Una investigación hecha por el periodista Ignacio Rodríguez Reyna para Aristegui Noticias, revela cómo a través de la “Operación Hermes”, en junio de 2018, un mes antes de la elección presidencial en la que Morena la arrebató el poder al PRI, fueron desbloqueados casi mil 100 millones de pesos y 18 millones de dólares de 722 cuentas ligadas al Cártel de Sinaloa, al Cártel Jalisco Nueva Generación y a otros grupos del narcotráfico. Cuentas de personas y empresas sobre las que existía la presunción de lavado de dinero
Ignacio RODRÍGUEZ REYNA/
Investigaciones Especiales Aristegui Noticias
Primera parte
Menos de un mes antes de que la catástrofe electoral sacara nuevamente al PRI del poder, al menos 722 cuentas bancarias fueron descongeladas por instrucciones del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.
El 4 de junio de 2018, una orden electrónica desbloqueó casi mil 100 millones de pesos y 18 millones de dólares de las cuentas de personas y empresas ligadas al Cártel de Sinaloa, al Cártel Jalisco Nueva Generación y a otros grupos del narco.
El beneficio alcanzó también a empresas vinculadas a la Estafa Maestra, a cientos de compañías factureras; o a particulares y firmas empresariales ligadas al desvío de recursos públicos para financiar campañas electorales del PRI.
Cientos de empresas y personas físicas sobre las que existía la presunción fundada de participar en operaciones de lavado de dinero recuperaron el control de sus cuentas y de miles de millones de pesos.
Entre ellos, por ejemplo, el primer círculo familiar y de operadores de Joaquín El Chapo Guzmán, de Rafael Caro Quintero y de Juan José El Azul Esparragoza Moreno.
Esta es la historia.
A las 17:47 del 4 de junio de 2018, un hombre ingresó a Hermes, el sistema instalado en algunas de las computadoras de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), apretó unas teclas y envió el requerimiento 110/E/564/2018.
El propósito del oficio dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) era cumplir con la instrucción dada ese mismo día por Orlando Suárez López, el entonces titular de la UIF: eliminar de la Lista de Personas Bloqueadas a cientos de personas y compañías cuyas cuentas bancarias se encontraban congeladas por presentar comportamientos irregulares y sólidos indicios de que manejaban y blanqueaban recursos provenientes de actividades ilícitas.
El requerimiento constaba de apenas cuatro cuartillas, al cual seguía un anexo de 89 páginas, mediante el cual se cumplía el acuerdo que ordenaba ejecutar una de las decisiones más controvertidas del sexenio de Enrique Peña Nieto por lo que implica y porque fue hecha en las sombras: el desbloqueo masivo y la consecuente liberación de miles de millones de pesos depositados en 722 cuentas a nombre de personas físicas y sociedades mercantiles de todo tipo.
Es complicado identificar cada uno de los casos, brincar de registro en registro, ubicar un nombre, el papel que desempeñaron en operaciones de lavado de dinero, confirmar, revisar archivos de autoridades de Estados Unidos, etcétera.
Hay de todo en el listado: cientos de empresas que han sido identificadas por haber participado en el esquema de desvío de recursos públicos conocido como la “Estafa Maestra”, compañías que han lavado dinero para el Cártel de Juárez e incluso han participado en la venta de jugadores profesionales del futbol mexicano a Europa; o firmas utilizadas por gobernadores del PRI para canalizar recursos federales a las campañas electorales de su partido.
Capítulo aparte merece el desbloqueo de cientos de empresas factureras. La hoy ministra Margarita Ríos Farjat informó en junio de 2019 que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) había detectado que unas 8 mil empresas emitían facturas de manera irregular y habían evadido el pago de más de 350 mil millones de pesos en impuestos. Pues de esas compañías, de esas factureras, hay cientos de ejemplos en las empresas desbloqueadas.
Sin embargo, lo más llamativo del requerimiento es que, literalmente en un abrir y cerrar de ojos, abrió las cuentas y las bóvedas bancarias del país para que familiares cercanos, prestanombres y operadores financieros de los más poderosos líderes de cárteles del narcotráfico, junto con las empresas ligadas a ellos, recuperaran el dinero congelado al que no tenían acceso.
No había manera de que Orlando Suárez López, entonces titular de la UIF, no se percatara de lo que estaba solicitando. Los apellidos de los más destacados jefes de las organizaciones criminales mexicanas, cuya violenta disputa por el mercado de las drogas ha causado más de 200 mil muertos y 60 mil desapariciones en una década y media, aparecían en el listado, al que Aristegui Noticias tuvo acceso y pudo revisar detalladamente.
