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En Oaxaca, 800 jubilados del IMSS no han podido recuperar fondos de su retiro

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Agencias

Como un sistema depredador que se enriquece a costa de los trabajadores, es como el enlace en México de la Unión Nacional de Comités IMSS, Juan Ángel Castillo Lafarja, define a las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).

Indicó que en suma son aproximadamente 45 mil trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de los cuales 800 corresponden a Oaxaca, conocidos como la generación de transición por cotizar antes del 1 de julio de 1997, quienes al jubilarse no han podido recuperar los 280 mil pesos que en promedio tienen en su subcuenta de cesantía y vejez por la aplicación de la jurisprudencia número 185/2008.

«Vamos a seguir luchando para que este dinero se nos devuelva de manera administrativa», explicó en entrevista, ya que han aconsejado a sus compañeros no demandar porque al no ser beneficiados con este procedimiento «vía laudo les retiran el dinero de la subcuenta y lo concentran en Hacienda».

Asimismo, Castillo Lafarja recalcó: «Las afores se están enriqueciendo con el dinero de los trabajadores a los que empobrecen, los primeros pensionados por Afore no van a recibir más del 30 por ciento de su salario», a la vez que recordó que este sistema se aplicó por primera vez en Chile tras el golpe al gobierno de Salvador Allende que permitió la entrada de Augusto Pinochet, quien por recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) aplicó un régimen pensionario nuevo.

En México el actual Sistema de Pensiones mediante Afores entró en vigor el 1 de julio de 1997 y en el 2019 ganaron 35 mil millones de pesos porque mensualmente el trabajador aporta el 10 por ciento de su sueldo y al jubilarse tras cumplir 24 años de cotizar ante el IMSS o cumplir los 65 años de edad, no les entregan más del 30 por ciento de su último salario.

Cabe recordar que en noviembre del año de 2018 los pensionados y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social denunciaron al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y esperan que haya una solución vía administrativa, legislativa o jurídica internacional, ya que del régimen de transición «hay cien  mil compañeros que no se han jubilado».

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