Miles de menores huyen de la violencia, la pobreza y desesperanza de sus países, pero al llegar a Estados Unidos enfrentan un nuevo calvario, en el proceso de deportación viven condiciones escandalosas por las condiciones de hacinamiento y precariedad que existen en los centros de detención. La oleada humana ha puesto en jaque al gobierno de Barack Obama que no está preparado para hacer frente al problema
Agencias
Alejandro, un niño migrante hondureño, detenido en la frontera sur de Estados Unidos, confirma el drama que viven hoy miles de menores procedentes de Centroamérica y México que intentan llegar solos a la Unión Americana.
El caso de Alejandro de tan solo ocho años de edad es similar al de más de 50 mil niños interceptados desde octubre a la fecha en su tránsito hacia territorio estadounidense.
El pequeño, quien como único documento de identificación portaba una partida o acta de nacimiento, pasó tres semanas viajando hasta alcanzar la frontera por el estado de Texas, con el objetivo de encontrar a unos parientes en San Antonio o Maryland.
Otros tres menores centroamericanos que llegaron solos a Estados Unidos para huir de la violencia y la pobreza en sus países, pidieron la semana pasada al Congreso estadounidense mantener la legislación que les otorga el derecho de asilo.
En una audiencia convocada por el grupo parlamentario progresista de la Cámara de Representantes, los menores presentaron su testimonio de las condiciones que los orillaron a emigrar.
Saúl Martínez, de 13 años, originario de El Salvador, relató que llegó en abril pasado a Estados Unidos, luego de presenciar un asesinato afuera de su casa, a donde teme regresar por miedo a represalias de la pandilla Mara Salvatrucha que trató de reclutarlo.
“No quiero regresar a mi país, en los Estados Unidos me siento más seguro, y con mi mamá no tengo que tener miedo todo los días”, dijo el menor a una veintena de miembros del Caucus Progresista Demócrata.
El niño, quien permanece en custodia de su madre que vive en Nueva York con cuatro hijas, describió las condiciones en las que permaneció casi dos semanas en un centro de detención, al que fue enviado tras cruzar el Río Bravo y ser detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza.
Indicó que estuvo confinado en dos espacios, cada uno con unos 200 menores, en donde sólo había un baño sin puertas, y donde pasó hambre y frío.
Cientos de menores que cruzan la frontera sin documentos terminan deportados o en centros en la frontera.
Saúl Martínez relató que los niños con conductas no aprobadas por los oficiales eran castigados, esposados a la intemperie afuera de la bodega utilizada como albergue.
“Lo único que pido es que no nos deporten, porque allá en Centroamérica hay mucha delincuencia, matan a las personas y no quiero eso para todos los niños que emigramos”, dijo el joven, cuya petición de asilo podría definirse en los próximos tres meses.
La hondureña Mayeli Hernández, una niña menuda de 12 años, se quiebra al recordar lo que echaba de menos a su madre antes de poder reunirse con ella en Estados Unidos. Viajó con su hermana de 8 años hace un año y pidió a los congresistas que los niños «no sean devueltos porque sus madres han sufrido mucho para traerles aquí».
Las familias llegan a pagar entre cinco mil y siete mil dólares para que un «coyote» dirija el viaje de los menores durante el que pueden ser maltratados, explotados sexualmente o incluso perecer en el intento.
“Por favor, ayuden a proteger a los niños como yo o mi hermana, ellos no pueden regresar a sus países porque son muy peligrosos y muy pobres”, dijo en su comparecencia.
Hernández se consideró afortunada de haberse reunido con su madre en la ciudad de Nueva York, “pero también me siento triste por todos los niños que están cruzando la frontera y los regresan a su país o los deportan”, manifestó.
Asimismo, Dulce Medina, de 15 años, originaria de Guatemala, señaló que los niños que están en centros detención y albergues en la frontera no tienen culpa de la violencia que ocurre en sus países.
La joven, que vive con su madre, su padrastro y dos hermanas menores de 5 y 10 años, vino con 10 años junto con su hermana después de que un empleado que estaba ayudando a su tío en la construcción de una casa intentara abusar de ella y de su prima.
La adolescente estaba a cargo de sus tíos porque después de que muriera su padre, su madre se fue a Estados Unidos para poder mantener a las niñas, pero en vez de recibir ayuda de sus tíos las menores fueron golpeadas.
El cuartel de policía más cercano estaba a dos horas caminando de donde vivía pero “no creo que la policía me hubiera ayudado”, afirmó la menor, que contó a los congresistas que dos meses antes de marcharse vio como dispararon a una mujer enfrente de su casa.
