Agustín Castilla**
@agus_castilla
Después de un complejo proceso de negociación por momentos un poco atropellado en el que se intentaron múltiples fórmulas para conciliar las distintas posturas de los grupos parlamentarios, y con algunos días de retraso, finalmente se aprobaron las leyes generales en materia electoral que se encuentran a la espera de ser promulgadas y publicadas por el Ejecutivo.
Con ello se da certidumbre a las elecciones que se llevarán a cabo en 2015, pues se conjuró la posibilidad de que se presentara un escenario muy poco conveniente en el que, de no haberse aprobado en tiempo la legislación secundaria, el proceso electoral federal y los comicios en 17 entidades se hubieran tenido que organizar aplicando el COFIPE y las leyes electorales locales que desde luego no son acordes a las nuevas disposiciones constitucionales.
Sin embargo, todavía falta un buen trecho para que concluya el proceso de adecuación legislativa y reglamentaria ya que por un lado los congresos locales deben reformar sus respectivas constituciones así como sus leyes electorales, mientras que el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales tienen que modificar su normatividad interna lo que implica un esfuerzo muy importante, ya que tan sólo en el INE estamos hablando de alrededor de 30 reglamentos y 11 lineamientos. Recordemos además que de acuerdo a lo que dispone el artículo 105 constitucional, el plazo para realizar todas estas modificaciones vence la primera semana de julio.
Ahora bien, y a reserva de que en los siguientes días podamos conocer la opinión de los especialistas respecto a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General en materia de Delitos Electorales, pues en este momento toda la atención se ha centrado en el muy cuestionado “haber de retiro” de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es importante ir identificando los principales temas del nuevo marco jurídico.
Entre estos podemos destacar la concentración de la fiscalización en la autoridad nacional, la creación de un sistema de contabilidad nacional, las reglas del prorrateo, o que los procedimientos especiales sancionatorios ya no sean resueltos en primera instancia por el INE trasladándose esta facultad al órgano jurisdiccional.
Pero los puntos que han generado mayor discusión, uno durante la negociación en el Senado y otro en el ámbito público son y particularmente de las redes sociales son: 1) la relación del INE con los organismos públicos locales (OPLES), la distribución de competencias y el ejercicio de la facultad de atracción y delegación pues no olvidemos que lo que dio origen a la reforma constitucional fue la desconfianza en los institutos electorales de las entidades debido al control de los gobernadores y 2) los elevados requisitos para obtener el registro como candidatos independientes ya que la incorporación de esta figura constituyó uno de los grandes logros de la reforma política del 2012 que ahora se ha diluido.
Desde luego es muy pronto para saber si este nuevo modelo electoral -que algunos hemos denominado como «híbrido»-, realmente se ajusta a la realidad del país y contribuye a resolver los vicios e insuficiencias que se denunciaron a lo largo de la pasada elección presidencial, o se trató de una mera reacción ante la derrota que va a demandar que en tres años se haga un replanteamiento.
Ya será en 2015 cuando tenga su prueba de fuego, pero lo que queda claro es que algunos de los principales argumentos para impulsar esta reforma simplemente fueron olvidados pues es un hecho que ni se logró simplificar la forma en que se organizan las elecciones en México, y mucho menos se va a abaratar el costo de las mismas.
