Sección 22: La estocada final
El martes 21 de julio, el gobierno de Oaxaca, de manera coordinada con la Federación, tomó una decisión histórica: la desaparición del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca –el IEEPO-, cuya urgencia desde hace algunos meses comentamos en este espacio editorial. Nada hubo, desde luego, de afán premonitorio, vaticinio ni nada parecido. Siempre lo dijimos: la tragedia educativa por la que ha atravesado Oaxaca, tenía que ver con el secuestro atípico del citado IEEPO, por parte de la Sección 22 y sus dirigentes. Si bien es cierto que las baterías de la crítica han apuntado siempre al gobierno de Heladio Ramírez, quien suscribió la minuta, el 28 de octubre de 1992, tal parece que se tratara de un decreto o precepto constitucional irrevocable. Y es que los gobiernos posteriores dejaron las cosas tal cual. Era algo así como una cosa juzgada, que cerca del 90 por ciento de los niveles de mando en la estructura, estuvieran controlados por la Sección 22, quien jugó desde entonces el doble papel: trabajador y patrón; juez y parte.
Salvo los cargos de director general y coordinadores de las diversas áreas, el ejecutivo estaba maniatado para designar directores de área, subdirectores, jefes de departamento y otros cargos. Eso era atributo de la vertiente local de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación –la CNTE-. ¿Pero por qué desde el gobierno de Diódoro Carrasco, pasando por el de José Murat, el de Ulises Ruiz y los primeros cinco años de este régimen, ninguno de atrevió a tocar ese coto de poder del magisterio disidente? Hay dos hipótesis: la primera tiene que ver con la amenaza permanente de la 22 de movilizar a sus 70, 73 u 81 mil miembros, ante el simple amago de quitarle lo que los líderes asumían como “conquista del Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación en Oaxaca –el MDTEO-“. La segunda tiene que ver con la corrupción que prohijó una institución que fue vista como arca abierta, en donde se forjaron verdaderas fortunas, con la danza de miles de millones de pesos que ahí fluían, vía cheques oficiales o efectivo.
La desaparición del IEEPO no puede omitir la realización de una investigación a fondo de los recursos que ha destinado la Federación al rubro educativo, al menos durante los últimos 10 años. Y que se finquen responsabilidades penales. Los sobornos a los dirigentes del Cártel-22; el flujo de efectivo para campañas políticas; el presunto lavado de dinero y la construcción de emporios económicos de la noche a la mañana. El quebranto económico de más de 7 mil 500 millones de pesos, tiene responsables y hay que ir por ellos. Dejarlo en la impunidad será una afrenta al pueblo de Oaxaca. La dirigencia del Cártel-22 no puede seguir desafiando al Estado como lo había hecho hasta hace unos días, con acciones gansteriles y hasta de sabotaje en contra del pueblo. La “mini” marcha del pasado lunes 27, con el que amenazaba Rubén Núñez y sus compinches boicotear La Guelaguetza, exhibió a un movimiento desgastado, desfondado y ausente de liderezago.
La medida adoptada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), de congelar las cuentas e investigar operaciones con recursos de procedencia ilícita muestra sólo la punta del iceberg de lo que puede ser un fraude de dimensiones graves, en las que no se descartan flujos de recursos frescos a los grupos armados.
