A ocho años de la asonada
El pasado martes 25 de noviembre se cumplieron ocho años del epílogo del movimiento del 2006, cuyo desenlace se dio luego del incendio a edificios públicos como el del Tribunal Superior de Justicia y casas particulares. A la luz de lo que hoy ocurre en el país y dado que la autocrítica es una rara avis entre quienes se asumen como los promotores de dicho episodio, había que preguntarse: ¿cuál es la lección que dejó dicho movimiento en Oaxaca? ¿Fue en realidad una insurrección social o sólo un simple ajuste de cuentas entre mafias de la política, que usaron como peones tanto a mentores como a organizaciones sociales? Diversos análisis, uno de ellos elaborado por un grupo de anarquistas europeos, denominado “Las barricadas rotas”, revela una realidad innegable: el movimiento promovido por la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) –ese fue su nombre original, no de los Pueblos de Oaxaca-, la que retomó la mecha encendida por la Sección 22 que luego se replegó, nunca permeó a nivel nacional, ni cuajó en la clase trabajadora ni, mucho menos en los campesinos. Fue un fenómeno mediático que tuvo como propósito un motivo simple en el que fracasó: la caída del tirano, que jamás cristalizó luego del fallido desalojo del 14 de junio y la formación de la APPO.
Aunque muchos se han arrogado para sí el papel de víctimas; de supuestos herederos que quieren revivir dicho movimiento, como es el llamado Frente Único de Lucha –FUL-APPO-, identificado por los órganos de inteligencia del gobierno federal, como aliado de los grupos armados, lo cierto es que barricadas, vandalismo, el incendio a edificios públicos, la toma de medios electrónicos de comunicación y sobre todo, una sociedad inerme viviendo en un estado de excepción, sólo trajo consigo más encono social. La verdadera víctima fue el pueblo, cuyas causas paradójicamente eran la bandera de los movilizados. Hace ocho años en Oaxaca, como hoy en el Distrito Federal, Guerrero u otros, han sido los infiltrados y supuestos anarquistas; radicales y los que padecen la enfermedad del infantilismo de izquierda, de los que a mediados del siglo XIX habló Marx, los que han pulverizado cualquier buen propósito. Una causa justa como es la aparición de los 43 normalistas desaparecidos, es pervertida, como lo es hoy por quienes aprovechan el dolor de muchas familias, para sacar ventaja política o económica.
El directorio de falsos redentores sociales y vividores de la limosna pública que hoy se han montado en ese episodio indignante y doloroso, ha ido creciendo. Incluso alentando actitudes violentas como la práctica cotidiana de tomar las casetas de cobro, para sacar lana para la causa, el asalto a camiones de mercancía y otras pillerías, que deben ser castigadas con todo el peso de la ley. Los vándalos han sido puestos al descubierto. ¿Se les aplicará la ley en Oaxaca? La duda prevalece. Aquí tienen certificado de impunidad. No es un secreto que en 2006 como hoy, los cabecillas de las organizaciones sociales se han convertido en un lastre para el erario público y que, cualquier intento de abrirlos es una afrenta, un agravio del que para resarcirse, son capaces de manipular a sus hordas para incendiar Oaxaca o el país. Ese fue el quid del nacimiento de la APPO: se juntaron los expulsados del paraíso presupuestal para exigir su tajada. Y no se la perdonaron al ex gobernador Ulises Ruiz ni al ex Secretario General de Gobierno, Jorge Franco.