Medina no quiere volver porque tiene miedo de ser atacada por ese hombre o por cualquier otra persona. También tiene miedo de las pandillas.
“No hay nadie que me proteja en Guatemala”, afirma en un perfecto inglés que fue alabado por la representante por el Distrito de Columbia Eleanor Holmes, que señaló que la capital federal ya acoge a 200 de estos menores.
La adolescente, que reside en Nueva York y ya goza de permiso de residencia legal (Green Card) pidió al Gobierno que permita quedarse a los niños que han llegado a territorio estadounidense «porque la violencia, las agresiones sexuales, el secuestro y los asesinatos, son las principales razones para irse».
“Yo sé que este es otro país, que no es el de nosotros, pero sería demasiado injusto en no darles oportunidad a venir, a tener un mejor futuro, algo que no podemos tener en los nuestros por la pobreza y por tanta delincuencia”, dijo luego de su comparecencia.
Sueños rotos
Una desmesurada ola de menores de edad ha cruzado la frontera este año con la idea de inicia una nueva vida en Estados Unidos.
Cifras de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) indican que unos 57 mil menores solos han sido detenidos por las autoridades de inmigración en la frontera con México tan solo hasta el 30 de junio del presente año. A esa cifra se suman unas 55 mil familias, muchas de ellas con menores, en el mismo periodo.
El gobierno federal no estaba preparado para enfrentar tal cantidad de personas. Las condiciones de detención de los miles niños y jóvenes han sido escandalosas por el hacinamiento y la precariedad en la que ellos se encuentran.
El fenómeno continúa: se dice que la cifra podría alcanzar los 70 mil y, de acuerdo a un informe de la televisora NBC, el gobierno federal estima que este año la cantidad de niños que serán detenidos en la frontera podría llegar a los 90 mil.
La mayoría de estos niños provienen de Centroamérica, en especial, según cifras de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, de Honduras, Guatemala y El Salvador, aunque los hay también de México y otras nacionalidades.
La violencia, la pobreza y la desesperanza que cunde en sus lugares de origen los ha impulsado a hacer el viaje, terrible e incierto, desde sus países, a través de México y hasta la frontera, en Texas, donde se ha realizado generalmente su cruce.
Un reportaje de Frances Robles en ‘The New York Times’ señala que en Honduras, por ejemplo, el asesinato de niños de entre 10 y 14 años se duplicó entre 2008 y 2012, mientras que en El Salvador el homicidio de menores de 17 años creció 77 por ciento entre 2011 y 2012.
A estas cifras hay que añadir los casos de lesiones, amenazas, coerción, intimidación y demás que sufren los menores en esos países a manos de las pandillas criminales que allí campean impunemente.
En este sentido, la incapacidad de los gobiernos de esos países centroamericanos de frenar al crimen organizado es otro factor que ha contribuido a que las familias decidan arriesgar a sus hijos en el largo viaje hasta Estados Unidos.
Pero los peligros del cruce no parecen menores: en Guatemala, Honduras y El Salvador, los niños migrantes se hallan a merced de las pandillas que los amenazan, reclutan, persiguen o asesinan.
En busca del «sueño americano»
Indocumentados y equipados con escasas pertenencias, se arriesgan a atravesar México para huir de la pobreza y la violencia en sus países (Honduras, El Salvador y Guatemala fundamentalmente). En el llamado Triángulo de la Muerte los índices de homicidios están entre los más altos del mundo.
En 2012, según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Honduras encabezaba la lista con 90,4 muertes por cada 100 mil habitantes, El Salvador registraba 41,2 y Guatemala 39,9.
Pero la travesía está llena de peligros: secuestros, extorsiones, maltratos, deportación, lesiones físicas y sicológicas e incluso la muerte.
La fotorreportera Michelle Frankfurter, con más de 20 años de experiencia en la región, ha documentado la odisea. El resultado es “Destino”, un conmovedor relato de las vivencias de estos viajeros que lo arriesgan todo por un futuro mejor.
No todos vienen de Centroamérica. Una cantidad sustancial, unos 12 mil 614 menores, han cruzado desde México en el 2014. Pero, generalmente, los niños indocumentados de origen mexicano son regresados a su país de origen al poco tiempo de ser detenidos en la zona fronteriza en Estados Unidos.
En cambio, con la aprobación de la ley de protección de víctimas de tráfico humano TVPRA de 2008, los menores centroamericanos son entregados por las autoridades migratorias al Departamento de Salud y Servicios Humanos, en tanto se dilucida su futuro en las cortes de Inmigración.
Y es justo en ese proceso donde el sistema legal se ha venido abajo con la crisis, pues el gobierno federal no cuenta con instalaciones ni empleados suficientes para albergar adecuadamente a esos menores, y tampoco cuenta con el aparato legal necesario para que sus casos puedan ser analizados y decididos en una corte de Inmigración.