Así que, sin mayor preámbulo, benefició de entrada las finanzas de un puñado de los más notorios jefes del Cártel de Sinaloa y del narcotráfico en México: Joaquín Guzmán Loera, Juan José Esparragoza Moreno y Rafael Caro Quintero.
En unos cuantos segundos, los que tomó transmitir la orden vía electrónica, se descongelaron casi mil 100 millones de pesos y los 18 millones de dólares que se mantenían en diversas instituciones financieras del país.
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Juvenal Carbajal Díaz, secretario de Estudio y Cuenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, escucha cuidadosamente la instrucción.
–Le ruego nos dé cuenta con el resto de los asuntos listados bajo mi ponencia, en forma sucesiva –lo instruye Eduardo Medina Mora Icaza, quien ocupa en ese momento la Presidencia de la Segunda Sala.
–Por supuesto, señor ministro presidente –responde Carbajal Díaz en forma ceremoniosa y procede a leer de corrido los 18 asuntos que se procederán a votar en paquete, entre los que hay controversias constitucionales, solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción, recursos de reclamación, conflictos competenciales, contradicciones de tesis y amparos en revisión.
Una vez leídos en voz alta por el personal de la sala, Medina Mora retoma la voz y, dirigiéndose a sus colegas, pregunta: “Señora ministra, señores ministros, una vez identificados los asuntos y el sentido de las resoluciones, pregunto a ustedes de no tener alguna observación, ¿éstos se aprueban de manera económica?”.
La ministra y los ministros presentes –Margarita Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek y el propio Medina Mora– levantan la mano y aprueban por unanimidad y sin palabra mediante el paquete de temas cuyo ponente es Medina Mora.
Es el 22 de marzo de 2018, alrededor del mediodía, y la sesión continúa sin mayores sobresaltos. De entre los 18 temas que se han aprobado a granel se encuentra uno que en el futuro cercano adquirirá relevancia: el amparo en revisión 1231/2017, cuyo proyecto había elaborado el equipo de Medina Mora.
Por su paso como titular de la Procuraduría General de la República durante la primera mitad del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, el ministro Medina Mora contaba con una idea muy clara del alcance del amparo que proponía otorgar a la empresa Distribución de Capital Administrativo S.A. de C.V.
Las cuentas de Distribución de Capital Administrativo S.A. de C.V. habían sido bloqueadas por medio de un acuerdo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.
Firmado por Alberto Bazbaz Sacal, entonces titular de la UIF, el acuerdo ordenó incorporar a uno de los accionistas de dicha empresa a la lista de personas bloqueadas, “por lo que se ordenó que las entidades financieras procedieran a suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios citados, así como impedir la disposición de recursos que las cuentas contengan”.
La compañía afectada por el acuerdo emitido por Bazbaz solicitó un amparo, que en un principio le fue negado, por lo que reclamó una revisión. Medina Mora tomó el caso el último día de noviembre de 2017 y durante tres meses y medio se dedicó a estudiarlo para proponer a sus colegas de la Suprema Corte una resolución.
Le tomó más de medio centenar de hojas elaborar la propuesta que envió a la ministra y los otros tres ministros para que la leyeran y aprobaran en la sesión de ese 22 de marzo de 2018.
El proyecto de Medina Mora, luego de la usual argumentación jurídica, llegó a una conclusión sumaria: la Unidad de Inteligencia Financiera sólo tenía la facultad de congelar las cuentas de individuos y empresas cuando dicha medida tuviera como propósito cumplir una resolución de un organismo internacional o una obligación bilateral o multilateral asumida por el país.
Pero, y éste fue el punto clave del amparo, esa misma Unidad de Inteligencia Financiera no podía bloquear cuentas bancarias “cuando se realiza para cuestiones estrictamente nacionales” [en negritas en la sentencia original]. En ese caso, concluyó el estudio de Medina Mora, la medida no procedía porque era inconstitucional.
Es decir, si el Consejo de Seguridad de la ONU, el FBI, la DEA o algún juez de un país extranjero lo solicitan y, en razón de ello, la UIF bloquea las cuentas bancarias, el bloqueo es constitucional, pero si “se realiza por un motivo estrictamente nacional, para cuestiones estrictamente nacionales”, entonces no tiene validez y vulnera la Constitución mexicana.
La conclusión de Medina Mora, en síntesis, tal como se aprecia en la resolución que nadie discutió en la sesión correspondiente, es la siguiente:
“La atribución de la UIF para bloquear cuentas a los clientes y usuarios de servicios financieros únicamente puede emplearse como medida relativa al cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por nuestro país”.
