El general Salvador Cienfuegos ha aterrizado en México este miércoles por la noche después de que Estados Unidos retirara los cargos en su contra por narcotráfico y lavado de dinero. A su llegada, el secretario de Defensa durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido notificado de que el Ministerio Público conduce una investigación en su contra con la información que recibió del Departamento de Justicia de Estados Unidos, según ha informado la Fiscalía General de la República en un comunicado. Cienfuegos, que fue detenido el pasado el 15 de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles, ha sido sometido a un control médico que resultado “favorable” y ha quedado en libertad.
Tras aterrizar en Toluca (Estado de México) y ser informado de las pesquisas en su contra, el exsecretario de Defensa se ha dado por notificado y ha proporcionado su información personal y de contacto, donde podrá ser localizado y citado. De acuerdo con la Fiscalía, Ciefuegos ha expresado “su total disposición de atender los requerimientos de la investigación”.
Desde el 15 de octubre, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha hecho lo posible para lograr el traslado a México de Cienfuegos. Este martes, cuando se conoció que Washington retiraría los cargos contra el militar, el canciller, Marcelo Ebrard, defendió que el traslado del caso a México “no es un acto de impunidad”. “Si los hechos que se le imputan se cometieron en México, ¿por qué van a tener que ser juzgados en el extranjero?”, dijo en una rueda de prensa.
La oficina de la Fiscalía en el distrito este de Nueva York lo acusó de conspirar para traficar heroína, cocaína, marihuana y metanfetamina. El Departamento de Justicia había dicho en un escrito al juez que Cienfuegos no podía quedar en libertad condicional por el altísimo riesgo de fuga que representa, pero finalmente ha sido liberado y enviado a México por esas autoridades. La Fiscalía estadounidense ha justificado su decisión dicendo que “hay sensibles e importantes consideraciones de política exterior que pesan más que el interés del Gobierno en perseguir el juicio contra el acusado”.
Washington ha proporcionado a las autoridades mexicanas las pruebas que han reunido en el caso y se ha comprometido a cooperar en las pesquisas locales, según informó el Departamento de Justicia estadounidense en un comunicado conjunto con la Fiscalía mexicana este martes. En el escrito, las partes señalan que la FGR abrió “su propia investigación una vez que se tuvo noticia sobre la detención y los cargos imputados por autoridades estadounidenses al general”. De acuerdo con ese texto, las pruebas contra del exjefe del Ejército, que se había declarado inocente hace unos días, “son sólidas”.