Un grupo de derechos humanos divulgó el jueves lo que describió como documentos militares que muestran que oficiales de alto rango del Ejército de México dieron órdenes a soldados de matar a criminales antes de que se denunciaran ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes que ya se habían rendido.
Agencias.-Los documentos, obtenidos por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) son la primera evidencia de que los soldados involucrados en los hechos del 30 de junio del 2014 en el sur de México podrían haber seguido órdenes y no actuado por su cuenta.
También indican que los oficiales de alto rango supieron de inmediato que algo estuvo mal, de acuerdo con un reporte del centro de derechos humanos que cita los documentos.
«Las tropas deberán operar de noche en forma masiva y en el día reducir la actividad, con el fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad», señala una orden militar fechada el 11 de junio del 2014 por el teniente coronel Sandro Díaz Rodríguez, segundo comandante del 102 batallón de infantería.
«Por primera vez se documenta la existencia e órdenes expresas que fungen como verdaderos incentivos para la comisión de violaciones graves a los derechos humanos», señaló el centro.
Las fuerzas armadas utilizan la palabra «abatir» cuando en sus comunicados de prensa se refieren a que mataron a alguna persona, en particular presuntos delincuentes.
El 30 de junio del 2014 el ejército informó de la muerte de 22 presuntos delincuentes en un enfrentamiento en Tlatlaya, una municipalidad del Estado de México, aunque a raíz de una investigación de The Associated Press comenzaron a evidenciarse contradicciones en la versión oficial.
Hasta ahora han sido detenidos siete militares, tres de los cuales fueron acusados de homicidio, y apenas la víspera se acusó a siete policías estatales de tortura a tres mujeres que sobrevivieron.
El Centro Prodh ofreció una rueda de prensa en donde por primera vez apareció públicamente una de las tres sobrevivientes y madre de una adolescente que estaba entre las 22 víctimas, Clara Gómez, quien dijo que decidió salir ante la prensa ante versiones erróneas de que ya ha sido indemnizada.
«Ahora ya no tengo miedo para decir las cosas. Me siento fuerte, con la frente en alto», dijo Gómez, quien hace meses habló con The Associated Press pero había pedido que no se le identificara por temor a represalias.
«Lo que yo quiero es que se haga justicia, justicia por lo que le hicieron a mi hija», señaló. «No tienen perdón de Dios», agregó. Dijo que es la primera y última vez que aparece ante los medios.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que entre 12 y 15 de los 22 fallecidos en Tlatlaya habrían sido asesinados extrajudicialmente por los militares y que al menos dos de las sobrevivientes habían sufrido torturas y agresiones sexuales por parte de funcionarios estatales.
Las investigaciones del organismo también señalaron que el lugar de los hechos fue alterado para simular que las personas habían muerto en un enfrentamiento.
La mujer dijo que 21 personas se habían rendido después que los militares prometieron respetar su vida. Entre ellos estaba su hija de 15 años, Erika, quien yacía herida en el suelo tras un tiroteo inicial.
Gómez sostuvo que las 21 personas salieron con las manos en la nuca y que la primera víctima había muerto en el tiroteo.
La Procuraduría General de la República, sin embargo, ha señalado que solo ocho de los 22 habrían sido asesinados después de rendirse.