Un sistema roto
Sea como sea, una vez que llegan a Estados Unidos y son detenidos, los niños entran a un nuevo calvario, en parte por las características mismas del sistema de inmigración actual porque las autoridades federales no estaban preparadas para afrontar una ola humana de tal magnitud.
El resultado es el hacinamiento en el que se mantiene a muchos de esos inmigrantes, pues los centros de detención o albergue primarios, e incluso otros como la base Lackland, en San Antonio, están a tope ante la oleada de menores.
Y la Oficina para la Reubicación de Refugiados (ORR) del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que a partir de la ley de 2008 tiene como responsabilidad proteger a esos menores, reunirlos con sus familiares en Estados Unidos o colocarlos en albergues u hogares temporales en tanto se define su futuro en una corte de Inmigración, tampoco se da abasto.
Según datos de NBC, la Oficina para la reubicación de Refugiados procesaba un promedio de 7 mil y 8 mil casos entre 2005 y 2011. Este año ya tiene más de 50 mil y el número sigue creciendo.
Por ende, la administración federal no solo sufre para mantener a los niños detenidos en la frontera, sino también para cumplir con su obligación de protegerlos en tanto se definen sus casos de inmigración, lo que hace que muchos menores permanezcan detenidos en condiciones inhumanas por mucho más tiempo.
Por añadidura, si bien la ley concede a esos menores el derecho a que su caso sea revisado en una corte de Inmigración, estas instancias se encuentran sobresaturadas.
Según datos obtenidos por la Universidad de Syracuse, existen 360 mil casos de inmigración pendientes de ser revisados en las cortes, y las condiciones actuales del sistema no permiten que ese retraso sea remediado en el corto plazo. Muchos de los menores deberán esperar meses, o más, antes de que su caso sea solucionado.
Presupuesto de emergencia
El presidente Barack Obama pidió al Congreso 3 mil 700 millones de dólares para atender la crisis por la llegada masiva de niños indocumentados a la frontera.
Una considerable proporción de esos recursos, mil 800 millones de dólares, será para ampliar la capacidad de la Oficina para la Reubicación de Refugiados de atender a los menores; mil 100 millones serán para incrementar las capacidades de detención y transporte de inmigrantes detenidos, otros 433 millones para costos adicionales de CBP, y unos 64 millones para contratar más jueces y abogados de inmigración y ampliar las capacidades de las cortes en la materia y de la asistencia legal a los menores.
Finalmente, 300 millones irían a asistencia para repatriar y reintegrar a los menores a sus países de origen y ayudar a sus gobiernos.
Además, según fuentes diversas retomadas en los medios, el presidente Obama estaría pidiendo al Congreso autoridad adicional para deportar de modo más expedito a los menores, lo que implicaría en la práctica eludir la ley del 2008 y no conceder a los niños ser atendidos por la ORR ni recibir una audiencia oportuna para presentar sus casos.
El proceso
Según organizaciones civiles y humanitarias, muchos de los niños indocumentados detenidos provenientes de Centroamérica califican para algún tipo de alivio humanitario, ya sea bajo el estatus de asilo o visas especiales para víctimas de la violencia o del tráfico humano.
Pero el vocero de la Casa Blanca dijo hace una semana que la “mayoría” de esos niños no calificarán para alivio humanitario y serán devueltos a sus países.
Organizaciones como Kids in Need of Defense (KIND), que aporta abogados voluntarios para defender legalmente a los menores, han criticado frontalmente al gobierno porque destinará gran parte de los 3 mil 700 millones de dólares solicitados para agilizar la deportación de los menores. KIND ha criticado que sin un abogado que defienda personalmente a cada menor, sus procesos en cortes de inmigración serán una farsa y señaló que la agencia de refugiados de la ONU y muchas otras organizaciones han indicado que devolver a esos niños a sus países de origen es regresarlos a la violencia y al crimen del que huyeron.
Las críticas han cundido y la administración Obama, al parecer, decidió dar marcha atrás, o mitigar al menos, su posición de obtener mayores facultades para agilizar las deportaciones de menores, por lo que en la práctica el sistema vigente, con todos sus retrasos y complejidades, continuará en vigor, si bien con el potencial añadido de personal y recursos solicitados por Obama.
En cierto sentido, esta circunstancia beneficia tangencialmente a los menores centroamericanos, pues al no poder ser deportados expeditamente, lograrán en cierto modo permanecer en el país durante un tiempo. Además, la masiva cantidad de casos pendientes puede hacer suponer que ese periodo no será breve, por lo que, en las condiciones actuales, esa espera podría no darse en las mejores condiciones, sobre todo en los que permanecen en albergues saturados o en condiciones inadecuadas.
