El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Raúl Bolaños Cacho Guzmán fue denunciado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por los delitos de usurpación y ejercicio indebido de funciones, debido a que su nombramiento transgredió normas establecidas para la designación de nuevos magistrados, y viola diversos preceptos constitucionales. El abogado Rafael García Zavaleta, quien presentó la querella, demanda la separación inmediata del funcionario y que se le finquen responsabilidades penales
David Méndez
Por los delitos de usurpación y ejercicio indebido de funciones, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJEO), Raúl Bolaños Cacho Guzmán, fue denunciado penalmente ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, acusado de ostentar el cargo de manera ilegal al carecer de un nombramiento oficial como magistrado.
Según la carpeta de investigación CI-548/(FEEMCO. SA)/2017, cuya copia obra en poder de este medio, Bolaños Cacho renunció en 2010 al nombramiento como integrante del TSJE que obtuvo en 1998 durante la administración del entonces gobernador, José Murat Casab, por lo que a partir de ese momento se convirtió en una figura inelegible para asumir la titularidad del Poder Judicial o integrar alguna de sus salas.
Ante tales hechos, de acuerdo con la querella interpuesta por el abogado Rafael García Zavaleta, es necesaria la separación inmediata del funcionario y fincarle responsabilidades penales por los cargos antes mencionados.
De acuerdo con el Código Penal del Estado de Oaxaca, la pena máxima para el delito de usurpación de funciones es de cuatro años en prisión y de dos años para el de ejercicio indebido de funciones.
En la querella, el denunciante pidió que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción solicite la renuncia del Presidente del Tribunal o, de lo contrario, que sea procesado estando en el cargo, al amparo de las nuevas disposiciones constitucionales aprobadas este año por el Congreso del Estado que eliminaron en la entidad la figura del fuero.
Raúl Bolaños Cacho Guzmán, sin embargo, aún tiene la posibilidad de defenderse de estas acusaciones y demostrar que asumió el cargo, por iniciativa del gobernador, Alejandro Murat, de manera legal.
Nombramiento, improcedente
La acusación, formulada en 19 páginas, afirma que constitucionalmente no existen posibilidades de que el ex diputado federal, local y secretario de Gobierno en 1990, pueda desempeñarse actualmente como presidente del Tribunal ni como magistrado.
Explica: “(Su retiro) se hizo efectivo a partir de enero de 2010, cuando renunció y se jubiló.
“A partir de ese momento, cesó en sus labores de magistrado. Como ocurre en todos los casos, sin excepción, los magistrados que se jubilan renuncian a su cargo y se retiran a sus actividades privadas; es decir, dejan de ser magistrados, son jubilados; ya no están en activo en la judicatura”, subraya.
Para acceder nuevamente a un cargo dentro del Tribunal Superior de Justicia, acusa Zavaleta, Raúl Bolaños tuvo que haberse sometido al procedimiento señalado por la Constitución del Estado, que puntualiza que el Gobernador debió haber emitido una convocatoria pública para la recepción de los currículos de todos los interesados en integrar al máximo organismo de impartición de justicia de la entidad.
Además de ello, el Consejo de la Judicatura tuvo que constatar que los aspirantes cumplieran los requisitos de ley, aplicar los exámenes de oposición para confirmar su idoneidad y, finalmente, integrar una lista con ocho finalistas.
Y no es todo, pues una vez concluida la fase anterior, el Gobernador tuvo que haber remitido al Congreso del Estado una terna de candidatos para que éste decidiera quién de ellos obtendría el nombramiento de magistrado.
De acuerdo con la argumentación de Zavaleta, únicamente existían dos posibilidades de que el titular del Poder Ejecutivo pudiera determinar directamente al nuevo magistrado: la primera, si el Poder Legislativo no hubiese atendido en un plazo máximo de 20 días naturales la carta con la terna enviada por el mandatario o si, por el contrario, el Congreso hubiera rechazado a todos los integrantes de la terna.
En este caso, el Gobernador de Oaxaca podría elegir al nuevo integrante del Tribunal de entre los ocho finalistas previamente avalados por el Consejo de la Judicatura.
No obstante, lejos de cumplir con el proceso, añadió, el pasado 12 de marzo, el gobierno del estado “impuso” a Bolaños Cacho al frente del Tribunal, a pesar de que nunca fue hecha pública la existencia de una vacante de magistrado “ni mucho menos que se hubiera observado el procedimiento dispuesto por el artículo 102 de la Constitución”.
Detectan otra irregularidad
A esto, se añade que el actual titular del Poder Judicial tampoco cubre otro precepto indispensable para poder ostentar el cargo: haber integrado durante los tres años previos a su designación cualquiera de las salas que conforman el TSJE, como lo indica el artículo 103 constitucional.
“El Consejo de la Judicatura será presidido por el Presidente del Tribunal Superior del Estado que elija el pleno y que durará en el ejercicio de sus funciones cuatro años, pudiendo ser reelecto por un año más. Para ser magistrado presidente se requiere un mínimo de tres años integrando sala…”, reza la ley, según la tesis de Zavaleta y una consulta a la Constitución hecha por Real Politik.
