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Usos y costumbres: Reto a la gobernabilidad

EDITORIALLa opinión pública se cimbró en mayo de 2011, justo a seis meses de haberse iniciado el gobierno de la alternancia: en la comunidad de Santiago Choapam, por motivos evidentemente político-electorales, un grupo de ciudadanos que acudían a la asamblea en la cabecera municipal, fueron asesinados. Hubo detenidos por los hechos, de los cuales se culparon a ciertos actores como Flavio Sosa, diputado petista y al ex legislador priista, Dámaso Nicolás. Pero el asesinato de diez ciudadanos, dejó en la opinión pública un mal sabor de boca. Y es que las elecciones por el sistema de usos y costumbres, a veces más que las realizadas por el sistema de partidos, se han convertido en un severo dolor de cabeza para las autoridades. En algunas comunidades del atomizado universo de 417 municipios que se rigen por dicho régimen, el proceso se da con civilidad, pero en muchos no. La pasión política deviene actitudes criminales.

En San Pablo Coatlán, algunas agencias de policía y municipales han denunciado intromisión nociva en su proceso de elección interna; en San Pablo Etla, en las goteras de la capital, hay un repudio generalizado a la autoridad municipal que no ha convocado a la asamblea para el relevo pertinente y amenazan en declararse municipio autónomo. En San Bartolo Coyotepec, las mujeres piden no ser discriminadas y se han organizado para reclamar sus derechos, habida cuenta de que al contrario del discurso político, la equidad de género en los usos y costumbres es mera utopía. En fin, podíamos documentar una serie de anomalías e irregularidades que se entretejen en las famosas elecciones por usos y costumbres –que algunos ingeniosos han calificado como abusos y costumbres-. Esta situación obliga al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana –el IEEPCO- a tomar las cosas con mesura y cautela. La violencia y la inestabilidad asoman en decenas de municipios. Sin embargo, tal parece que en el órgano electoral, lo que hoy prevalece como prioridad son las disputas internas y las peticiones de bono de algunos trabajadores. No lo que está en curso, que son las elecciones ya referidas. No hay que soslayar que cualquier mala decisión que el órgano electoral asuma en torno al mismo proceso, puede desatar impugnaciones y tardados litigios electorales que pueden dirimirse –como ya es usual en nuestro medio- por la vía de la presión y los atropellos a la sociedad.

Durante estos meses, antes del fin de año se llevarán a cabo asambleas comunitarias, algunas de ellas muy polarizadas que con certeza dejarán saldos rojos de no tomarse las providencias necesarias para evitarlo. El IEEPCO está aún a tiempo de que las elecciones por el régimen de usos y costumbres que se celebran –vía asamblea comunitaria- en estos días, no sean arena de lucha política, ni mucho menos, feria popular de tiro al blanco. Y en ello, mucho tiene que hacer el órgano electoral que, se presume, es imparcial, equitativo, apegado a derecho y además ciudadano, aunque de lo último no sea más que una falacia. No hay que olvidar que son 417 municipios que se rigen por los llamados sistemas normativos, es decir, que gobiernan a la mayor parte de los oaxaqueños, pues no sólo se trata de comunidades remotas en la geografía estatal sino incluso de poblaciones que, como ya se ha dicho, están en la periferia de la capital oaxaqueña.

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