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El Atoyac, una riqueza olvidada

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Es la parte de una ciudad turística que se esconde, se omite, se ignora, aún cuando este río es el principal cuerpo de agua de los Valles Centrales, vital para la evolución de los ecosistemas de la región, un afluente que recorre casi 300 kilómetros y más de mil localidades, uno de los más importantes del sur de México y del país; referente fundamental de la historia, este gigante ha sido considerado en las últimas dos décadas como “tóxico” a causa de la gran contaminación que sufre y ha sido abandonado a su suerte

Su riqueza

La riqueza natural del río Atoyac se cuenta desde la cantidad de especies de flora, fauna y ecosistemas que en ella habitan, que suman más de 9 mil 300 especies. En la cuenca río Verde-Atoyac se encuentran seis de las regiones terrestres prioritarias para la conservación en México, que cubren 61% de toda su extensión.

También puede contarse por el territorio del estado que abarca. Los ríos que componen esta cuenca cubren cuatro regiones, 19 distritos y 243 municipios. De acuerdo con el conteo del Inegi, en la cuenca habitaban en 2010 un millón 360 mil personas, el 36% de la población total de la entidad.

 

Alonso PÉREZ AVENDAÑO

 

En Oaxaca hay dos tipos de riqueza, una, la que se presume en todo el mundo, la que se menciona en todos los discursos oficiales, la que es útil para fines turísticos, como la Guelaguetza y el Centro Histórico, la que se puede explotar comercialmente, como la producción de mezcal; otra, la segunda, es la que se ha perdido, la que se permite deteriorar todos los días, la que se esconde, se omite, se ignora o se niega.

El pasado 25 de mayo en Toronto, Canadá, el gobernador Alejandro Murat anunció una inversión por 5 mil millones de pesos en Huatulco –otra joya de la riqueza oaxaqueña que sí se presume. Ante autoridades, empresarios y abogados canadienses, el gobernador expuso la riqueza y la diversidad de Oaxaca “que proviene de nuestras culturas y comunidades indígenas”, invitó a conocer la Ruta del Mezcal, Mitla “y otros lugares que también tendremos”.

“También somos una ciudad colonial, todo lo que tenemos que ofrecer es parte de la herencia del mundo y nos sentimos muy honrados de tener esa oportunidad… somos patrimonio cultural por la UNESCO, y este año también fuimos reconocidos por nuestra diversidad”, expresó el gobernador. Nada dijo de un paisaje que alguna vez fue turístico, que fue parte de la grandeza natural del estado y que ahora es un basurero, un lugar para la depredación, el río Atoyac, un afluente que recorre casi 300 kilómetros y más de mil localidades, uno de los más importantes del sur de México y del país.

“La protección que le ha dado a este río es de papel”, acusa el abogado director de Litigio Estratégico Indígena, Carlos Morales Sánchez, quien ha llevado ante las instancias judiciales federales una serie de demandas de amparo contra autoridades de los tres niveles de gobierno para que protejan y rescaten este río y que el pasado 26 de marzo obtuvo una victoria, una orden para que se realicen tareas para restaurar ecológicamente y sanear la contaminación de los ríos Salado y Atoyac.

En respuesta a ese amparo que otorgó la juez del primer juzgado federal de distrito, Elizabeth Franco Cervantes, el Gobierno del Estado, la Comisión Nacional del Agua y el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán negaron la realidad con una respuesta burocrática “ya estamos trabajando”. Otra autoridad involucrada, que ha utilizado las riberas como basurero, el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, dio una respuesta aún más grave: el río no está sucio.

 

La sentencia

 

Morales Sánchez aclara que a diferencia de lo que se ha difundido en medios de comunicación, no es la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que emitió la orden a las autoridades locales. Aunque en primera instancia la segunda sala de la Corte atrajo uno de los amparos promovidos, éste no fructificó por no haber probado la cercanía de los demandantes con el río. “La Corte sobreselló el amparo, pero nos dio las pistas para promover una nueva demanda de amparo”, explica el abogado.