Así que la última hoja del fallo dice con claridad: “Se debe conceder el amparo única y exclusivamente a la empresa quejosa”, por lo que deberá dejarse sin efectos el acuerdo emitido por el titular de la UIF.
Única y exclusivamente a la empresa quejosa, ya habría manera de darle la vuelta a esa disposición. La Segunda Sala de la Suprema Corte desempeñaría de nuevo un papel relevante en ello.
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“El gobierno de Estados Unidos va a enviarme a una prisión donde jamás van a escuchar mi nombre”, dijo Joaquín El Chapo Guzmán momentos antes de que le dictaran sentencia en la Corte de Brooklyn, Nueva York, en junio del año pasado. Es altamente probable que sus palabras se cumplan al pie de la letra y que la frase que pronunció sea una de las últimas cosas que sepamos de él.
Y aunque él se consuma hasta morir dentro de la llamada “Alcatraz de las Rocosas”, prisión de máxima seguridad ubicada en Colorado, el universo del narcotráfico no se detendrá, ni sus hijos Iván Archivaldo, Ovidio y Jesús Alfredo Guzmán dejarán de seguir las huellas de su padre.
Cuando el juez Brian Cogan leyó el fallo contra el narco sinaloense, aparte de condenarlo a prisión perpetua, lo sentenció a pagar 12 mil 600 millones de dólares en reparación de daños.
Esa cifra es una estimación del valor global de las toneladas de droga que contrabandeó a Estados Unidos, pero es improbable que posea una fortuna cercana siquiera a esa cantidad.
Que la organización del Cártel de Sinaloa tiene vastos recursos es un hecho. Aun así, es seguro que no le haya venido mal que le descongelaran una parte de los recursos que mantenía en cuentas bancarias de sus operadores financieros y las empresas que éstos presuntamente empleaban para lavar dinero.
El acuerdo firmado por Orlando Suárez López el 4 de junio de 2018 incluye al menos a las siguientes personas y empresas:
Juan Manuel Álvarez Inzunza
Procesadora Shrimp & Fish SA
Nueva Atunera Tritón SA
Operadora Eficaz Pegaso
Minerva Yadira Mendoza
Frida Cassab Dahab
Abud Nager Amike
José Mustri Tuachi
Jaime Antonio Mandujano Eudave
Humberto René Mandujano Eudave
Martha Karina Tirado Lizárraga
Luis Ignacio Muñoz Orozco
Armando Arturo Chávez Gamboa
Daisy Estrada Corrales
María Ferré SA de CV
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No pasó demasiado tiempo después del primer traspié legal que cercenaba las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera –el amparo impulsado por Medina Mora– para que llegara uno más. El sexenio agonizaba y las decisiones de la Suprema Corte tendrían efectos a corto plazo, como ya se ha visto, y a mediano plazo, cuando el nuevo régimen tendría que lidiar con las consecuencias.
Si en el primer caso el proyecto de resolución del amparo fue elaborado directamente por el ministro Medina Mora, en el quinto y definitivo también estuvo presente la huella del ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) durante el gobierno de Vicente Fox.
Aunque a la ministra Margarita Luna Ramos le tocó preparar el proyecto de amparo en revisión 124/2018 contra el bloqueo de cuentas ordenado por la UIF, la sentencia propuesta tres semanas antes por Medina Mora marcó la pauta.
Luego de algunas páginas de razonamientos jurídicos, la ministra echó mano de lo que ya había quedado acordado: “En sesión del 21 de febrero de 2018, esta Segunda Sala, al conocer del amparo en revisión 806/2017, bajo la ponencia del ministro Eduardo Medina Mora, resolvió por unanimidad de cinco votos que el contenido de este precepto tiene aplicación únicamente en tratándose de solicitudes derivadas de procedimientos internacionales y no así, para el ámbito de autoridades locales, que no pueden solicitar un bloqueo de cuentas bancarias con base en estas normas”.
En seis líneas descalificó la posición de la UIF, instancia que argumentaba que “la cuenta fue bloqueada porque estaban llevando a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro del sistema financiero nacional, ilícito previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal”.
Eso no valió. Y aún más. El amparo concedido ese día fue el que dio la puntilla. En sólo dos meses los ministros de la sala encabezada por Eduardo Medina Mora concedieron cinco amparos contra el bloqueo de cuentas bancarias ordenadas por la UIF.
Y con ello se estableció una jurisprudencia vigente a partir del 21 de mayo de ese año: todo juez que reciba una solicitud de amparo contra el congelamiento de las cuentas decretado por la UIF debe concederlo automáticamente. Eso sí: caso por caso y sólo para quien lo solicite.