Con ello, apuntó, el nombramiento promovido por el Poder Ejecutivo “rompe el pacto federal y violenta lo dispuesto por el artículo 116, fracción, tres, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, en el sentido de que “la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las Constituciones y leyes orgánicas de los estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados”.
Delitos y penas
Así, agrega la carpeta de investigación, Raúl Bolaños Cacho violenta el artículo 205 del Código Penal del Estado de Oaxaca –“Delitos cometidos por servidores públicos”–, que refiere que se impondrá de dos meses a dos años de prisión y multa de quinientos a 5 mil pesos, a los funcionarios y empleados públicos, agentes del Gobierno o sus comisionados que acepten un cargo o empleo y tomen posesión de él sin reunir los requisitos que establezcan la ley (apartado uno) y al que ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión sin haber tomado posesión legítima del mismo o sin llenar todos los requisitos legales (apartado dos).
Asimismo, resalta la querella, el Presidente del Tribunal violenta el artículo 233 –Usurpación de funciones públicas o de profesión y uso indebido de condecoraciones y uniformes–, que establece una sanción de un mes a cuatro años de prisión y multa de seis a 35 días, a quien “sin ser funcionario público, se atribuya ese carácter y ejerza algunas de las funciones de tal (apartado uno)”.
“El imputado tomó posesión del cargo de magistrado sin el procedimiento establecido en la Constitución del Estado y aceptó ser Presidente del Tribunal sin contar con los requisitos que exige la misma Constitución, por lo que a nuestro juicio actualiza las hipótesis normativas previstas en el artículo 205 (apartados uno y dos)…
“(Raúl Bolaños) aceptó el cargo o empleo de magistrado sin tener el nombramiento correspondiente, pues ya había renunciado al que se le hizo en 1998 y se había jubilado; por lo tanto, ya no era magistrado, (además) de que aceptó ser Presidente del Tribunal sin haber integrado sala.
“…Al tomar posesión de ambos cargos, sin reunir los requisitos que establece la Constitución local o las leyes respectivas, cometió dos veces el mismo delito, actualizando con su conducta dolosa la norma penal y, por lo tanto, debe ser separado de inmediato de su cargo y es procedente, a nuestro parecer, que se le someta a proceso penal por los delitos en que incurrió”, indica la declaración del denunciante.
Y agrega: “La conducta desplegada por el hoy imputado también es constitutiva del delito previsto en el artículo 233, fracción uno… en virtud de que sin ser funcionario, se atribuye ese carácter y ejerce algunas de las funciones de tal”.
Exigen informes a Congreso,
Judicatura y gobierno estatal
Para fundamentar su versión y dar celeridad al juicio contra Bolaños Cacho, Rafael García Zavaleta demandó al Congreso del Estado la entrega de expedientes, dictámenes y actas de sesión que pormenoricen cuántos procedimientos de designación o nombramiento de magistrados ha realizado desde el primero de diciembre de 2016 hasta el mes de septiembre de este año.
Asimismo, un informe individual de todos los magistrados que conforman el Pleno del TSJE en el que aclaren si de diciembre de 2016 a la fecha, ha existido alguna designación de nuevos magistrados bajo los criterios que demanda la Constitución.
Además, solicitó que los magistrados entreguen informes en el que establezcan si, desde el año de su jubilación, en 2010, Bolaños Cacho integró sala con algunos de ellos y, en caso de ser positivo, integrar copias de tocas y sentencias que confirmen la intervención en los procedimientos del actual Presidente del Poder Judicial.
Al Consejo de la Judicatura requirió una copia certificada del acta de sesión donde se designó a Raúl Bolaños como Presidente; también demandó una copia del expediente del funcionario a la Dirección General de Pensiones del Gobierno del Estado, incluyendo su renuncia al cargo de magistrado y la fecha exacta de su jubilación.
Fueron exigidos también informes a la Secretaría de Administración y al Periódico Oficial del Estado para que refiera en qué fecha fue publicada la designación de nuevos magistrados en el Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Antecedentes
El pasado 13 de marzo, Raúl Bolaños Cacho fue designado como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca.
El ex diputado local del Partido Acción Nacional (PAN) en la 61 Legislatura del Congreso local, tomó protesta en sustitución de Alfredo Lagunas Rivera, quien solicitó licencia en el cargo.
Su trayectoria política comenzó en 1977, año en el que fungió como diputado federal en la 50 Legislatura, en 1986, se desempeñó como Secretario General de Gobierno y en 1990, como diputado federal por la 54 legislatura.
En 1995, fue delegado regional del INFONAVIT Oaxaca; de 1999 a 2004 ostentó la presidencia del TSJE y de 2010 a 2013, fue diputado local y posteriormente, se desempeñó como notario público.
Ante la denuncia presentada en su contra, este medio pidió la versión de Raúl Bolaños Cacho; sin embargo, el departamento de Comunicación Social del Poder Judicial, respondió que la designación de su Presidente era legal, según los estatutos de la Ley Orgánica.
Al consultar sobre la inconstitucionalidad del proceso por el que fue nombrado, el personal ofreció gestionar una entrevista con un especialista o “con el propio Presidente” a cambio de que Real Politik entregara copia de la carpeta de investigación que posee.
