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El desastre de la reconstrucción

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El 56.2 por ciento de las viviendas que fueron destruidas completamente por los sismos de septiembre del año pasado no han iniciado su reconstrucción o tienen un avance del 25% o menor; los damnificados fueron víctimas de un plan de reconstrucción mal planteado y de la voracidad de empresarios y comerciantes, que más que atender una situación de emergencia vieron la oportunidad perfecta para aplicar la ley de la oferta y la demanda ante autoridades pasivas y desconcertadas

 

Alonso PÉREZ AVENDAÑO

 

ISTMO DE TEHUANTEPEC.- La reconstrucción en esta región del estado es un desastre que las autoridades parecen decididas a no afrontar. A casi un año del peor sismo que haya sufrido Oaxaca en el último siglo, la principal estrategia de atención presentada por los gobiernos federal y estatal comienza a mostrar los primeros signos del fracaso que se advirtió desde que se puso en marcha. Hoy en el estado, el que más daños registró, el 56.2% de las casas destruidas se encuentran aún con una reconstrucción cero o con avances mínimos, que tienen aún a miles de pobladores viviendo a la intemperie o en espacios mínimos.

Los recursos entregados a los damnificados para que rehicieran su casa han quedado no solo rebasados por su precariedad, sino que también fueron devorados por la ambición y el descuido. Fueron 120 mil pesos para quienes perdieron por completo su patrimonio y 30 mil pesos para quienes lo perdieron parcialmente, dinero que reflejado en las condiciones de vida que hoy persisten en el Istmo de Tehuantepec muestran su insuficiencia.

En el estado, de las 26 mil 949 viviendas con daño total registradas tras el sismo del 7 de septiembre, el 56.21% presentan un avance menor al 25%, distribuido así: 3 mil 242 ya llegaron al 25%; 5 mil 073 viviendas se encuentran por debajo del 25%; seis mil 834 presentan un avance cero, el 25.35% del total. Solo 753 viviendas están concluidas; 4 mil 457 tienen un avance de 75%; 4 mil 908, de 50%.

Por municipio se pueden encontrar casos más graves. En Juchitán, el municipio con mayor número de viviendas afectadas, alrededor de 15 mil, el grado de avance cero alcanza hasta el 30% de las viviendas. En Unión Hidalgo, donde hasta el 50% de las casas sufrió daños, 656, el 34.85%, registran avance cero; 236 están al 25%.

Incluso quienes han llegado a la región para apoyar los trabajos de reconstrucción dan cuenta del lento avance que se ha dado en las obras. Alfonso Serrano, director general de Construyendo, asociación apoyada por empresas como Bimbo y Axxa, que ha generado proyectos de coinversión con pobladores afectados señala que la reconstrucción “ha sido un proceso mucho más lento de lo que todo el mundo quería, la dimensión de los daños que se dieron en el Istmo, en particular en algunas comunidades hace que el proceso de reconstrucción sea mucho más lento, es un proceso que a la comunidad le va a costar varios años poderse restablecer”, asegura.

En este lento proceso ha observado desde irregularidades directamente causadas por el gobierno, como temas en los que las autoridades mostraron su ineficacia. “Yo he estado en el Istmo 11 meses y me ha tocado ver muchas familias que no recibieron apoyo del gobierno, desde familias que sí recibieron el apoyo pero vino alguien y se aprovechó de ellos, familias que empezaron a construir y por el sobreprecio de los materiales, de la mano de obra, no les alcanzó el dinero para terminar su casa”.

El alza en precios de materiales –una tonelada de cemento pasó de 2 mil 300 pesos a 3 mil 300 de diciembre de 2017 a agosto de este año- fue uno de los principales obstáculos que impidió un avance mayor en la reconstrucción y que sin embargo causó poco interés en los gobiernos federal y estatal, que se lo dejaron “a la Profeco”.

-¿Qué tanto afectó el sobrecosto de materiales a la reconstrucción? –se le preguntó al gobernador Alejandro Murat el pasado 15 de agosto en una visita a Unión Hidalgo. La respuesta:

-Eso habría que preguntárselo a Profeco.

 

Replantear la reconstrucción

 

Andrés Manuel López Obrador ha criticado el abandono en que las autoridades federales, estatales y municipales dejaron a los damnificados por los sismos, que causaron “una estela de muerte y destrucción en Chiapas, Oaxaca, Morelos, Estado de México, Tabasco, Guerrero, la Ciudad de México y, en menor medida, Michoacán, Hidalgo y Tlaxcala”.

“La reconstrucción en estas entidades ha sido lenta y con poca planeación, nos va a tocar a nosotros llevar a cabo el programa de reconstrucción tomando en cuenta lo que se ha hecho”, expresó el tabasqueño el pasado 23 de julio, cuando junto al próximo secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, presentó los siete proyectos productivos prioritarios para su gobierno.

El próximo presidente de México ha asumido el reto apoyar más eficientemente a las familias, no a través de créditos, sino con recursos públicos.

-¿Usted ya conoce el proyecto para replantear la reconstrucción? – se le preguntó a Murat.

-No, no lo conozco pero nosotros estamos abiertos a que participe y si quiere traernos recursos, bienvenido, nosotros en Oaxaca lo vamos a ver y vamos a sumar, con muy buenos ojos.

-¿Los afectados requieren más recursos directamente?