A partir de entonces, la juez Franco Cervantes, titular del juzgado I de distrito, tomó el caso y el 26 de marzo pasado otorgó un amparo por la omisión de las autoridades de adoptar medidas para restaurar ecológicamente y sanear la contaminación de los ríos Atoyac y Salado que atraviesan la ciudad de Oaxaca de Juárez y su zona conurbada.

En la sentencia se ordena a Conagua, al gobierno de Oaxaca y a nueve autoridades municipales, entre ellas las de Xoxo y Oaxaca de Juárez, realizar medidas de protección en cuanto al vertimiento de aguas residuales a los ríos, para la restauración y conservación del equilibrio ecológico, así como ejecutar programas de limpieza.

Las cuatro principales autoridades involucradas, tanto el gobierno estatal como Conagua y los municipios capitalino y de Xoxo respondieron con la indignación, solicitando una revisión del amparo que, paradójicamente, podría llevar nuevamente el tema de la contaminación del Atoyac ante la Suprema Corte.

“Las autoridades dicen que ya están trabajando para el saneamiento de los ríos, pero todas esas acciones son acciones de papel, el Gobierno del Estado hace un compromiso por el río Salado pero no son acciones ejecutivas para limpiarlo”, acusa el representante de Litigio Estratégico.

En los argumentos de su sentencia, la juez expone los riesgos que implica la contaminación de los cuerpos de agua que son utilizados por la población. Retoma un informe del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que en su relatoría especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento ha denunciado que en el mundo “más personas mueren por aguas contaminadas que por guerras o por otras formas de violencia”. También advierte que la gestión inadecuada de las aguas residuales limita el desarrollo, pone en peligro los medios de vida y aumenta la pobreza.

“La contaminación del agua a menudo afecta mucho más a las comunidades más pobres que a otras, pues la falta de infraestructura las obliga a utilizar fuentes insalubres”, expone el documento, que además exhibe a las autoridades que las leyes que protegen el derecho humano a un medio ambiente sano, entre ellas la Constitución nacional, no pueden limitarse a ser “una norma programática”, “buenos deseos constitucionalizados” o “poesía constitucional”, sino que son un mandato concreto.

Litigio Estratégico acreditó la contaminación del río mediante información que obtuvo en 2014 a través de una solicitud de transparencia, en la que la Conagua aceptaba que el río Salado había perdido la capacidad de autoregenerarse. Con esa documental se acreditó que ambos ríos estaban muy contaminados.

“La juez acreditó que las normas de protección al ambiente deben ser justiciables, deben hacerse efectivas, no deben quedarse en el papel únicamente, sino que deben tener vigencia en la realidad, por eso concedió el amparo, la sentencia se sustenta por sí sola, es una sentencia de protección a los derechos humanos y es un ejercicio inédito en este país”, asegura Morales, quien retomó la idea de proteger la naturaleza a partir de instrumentos legales, tras un encuentro que sostuvo en 2013 tuvo con la organización colombiana DEJUSTICIA, una de las pioneras en Latinoamérica en lograr que autoridades judiciales obliguen al Estado a conservar los recursos naturales.

 

Defensa de “papel”

 

El 9 de marzo pasado, más de un año después de haber tomado posesión como secretario de Medio Ambiente, días antes de que llegara la sentencia, José Luis Calvo Ziga convocó a medio centenar de funcionarios, representantes de los poderes Ejecutivo estatal y federal, del Legislativo local y autoridades municipales para firmar un acuerdo para la conservación, protección, preservación y saneamiento de los ríos Atoyac y Salado.

Entre los nombres de los firmantes destacan el del presidente de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, el de quien busca sucederlo, Samuel Gurrión Matías, entonces en su calidad de presidente de la comisión de Recursos Hidráulicos del Congreso estatal; el del edil de Xoxocotlán, Alejandro López Jarquín, que se encuentra en busca de su reelección; y el de la presidenta de la comisión legislativa de Ecología, Paola Gutiérrez Galindo.

