ALFREDO RÍOS CAMARENA
La División de Poderes en la integración del Estado Moderno es una condición sine qua non del Sistema Democrático, ya que establece los equilibrios del poder, que alguna vez el barón de Montesquieu soñara al formular los principios que, junto con los demás enciclopedistas, permitieron el desarrollo de la Teoría de la Democracia Liberal.
En México esta independencia de poderes, que en realidad –como señala el maestro Ignacio Burgoa— es una cooperación e interdependencia, no ha funcionado siempre adecuadamente. En ciertos momentos de la etapa histórica de la reforma prevaleció el Poder Legislativo y, a partir de la Constitución de 1917, el Sistema Político Mexicano se ha formulado sobre las bases de Sistema Presidencial, inclusive convirtiéndose en Presidencialista, otorgando facultades meta-constitucionales al Ejecutivo como lo describe el constitucionalista Jorge Carpizo, es decir, la prevalencia en la conducción del Estado y de la concentración del poder en el presidente de la República.
Durante todo el régimen posrevolucionario, desde Calles hasta Zedillo, el presidente ha sido la figura que controla las instituciones, mientas el Poder Legislativo –de mayoría del Partido en el poder— simplemente ha sido una caja de resonancia; por su parte, el Judicial ha tenido independencia relativa, pues en los asuntos políticos o de interés del Ejecutivo Federal, se ha sometido a la voluntad de éste.
Al tener un componente diferente en la integración del Congreso de la Unión y al disminuir la hegemonía del Partido oficial, se da un mayor énfasis a la División de Poderes y, tanto el Poder Legislativo como el Judicial han actuado con mayor independencia y libertad.
Sin embargo, en los pasados comicios arrasó el partido Morena y en la conducción del Estado ha retornado al férreo control del Ejecutivo, quien ejerce –con la concentración plena de los Poderes— las facultades que corresponden al Legislativo y, pretende también, ejercer el control sobre el Judicial. Al efecto, ya se han designado dos Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a Juan Luis González Alcántara Carrancá y a Yasmín Esquivel Mossa, claramente de ideología morenista.
No conforme con esto, el coordinador de los Senadores de Morena, Ricardo Monreal, el pasado jueves 11 de abril planteó una iniciativa de reforma constitucional a los artículos 94, 95, 100, 105, 107, 113 y 109 de nuestra Carta Magna, para modificar al Poder Judicial, pues se pretende ampliar el número de Ministros integrantes del Pleno de once a dieciséis, así como la creación de una nueva Sala Especializada en Anticorrupción.
Desde luego, esa propuesta no encuadra correctamente en las competencias de la Corte, que básicamente tiene que ser de Control Constitucional y no de legalidad. Este organismo, para ser genuino con sus fines fundamentales, debe ser el órgano controlador y protector del Sistema Constitucional, y no referirse a funciones jurisdiccionales que competen al resto de cuerpo judicial. En otras palabras, crear una Corte en contra de la corrupción, es imponer un parche innecesario e inadecuado al Sistema de Justicia Mexicano.
Lo que en realidad sucede es que esta propuesta encierra un claro sentido político, para variar el equilibrio del Pleno y otorgarle al Presidente de la República el control absoluto del Poder Judicial y, con ello, la consecución de su proyecto de concentración total de las decisiones del Estado Mexicano.
La iniciativa del senador Monreal no debe aprobarse, sí queremos salvaguardar la independencia de la Corte que, hasta hoy, se ha manifestado con buen tino en el acertado manejo de la actual presidencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de la Rea.
Por el bien de México y de la estructura conceptual del Estado, debe desecharse la propuesta de la nueva Sala, para conservar un último bastión de equilibrio, pues cada día el Poder Presidencial se vuelve absoluto.
