Destapando la cloaca
En los últimos días se ha escuchado con insistencia de que el gobierno federal y el Congreso federal, luego de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró constitucional la evaluación a los maestros del país, el castigo a las faltas y otros –pese a la resistencia de la CNTE- tienen preparado un golpe certero para apaciguar los ánimos beligerantes de la disidencia magisterial oaxaqueña. En efecto, ha trascendido que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), lleva a cabo una investigación a fondo respecto al manejo del dinero público destinado a la educación y el dispendio del mismo en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO). En la entidad, todo mundo lo sabe, si existe una instancia que ha servido para engrosar cuentas personales y construir fortunas de la noche a la mañana, ése ha sido el IEEPO.
Una investigación respecto a las cuentas personales, los bienes inmobiliarios, la adquisición de ranchos y obras de arte de los últimos titulares, habrán de revelar lo que todo mundo sabe pero pocos se atreven a decir: la dependencia responsable de la política educativa en la entidad, bajo control del Cártel 22 desde fines de octubre de 1992, ha sido un arca abierta; un venero de dinero fresco; un crisol de lavado de dinero, en donde hasta el que llegó con una mano adelante y otra atrás, pasó en automático de la indigencia a la opulencia. El saqueo de recursos ha sido en verdad escandaloso; la abultada nómina; la venta de plazas y el cobro indebido de salarios millonarios, han sido entre otras cosas, el fondo de la crisis económica y de liquidez que hoy enfrenta el gobierno de Gabino Cué.
¿Por qué la inminente presencia de los auditores de la ASF se ha convertido en una bandera para los dirigentes de la Sección 22? Precisamente porque tanto Rubén Núñez Ginéz, como Francisco Villalobos Ricárdez, Carmen López Vásquez, a) La Jicayán, Norma Cleiver Vásquez, Efraín Picazo, Othón Nazariega y una decena más de los cabecillas, tienen la cola sucia y están coludidos en el saqueo. La sociedad oaxaqueña exige que de la misma forma en que se convirtió en constitucional la evaluación, no haya medianías para castigar a los funcionarios corruptos y sus adláteres sindicales. La razón por la que pese a las anomalías e ilegalidad en la que opera actualmente el IEEPO no haya sido desaparecido en la estructura gubernamental es, precisamente, por la opacidad, la discrecionalidad y la nula transparencia con la que ha operado en el manejo de los recursos destinados a la educación.
La medida que pretende el Congreso, a través de la ASF ha sido recibida con beneplácito por el pueblo oaxaqueño, harto de la impunidad magisterial y de los abusos que ha cometido, como el sabotaje previo a la jornada electoral del siete de junio. Mucho hemos insistido en que es contrario a todo derecho, que exista una dependencia oficial que sea a la vez, rehén de un sindicato. Es decir, que por una mala decisión en un gobierno que concluyó su mandato hace 23 años, sigamos arrastrando un lastre de autoritarismo y mediocridad, al convertirse la Sección 22 en juez y parte; trabajador y patrón de manera simultánea. Dicha situación es contra natura; es una afrenta a las instituciones, pero sobre todo al Estado de Derecho. En la conciencia colectiva subyace firme el propósito de que caiga quien caiga, se debe proceder penalmente con todos aquellos que hicieron del presupuesto destinado a la educación, su particular mina de oro.
