Los campesinos no necesitan más dádivas ni paternalismo, sino un Estado que impulse la productividad más allá del dispendió de recursos públicos, afirma el especialista en Derecho Agrario, Antonio García López; advierte que las políticas públicas de la Cuarta Transformación fracasarán si se basan en el asistencialismo. En entrevista con Real Politik dice que después de la reforma salinista de 1992 no llegó la inversión al ejido y éste sigue jodido, asegura que el campesino tiene tierras, pero no tiene con qué trabajarlas y crítica la lentitud con que se atienden los conflictos agrarios
Alonso PÉREZ/Luis RAMÍREZ
El campo –dice tajante Antonio García López, especialista en Derecho Agrario- ya no necesita de gobiernos paternalistas y mucho menos populistas.
El campesino ya no es un infante que deba ser llevado de la mano para poder hacer las cosas; al campesino no hay que darle, hay que ponerlo a trabajar para que sea productivo, sostiene.
En entrevista con Real Politik, el abogado egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), habla de las políticas públicas que la Cuarta Transformación ha puesto en marcha en el campo mexicano.
Advierte que las políticas propuestas por Andrés Manuel López Obrador para atender al agro fracasarán en su objetivo de terminar con la parálisis del sector si se basan en el asistencialismo más que en la generación de capacidades técnicas.
Las dádivas y la repartición de dinero son políticas que han quedado rebasadas y que requieren ser sustituidas por una inversión orientada a la productividad, puntualiza.
Critica que el gobierno federal pretenda en su visión hacia el campo darles un crédito de ganado a los trabajadores agrícolas, “pero no vemos a qué hora, ahí tenemos a la Sagarpa, a la Sedapa, a la Sedatu, que debieran ser los instrumentos para poder llevar al campo en otro rumbo”.
Ex funcionario del sector agrario durante gran parte de su vida, Antonio García López considera que la entrega de recursos a los campesinos provoca únicamente que éstos se pulvericen sin aumentar la productividad ni mejorar las condiciones de siembra y cuidado de los cultivos.
“Si en una comunidad son aproximadamente 5 mil comuneros, que reciben por una hectárea que tienen manifestada en el Procampo mil pesos, el gobierno gasta cinco millones de pesos en atenderlos, dinero con el que se puede contratar a 30 ingenieros agrónomos con experiencia para que se vayan a trabajar al campo, no darle mil pesos al campesino, que a veces se emborracha y hasta el cheque pierde. Ese tipo de programas debe de acabarse porque solamente están haciendo flojo al campesino”, expresa.
Oaxaca, agrega, “es rico en tierras muy productivas, el cuerno de la abundancia es Tuxtepec, el Istmo de Tehuantepec, la Costa, la economía oaxaqueña está prácticamente apuntalada por esas regiones, las demás somos consumidores 100%; si el gobierno no voltea los ojos y en lugar de implementar una política productiva, viene a confundir al campesino, yo creo que va a ser contraproducente, el campesino nada más necesita confianza, recursos y produce”, asegura.
INNECESARIA, UNA CONTRARREFORMA
El pasado 23 de octubre, el Senado de la República presentó una iniciativa que pretende abrogar la reforma salinista de 1992 en materia agraria, con la que puso fin a la repartición de tierras por parte del Estado.
En su exposición de motivos, el coordinador de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, plantea que a través de esta propuesta se busca capitalizar el campo. Actualmente, indica, alrededor del 13.4 por ciento de los trabajadores del sector primario perciben menos de dos salarios mínimos; 15.4 por ciento no obtenía ingreso alguno.
Según datos del Registro Agrario Nacional, en México existen 32 mil 121 núcleos agrarios —29 mil 728 son ejidos y 2 mil 393 comunidades— propietarios de casi 100 millones de hectáreas. Como sujetos con derechos agrarios según el Registro están inscritos 4 millones 952 mil 749, de los cuales 3 millones 654 ml 100 son hombres y 1 millón 289 mil 649 son mujeres.
Para García López, la iniciativa presentada no es un tema prioritario para el desarrollo del campo, pues lo que se requiere es inversión en tecnología y tecnificación del campo.
-¿Está agotada la reforma salinista? –se le pregunta.
-Yo creo que no, debemos reestructurar las políticas públicas destinadas al campo -asegura.
Los objetivos a corto plazo, insiste, deben ser garantizar que los campesinos puedan acceder a un crédito, porque “hasta ahora el campesino sigue como un sujeto que no tiene derecho a nada. De qué sirve que tenga la tierra si no tiene con qué trabajarla”, pregunta.
La Secretaría de la Reforma Agraria no debe desaparecer, debe ser la encargada de que los campesinos tengan mejores capacidades para producir, plantea.