-Claro, si el gobierno federal nos puede dar más recursos y el nuevo presidente electo, es más, desde aquí lo invitamos a que incremente el presupuesto, siempre va a haber necesidad de recursos para el estado de Oaxaca y nosotros estamos listos para sumar con él.

Para Serrano, la propuesta del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de generar un nuevo esquema de reconstrucción que incluye otorgar más recursos a las familias damnificadas, es necesario, siempre que vaya acompañado de una mejor planeación.

“Yo creo que sí tiene que haber más apoyo del gobierno, incluso de la iniciativa privada, tenemos que seguir apoyando, pero lo tenemos que hacer de manera más inteligente, porque los resultados aunque fue un avance rápido, fue un avance cuantitativo, no cualitativo”, expresó.

 

Del nuevo proyecto 

 

Entre los proyectos prioritarios del próximo gobierno, para los que se requerirán 500 mil millones de pesos, además de la construcción del tren maya, la conexión de todo el país con red de internet, la generación de 50 mil empleos por la construcción de caminos rurales en Oaxaca y la priorización de la Zona Económica Especial de Salina Cruz, se encuentra la reconstrucción de zonas devastadas.

En el Proyecto de Nación 2018-2024, el documento que traza las políticas de gobierno que desarrollará el tabasqueño en su sexenio, hay un diagnóstico claro del grado de destrucción: cerca de 500 muertos, más de ocho mil heridos y unos 12 millones de personas afectadas en más de 400 municipios del país, de las cuales 250 mil se quedaron sin casa, según datos presentados por el gobierno federal.

Hay además 180 mil 731 viviendas con daños en ocho estados, 28 por ciento de ellas con daño total, miles de escuelas derrumbadas o con afectaciones irreparables, así como pérdida total o parcial de numerosas construcciones históricas, edificios públicos y locales privados.

“En Oaxaca, la entidad más afectada, son 63 mil 336 viviendas afectadas, de las cuales 21 mil 823 sufrieron daño total (34%). Más de cinco mil escuelas resultaron destruidas o dañadas, al igual que más de 400 templos religiosos históricos”.

Ante la emergencia, se lee en el documento, “la gente rebasó a gobiernos y a instituciones”.

De acuerdo con la propuesta de López Obrador, que fue presentada por la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados federal, el costo de la reconstrucción sería de 302 mil millones de pesos que saldrían “de un plan de austeridad y de una redistribución del gasto, “sin embargo, el gobierno de Peña Nieto y sus partidos aliados no aceptaron la iniciativa y destinaron más del doble de dinero a pagar la deuda del rescate de los bancos, 38 mil millones de pesos, que al apoyo a los damnificados, 18 mil millones de pesos”.

Ante este escenario, el plan del próximo gobierno incluye reconstruir las viviendas dañadas; la infraestructura carretera y de transporte; el patrimonio histórico y cultural; la infraestructura educativa y de salud con un presupuesto de 45 mil millones de pesos de ayuda directa a la población damnificada, entre otras medidas, para reactivar la economía.

Para reactivar la reconstrucción, el plan del presidente electo propone, en la primera etapa, incluir a las asambleas comunitarias en las decisiones; en la segunda, construir “albergues familiares emergentes con bambú, material adecuado para construcciones rápidas”; en la tercera, “construcción de viviendas definitivas aplicando sistemas constructivos antisísmicos y aprovechando la mano de obra y los materiales de construcción existentes en la comunidad”.

“Estamos contemplando que sea inversión pública principalmente, se le va a dar atención especial a la gente más necesitada, pero en todos los casos estamos pensando en ayudar con inversión pública, no estamos pensando que sea otorgamiento de crédito”, aseguró López Obrador al preguntársele por la forma en la que se aplicarían los recursos.

 

Colofón, la reforma educativa falló en el sismo

 

A pesar de que el gobierno de Enrique Peña Nieto se encargó de promover la reforma educativa como uno de los principales logros de su gobierno, tras los sismos de septiembre se hizo evidente que la atención a los planteles educativos siguió una ruta igualmente caótica en la que más del 90% de las escuelas afectadas tuvieron que esperar más de seis meses para ver que la reconstrucción fuera una obra constante.

Los datos conjuntos del gobierno federal y de organizaciones de la sociedad civil exhiben que 20 mil 202 escuelas fueron dañadas en 10 entidades y hasta ahora, 2 mil 916 (14.4%) carecen de reporte de atención, incluidos 12 planteles con daño grave.

Pablo Clarck, investigador del Instituto Mexicano de la Competitividad, ha señalado que uno de los principales obstáculos para la reconstrucción educativa fue la falta de información, “que introdujo incertidumbre y lentitud al proceso de atención a las escuelas afectadas”.

Asimismo apunta que la reforma educativa creó un sistema que habría sido muy útil en un escenario como el presentado en septiembre pasado, el Sistema de Información y Gestión Educativa (Siged), una especie de plataforma de datos y comunicación entre las escuelas, autoridades educativas de distintos niveles y padres de familia.

“Por los objetivos que se proponía tener, el Siged hubiera sido una gran herramienta para agilizar los procesos de generación, validación y transparencia de la información necesaria para formular las estrategias de atención a los planteles afectados.

Lamentablemente, este sistema nunca ha estado cerca de lograr sus cometidos, y los procesos de información en el sector educativo aún se realizan de manera manual, dispersa y sin acceso público en la mayoría de los casos.

 

 

 

 

 

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