Los nuevos ediles
A partir del primero de enero de 2014, la atomizada nomenclatura municipal oaxaqueña tiene nuevos huéspedes. En efecto, salvo los administradores municipales, que fueron designados por el Congreso del Estado, ante la imposibilidad de elegir autoridades en ciertas comunidades que padecen conflictos, la mayor parte tiene ya nuevas autoridades municipales. En la capital oaxaqueña, en un acto masivo y solemne, rindió protesta Javier Villacaña Jiménez, en presencia del gobernador Gabino Cué, lo cual augura una nueva etapa de colaboración, habida cuenta de la lejanía y fractura que se observó con el gobierno municipal de Luis Ugartechea Begué, quien en un hecho inédito en la vida política oaxaqueña, encontró un ayuntamiento lleno de adeudos, oficinas prácticamente desmanteladas, cuarteles policiales en los que los efectivos vivían en condiciones infrahumanas, una ciudad llena de basura, entre otras linduras. Más aún, las arcas municipales vacías.
La situación, según lo reconoció Villacaña, es grave. Pero no es el único caso. Hay municipios en donde los nuevos ediles se han empezado a quejar de las irregularidades y corruptelas del pasado, reflejadas en falta de obras, adeudos, saqueos y una falta de rendición de cuentas. El presidente de Santa Lucía del Camino, Galdino Huerta, empezó prácticamente de ceros ante la apatía del ex edil Pedro Cabañas, para entregarle conforme a derecho el ayuntamiento, máxime que éste inició y terminó su trienio, con el torpedeo de un grupo de regidores que, contra la ley, ejercieron el presupuesto destinado al municipio. En Santa Cruz Xoxocotlán, en el área conurbada, tampoco las cosas están mejor. Su antecesor, José Julio Antonio Aquino, dejó asimismo un lastre de problemas, que sería difícil remontar en los próximos meses. En Miahuatlán de Porfirio Díaz, las corruptelas del ex edil, Diego Ramos, no han tenido una respuesta contundente de parte de las autoridades competentes.
Ante esta situación, no son pocos los ciudadanos que opinan que compete a la Auditoría Superior del Estado (ASE), indagar de la situación real que prevaleció en dichos ayuntamientos y otros más que han registrado desfalcos, saqueos o falta de una entrega-recepción formal. Ningún ex edil puede quedar impune cuando a la vista de todos está la situación tan lamentable en la que entrega los bienes municipales y las arcas vacías. La ASE debe llevar a cabo las indagatorias que permitan esclarecer el mal manejo de las finanzas municipales, el uso indebido de los recursos propios que se generan, el presunto desvío o la mala administración de las participaciones que por diversas vías reciben los ayuntamientos, a fin de fincar responsabilidades. De la misma manera que se puede hacer en la capital, la ASE no debe soslayar cumplir con su función en otros municipios, los cuales también quedaron con tesorerías saqueadas y los ex empleados se llevaron desde computadoras hasta teléfonos celulares. Es necesario sentar un precedente de que ningún ex edil debe quedar impune, pues una de sus responsabilidades que ofrece cumplir al rendir protesta, es salvaguardar lo que el pueblo con el voto, le pone en sus manos.