También firmaron el documento los delegados de Semarnat, José Ernesto Ruiz López; de Profepa, Nereo García; de Conafor, René Estrella Canto; el encargado de la dirección de Conagua Pacífico-Sur, Noel Espinosa Hernández; tres secretarios estatales, el de Infraestructuras, Fabián Herrera; de Desarrollo Agropecuario, Carlos Grau López, y el propio Calvo; además de los titulares de la Comisión Estatal del Agua y del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca. Hay firmas de 36 presidentes municipales de Valles Centrales, desde San Francisco Telixtlahuaca, donde se origina el río Salado, hasta Nazareno Etla, San Pablo Huixtepec, La Ciénega Zimatlán y Zaachila, entre otros.

El documento reconoce que el río Atoyac es “el principal cuerpo de agua de los Valles Centrales”, “vital para la evolución de los ecosistemas de esta región” y “referente fundamental de su historia”. El documento señala que en las últimas dos décadas los ríos Salado y Atoyac han sido considerados como “tóxicos”, a causa principalmente del vertido de aguas residuales que no han sido tratadas y del incumplimiento por parte de empresas de la Norma Oficial Mexicana 001 referente a descargas de aguas residuales a cuerpos de agua. La contaminación, expone el acuerdo, ha generado desde enfermedades gastrointestinales y renales hasta la contaminación de acuíferos que sirven para el riego agrícola.

Como compromiso establece: “atender en forma conjunta la problemática de los ríos Atoyac y Salado a través de acciones de los tres órganos de gobierno de acuerdo al ámbito de sus competencias”.

Las principales líneas de acción, prosigue el documento, implican promover la educación ambiental, principalmente en materia de hidrología, contribuir a la formulación de diagnósticos “que permitirán la restauración del ecosistema de los ríos y articular un programa multidisciplinario que permita su saneamiento”.

“No hay acciones ni sanciones en este documento, es un documento de buena voluntad, no es un documento ejecutivo que explique quién va a poner los recursos, que se van a construir proyectos, que se va a limpiar el río, es un convenio para tratar de justificar la omisión de las autoridades en la contaminación del río y para decirle a los jueces federales que están haciendo algo por el río, pero no son acciones eficaces y efectivas, son simulaciones”, acusa Morales.

Un mes después de dictada la sentencia del juzgado primero, el secretario de Medio Ambiente José Luis Calvo Ziga mostró en entrevista con un diario local que su sueño como funcionario son las grandes obras que no logra concretar. Además de haber intentado crear desde el inicio de este sexenio un nuevo tiradero municipal del que estimó un costo de 450 millones de pesos, anunció que en agosto presentaría un proyecto de saneamiento para los ríos Atoyac y Salado que requerirá de 500 millones de pesos. Mientras el secretario obtiene los recursos que nunca llegan a la entidad y el “pacto de buena voluntad” por los afluentes continúa parado, miles de pobladores que viven en las cercanías de estos ríos repetirán frases que el abogado Carlos Morales ha escuchado repetidamente en recorridos que ha realizado por las riberas, “aquí hay días en que ya no se puede respirar”. Eso en uno de los lugares que fue riqueza de Oaxaca y que ahora es un basurero.

 “Hay una sociedad que no ha tomado consciencia de que al contaminar los ríos perdemos oportunidades de supervivencia, de que estamos ensuciando nuestra casa, de que estamos contaminando nuestros mantos freáticos, este problema es una moneda de dos caras, primero los ciudadanos que no hemos visto que debemos hacer nuestra parte, por otra parte las autoridades que no han utilizado todas las herramientas jurídicas que la ley les otorga para remediar, prevenir y sancionar la contaminación de los ríos”

Carlos Morales Sánchez,

presidente de Litigio Estratégico Indígena AC

 

5 quejas por contaminación del río Salado se han presentado ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

 

 

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