Bastaron dos meses ‒del 21 de febrero al 18 de abril de 2018‒ para que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación presidida por Medina Mora desmontara, según han denunciado los actuales encargados de la UIF, una herramienta necesaria para combatir al crimen organizado.
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Nacido en Sinaloa, como sus socios y aliados El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada García, la figura de Juan José El Azul Esparragoza Moreno es parte de la historia del narcotráfico en México.
El Azul se formó al lado de Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca; con el paso de los años, se convirtió en uno de los líderes con más autoridad dentro de las estructuras criminales.
Decano de los traficantes mexicanos, se desconoce en realidad si aún vive. La versión nunca confirmada oficialmente de que habría muerto en junio de 2014 de un paro cardiaco es considerada por autoridades de Estados Unidos ‒que aún lo incluyen en su lista de “Los Más Buscados”‒ como una estrategia para restarle visibilidad y presiones de los aparatos policiacos de ambos lados de la frontera.
La organización de El Azul, a quien se le consideraba uno de los especialistas para blanquear los recursos procedentes del comercio de droga, también resultó beneficiada con la eliminación masiva de la Lista de Personas Bloqueadas.
En mayo de 2014, algunas de las personas más cercanas a él habían sido incorporadas por la UIF en la lista de personas bloqueadas ante la sospecha de que lavaban dinero procedente de las actividades de narcotráfico a través de empresas que operan fraccionamientos residenciales, inmobiliarias, parques industriales, plazas comerciales de lujo, criaderos de avestruces y cadenas de gasolineras, entre otras actividades.
El bloqueo no fue para siempre: duró cuatro años, hasta que el 4 de junio de 2018 Orlando Suárez López ordenó desbloquear las cuentas de las siguientes personas:
Brenda Guadalupe Esparragoza Gastélum (hija)
Nadia Patricia Esparragoza Gastélum (hija)
María Guadalupe Gastélum Payán (ex esposa)
Juvencio Ignacio González Parada (abogado y operador de varias de las empresas)
Janette Iliana González Linares (abogada)
Urbanizadora Nueva Italia (una de las firmas inmobiliarias)
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La firma del titular de la UIF es armónica. Comienza con una “S” amplia, estilizada; a su derecha aparece el trazo de una “L” mayúscula sobre cuyo brazo lateral alargado descansan unas letras muy pequeñitas que dicen “Orlando”.
Orlando Suárez López dejó impresa esa firma en la última página del acuerdo para eliminar de la Lista de Personas Bloqueadas a todas las personas incluidas en las hojas previas.
Cientos de nombres de personas y empresas, nacionales y extranjeras, danzan por el medio centenar de páginas que componen el catálogo de beneficiarios de la medida ordenada por Suárez López, quien no respondió a las varias peticiones de entrevista de Aristegui Noticias.
Metódico como buen economista graduado de la maestría del CIDE, Suárez López hizo bloques por año:
Año Cuentas desbloqueadas
2014 179
2015 181
2016 398
2017 226
Lo que tomó cuatro años en ser armado, él lo deshizo en un instante. Para respaldar la medida, expuso dos argumentos. El primero: que tenía conocimiento de que la PGR ya había asegurado esas cuentas como parte de sus investigaciones, por lo que mantener el bloqueo podría representar un obstáculo “para el seguimiento de las indagatorias del Ministerio Público” en contra de las “personas a las que se les congelaron las cuentas”.
El segundo alegato de Suárez López consistió en citar la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte en mayo de 2018, según la cual todo juez debe conceder amparo a quien lo solicite en contra del bloqueo financiero ordenado por la UIF.
Orlando Suárez asumió como suya la argumentación de la ministra y los ministros encabezados por Medina Mora e instruyó una eliminación masiva de cuentas sin que las personas bloqueadas lo hubiesen solicitado.
Dice el penúltimo párrafo del acuerdo elaborado por Suárez López: “Se instruye al Director General de Recursos Legales de esta Unidad de Inteligencia Financiera a efecto de poner a disposición de las entidades financieras, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el nombre de las personas eliminadas de la Lista de Personas Bloqueadas que se refiere este acuerdo”.
Lo anterior, ordena, a efecto de que “las entidades financieras reanuden inmediatamente la realización de los actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios de que se trate”.
Luego de eso viene la firma, esa en la que aparece el nombre de “Orlando” en letras muy pequeñitas.
Se encendió así la luz verde para que 722 personas sospechosas de haber lavado dinero recuperaran esos recursos.
De las cuentas liberadas se retiraron irremediablemente mil 086 millones 951 mil pesos, además de 17 millones 663 mil dólares, según la denuncia presentada ante la FGR por Santiago Nieto Castillo, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