Y, como lo señala KIND, si esos menores no cuentan con defensa legal apropiada, la resolución de sus casos, al final, podría no serles favorable. Así, actualmente todo es una suerte de limbo ante la inoperancia del sistema actual y la presente incapacidad de ofrecer nuevas soluciones humanas y justas.
Una luz al final del túnel
La solución, así, debe ser una mezcla entre soluciones de corto plazo, como las propuestas de la Casa Blanca, y otras de largo aliento, entre ellas una reforma de inmigración integral y la colaboración con y de parte de los gobiernos de los países de origen. Una mezcla complicada y difícil de conseguir en el actual contexto.
La Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO), que engloba a legisladores y funcionarios de gobierno de origen hispano, ha pedido soluciones de corto y largo plazo que sean compatibles con los valores históricos de Estados Unidos, una nación formada por inmigrantes.
En todo caso, algunos legisladores de ambas cámaras del Congreso, por su parte, han tomado acción en la materia. El senador John Cornyn (republicano, Texas) y el representante Henry Cuéllar (demócrata, Texas) han suscrito la iniciativa de ley llamada ‘Humane Act’ (HelpingUnaccompaniedMinors and AlleviatingNationalEmergencyAct) que pretende reformar la ley de 2008 (que da facultades a la Oficina para la Reubicación de Refugiados).
La propuesta tiene una doble arista, pues aunque ofrece que todo menor que considere tiene razones para quedarse en Estados Unidos deberá ser escuchado ante una corte de inmigración en un plazo no mayor a 7 días después de haber sido atendido inicialmente por la oficina de refugiados, a lo que el juez deberá dar una respuesta dentro de 72 horas, al mismo tiempo indica que quienes no resulten favorecidos serán repatriados a sus países de origen.
Quienes resulten favorecidos podrán permanecer con sus custodios en Estados Unidos –generalmente sus familiares- hasta que su caso sea finalmente resuelto en una corte de Inmigración. La propuesta pide también recursos adicionales para contar con 40 nuevos jueces de inmigración y pide se hagan todos los esfuerzos para que los jóvenes cuenten con abogados voluntarios para que los asistan.
Un futuro incierto
Si bien esta ley tiene apoyo bipartidista de dos influyentes legisladores texanos, muchos la criticarán por insuficiente o desmedida, según el extremo político desde el que se la analice. No ofrece un alivio migratorio inmediato como desean los grupos proinmigrantes, y tampoco ordena la deportación directa como querrían los más conservadores y la ultraderecha. Es posible que otras alternativas legales surjan en los próximos días o semanas, pero todo continúa, hasta el momento, en el limbo.
Pero en tanto no se acepte claramente que el contexto de violencia e impunidad del que huyen los menores es motivo claro para ofrecer alivio humanitario y concederles estancia legal en el país, la amenaza de la deportación seguirá pendiendo sobre ellos.
A la fecha, la administración de Obama no ha deportado masivamente a menores. En realidad, ha deportado cada vez menos si se comparan los 8 mil 143 menores deportados en el 2008 (el año en que entró en vigor la ley vigente en la materia) y los mil 669 en el 2013. Esto es así en gran medida por los efectos de la ley del 2008, y presumiblemente también por los considerables retrasos de las cortes de inmigración, que tienen miles de casos pendientes.
Así, esa idea de que el gobierno de Obama no deporta niños fue uno de los “rumores” relacionados a la actual oleada masiva. Pero esta idea no debe dejar atrás las razones estructurales: la violencia y la pobreza en Centroamérica arrecian y el actual sistema de inmigración de Estados Unidos no está en capacidad de atender ese y el resto del fenómeno de los indocumentados de modo humano, justo y con premura.
¿Cuál es el futuro de los miles de niños que han cruzado y cruzarán a Estados Unidos desde Centroamérica? Por lo pronto la respuesta es una incertidumbre profunda en lo jurídico, y un considerable malestar físico y moral en los centros de detención, albergues y otros espacios en tanto se define su caso. Muchos, ciertamente, serán deportados y quizá reemprendan de nuevo el peligroso viaje de vuelta a Estados Unidos. Otros, sin que haya manera de saber cuántos, lograrán quedarse en el país de modo provisional o permanente.
Pero para miles de chicos y sus familias, esa incertidumbre es el mal menor si se compara con la inseguridad, el crimen, la pobreza, la violencia, la impunidad y la muerte que enfrentan en sus países de origen. La oleada aún no ha terminado.