-¿Cuál es su visión de la Ley Agraria de 1992?
-La Ley de 1992 fue un golpe desafortunado para el campesino, nos hizo ver con otra óptica al campo, ya no era posible idealizar la propiedad comunal porque podría desatar problemas a la economía nacional. Fue una acción positiva, pero caímos en lo mismo, teníamos tierras, ejidos, pero no tenemos crédito, ganado, banco, refaccionaria, con qué perforar un pozo, el campesino no tiene nada, más que una resolución que es un documento. La reforma fue muy buena para México, pero no benefició al campesino.
-Uno de los objetivos de la reforma fue capitalizar al ejido, ¿hoy el ejido está capitalizado o está jodido?
-Está jodido. La ley salinista tuvo la intención de que la inversión pública y privada pudiera ingresar a los ejidos, pero existe esa reticencia del campesinado hacia los inversionistas continúa, no se han organizado. Requiere concientización, capacitación y el campesino, en nuestro estado que es tan complejo, encuentra muchos obstáculos para capitalizar el campo. El ejido en lugar de ir para arriba va para abajo.
Lo podemos ver en Tuxtepec, por citar algo. Los cañeros que eran productores de tierras inmensas, que tenían hasta tres ingenios hoy les queda uno, porque les pagan a mil 500 pesos la zafra, mejor limpian la tierra para crecer ganado.
En Loma Bonita es igual, hace 20 años crecían piñas enormes, hoy son del tamaño de una pelota de beisbol. Eso ha hecho que el campesino prefiera dejar la tierra.
CONFLICTOS SOCIALES, INTERMINABLES
Para García López, la productividad del campo en Oaxaca se ve obstaculizada también por una infinidad de problemas agrarios intercomunitarios que esperan una resolución después de décadas, incluso después de medio siglo.
A la lentitud con que se atienden estos problemas por la ruta legal se suma el nulo seguimiento a los problemas sociales originados entre comunidades.
Entre los focos rojos agrarios que persisten en Oaxaca se encuentran el de Amoltepec con pueblos colindantes; el de los Pueblos Mancomunados, en la Sierra Norte; y el de Tilzapote, en Tonameca, en la región Costa.
Sobre este último conflicto, señaló que más que un despojo se trató de un fraude cometido en contra de quienes adquirieron tierras, desconociendo su situación legal.
“No existe despojo, no se les despojó ni se les quitó ni se invadieron sus tierras, quisieron tomar posesión de una presunta propiedad que adquirieron, pero por desconocimiento del régimen comunal, que es mucho anterior a la propiedad privada, esa es la razón legal, la razón social es otro tema que debe ventilarse en los tribunales”, expresa.
Otro de los conflictos por tierras irresueltos en Oaxaca es el de los Chimalapas, que es “la comunidad más grande del estado”.
En San Miguel y Santa María Chimalapa, la riqueza natural ha generado un sinfín de controversias internas y externas, “pero también dentro del mismo núcleo comunal existen personajes que les conviene que siga la problemática, porque se están beneficiando de ese problema. El interés de unos cuantos particulares o personajes a quienes no les conviene encontrar la tranquilidad son los que se oponen”. Este conflicto, asegura, ya debiera estar resuelto, pero el trabajo político ha sido insuficiente.
TRIBUNALES AGRARIOS, SOBRESATURADOS
Asimismo, expone que otro de los elementos que impide que los conflictos agrarios se resuelvan legalmente es la sobresaturación de trabajo y la falta de personal.
“El burocratismo no se ha podido superar, no por falta de voluntad de los titulares, sino por falta de recursos humanos y económicos. En mi experiencia de ocho años en el Consejo Consultivo Agrario, me tocó conocer expedientes que esperaban 50 años su resolución. Los expedientes quedaban abandonados, si no los reclamaban sus interesados se quedaban abandonados. En Oaxaca de 1980 a 1992 se dio un gran paso en la regulación de la tenencia de la tierra, pero actualmente, con el Tribunal Agrario, hay muchas limitaciones, no tiene ni autonomía ni presupuesto”.
En el Tribunal Agrario del estado hay únicamente dos actuarios que trabajan en campo para hacer revisiones o emplazamientos, lo cual retrasa los procesos de solución, pues en diversas ocasiones los involucrados no pueden ser notificados de su obligación de presentarse ante un juzgado.
“Debemos entender que no es posible que los tribunales sigan trabajando con tanto rezago. En Oaxaca hay rezago, no es grave aún, pero hay expedientes ya con 10 o 12 años. Es entendible porque la mayor parte del trabajo se realiza en campo”, asegura.
