Fiestas de julio: ¿Para quién?
Estamos ya en el mes de julio. El período vacacional de verano está en puerta, lo mismo que la afluencia de visitantes nacionales y extranjeros a la capital y a todo el estado. Ya hemos comentado en ocasiones anteriores del imán que tiene nuestra tierra para el turismo. Oaxaca es historia y tradición; belleza natural y acervo cultural. Es un estado excepcional, pues a pesar de sus graves problemas, sigue siendo como le llaman algunos: “la reserva espiritual de México”. Pero así como cientos de prestadores de servicios turísticos se aprestan a dar la bienvenida a los visitantes, hay otros que se afilan las uñas para recibir el soborno, la paga, la retribución del chantaje. Sin descalificar a priori: ¿alguien sabe qué esperan algunos grupos que se han posesionado del zócalo y los pasillos del palacio de Gobierno y su obstinación de permanecer ahí hasta que su presencia se convierta en un espectáculo deprimente para el turismo? Quien pensó mal acertó: esperan a los negociadores oficiales, quienes, dinero en mano, los reubiquen o convenzan del triste papel que representan para Oaxaca. Obvio: lana de por medio.
En Oaxaca no hay industrias. Somos una entidad que no ha sido propicia para el desarrollo de las mismas como otros estados del país como Nuevo León, Jalisco o Coahuila. Pero aquí hay una industria que es más rentable: la del chantaje. Por ello, cada mes de julio hay que negociar tanto con aquellos que se apropian del Centro Histórico, llámense organizaciones o ambulantes, como son los maestros que amenazan con boicotear La Guelaguetza –comercial, como le llaman sus dirigentes-. Hace un par de años, nadie lo olvida, hasta los taxistas le entraron al juego. En pleno período vacacional, afiliados a la UTEO cerraron calles y avenidas, ante la indignación de los mismos citadinos y de los turistas. ¡Vaya torpeza!, que los mismos trabajadores del volante se pusieran en evidencia ante los usuarios a quienes se supone sirven. De ese tamaño es el protagonismo de muchos que, en lugar de darle a la capital un rostro adecuado a su vocación turística, se empecinan en matar a la gallina de los huevos de oro.
Pero, ¿qué es lo que está detrás de esas acciones de dirigentes de organizaciones sociales, maestros, ambulantes, transportistas y demás? Es la impunidad. Y es que en tanto no exista voluntad política para aplicar la ley; para ejercitar acción penal en contra de quienes quebrantan la economía estatal y vulneran de esa forma torpe la paz social; en tanto el Estado se mantenga como espectador y no haya corresponsabilidad de cámaras y organizaciones empresariales, será el pueblo que, como siempre, siga pagando los platos rotos. Nada de que se criminalice la lucha social, como argumentan mentores y organizaciones sociales que, con ello, quieren cubrirse de la acción de Estado. Y es que la exigencia de que ya se aplique la fuerza proviene de varios sectores sociales. La Iglesia por ejemplo, ha sido puntual en sus señalamientos para exigir al gobierno de Gabino Cué actuar con medidas de fuerza para aquellos que pretenden convertir un festejo tradicional en botín político. El actual régimen no debe olvidar que en las conclusiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respecto a la responsabilidad del conflicto suscitado en el 2006, se acusó al ex gobernador Ulises Ruiz, pero por negligencia y poca disposición para usar los instrumentos del Estado y mantener la paz social. Ni por represor ni por nada. Sólo por no actuar para darle vigencia al Estado de Derecho.
