pimentel, uno de los impulsores de la denuncia contra Cué Monteagudo.

Cruz Pimentel señala dos motivos para las bajas expectativas, primero, que el Partido Revolucionario Institucional, que está en el gobierno, aunque debería ser el principal interesado en que se denuncie y castigue la malversación de fondos públicos de la anterior administración, muestre oposición al proceso; segundo, que incluso en la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) parece haber intereses que impiden mayores avances.

“El presidente de la Mesa Directiva, Jesús Romero, no va a querer elevarlo al pleno, se va a quedar un dictamen sin firmas, a favor o en contra, pero no va a llegar. El PRI debió haber sido el primer interesado en esta iniciativa, en que se acelerará, sin embargo lo dejan en manos de Morena, que negocia al interior de las comisiones, el PRI pudo haber hecho más”, sentencia.

 

 

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