Número cero
“Académicos de la Universidad Veracruzana, organizaciones civiles y de víctimas dicen tener elementos suficientes para llevar su expediente (de Javier Duarte) a la justicia internacional. Su sucesor, Miguel Ángel Yunes, advierte que probará cada una de las acusaciones contra Duarte y que las revelaciones “cimbrarán al país”
José BUENDÍA HEGEWISCH
Con la solicitud de licencia al gobierno de Veracruz, el PRI no se deshace del lastre de Javier Duarte porque no es de esas piedras de mala calidad que están en la superficie de las canteras y sirven para hacer trabajo de mampostería. Su salida marca el ocaso de la nueva generación de priistas que llegó con Peña Nieto e hizo de la corrupción una forma masiva del ejercicio del cargo público, a tal punto que consiguió galvanizar una indignación que parecía dormida ante el abuso de autoridad.
Los constantes escándalos sobre violaciones a derechos humanos y desviaciones de recursos públicos tuvieron el único mérito de desatar un debate sobre la impunidad y abuso de poder. La desaparición de jóvenes en Tierra Blanca entregados por policías al narco; la protección de la justicia local a los Porkys, hijos de cuatro empresarios y un exalcalde, acusados de violar a una joven; el estado más peligroso para los periodistas; la creación de empresas fantasma y prestanombres para desviar dinero. Una saga de abusos tan larga que sería difícil hallar en la “memoria colectiva” un gobierno estatal que dejara recuerdos tan imperecederos como el suyo, aunque no es el único. Deja también una profunda confrontación de la élite política local.
Por ello, su separación del gobierno estatal, 48 días antes de concluir el mandato, no se resolverá con meras rutinas del deslinde para dejar morir solo a un personaje cuando se vuelve insostenible. Académicos de la Universidad Veracruzana, organizaciones civiles y de víctimas dicen tener elementos suficientes para llevar su expediente a la justicia internacional. Su sucesor, Miguel Ángel Yunes, advierte que probará cada una de las acusaciones contra Duarte y que las revelaciones “cimbrarán al país”. Aunque lo más importante será saber si conserva protección institucional local, como intentó con reformas que lo “blindaran” de acusaciones de corrupción, o del federal, no obstante que ya lo persigue a través de la PGR.
La fama pública de Duarte, pues, corresponde a esas estampas que se venden con la leyenda que no perecerán. La voluntad de atacar la corrupción y la eficacia de las leyes anticorrupción están a prueba en su investigación, así como a los otros gobernadores que pusieron rostro al “nuevo PRI” y comparten la imagen de autoridad voraz que destruye rápidamente la credibilidad en las instituciones. En su caso, las investigaciones de la PGR por acusaciones de desvío de 35 mil millones de pesos, contratos a 131 empresas fantasma, hasta la incineración y hallazgo de fosas clandestinas.
El historial de abusos se funde en un sello de impunidad. El proceso en el PRI para retirarle la militancia tras años de acusaciones y escándalos muestra su necesidad de evitar esa marca, pero la operación limpieza es insuficiente para aclarar el largo apoyo a su administración y la dificultad de confundirse con ella en el ocaso del sexenio. La presión para su salida es insuficiente también para despojarse del costo de su administración. Al contrario, su separación marca una nueva prueba para el PRI y también para el gobierno entrante del panista Miguel Ángel Yunes, tras ocho décadas de poder priista, dado que la corrupción se ha vuelto la mayor preocupación de los electores de cara a 2018.
Ahora expuesto a la acción de la justicia, el PRI deberá probar si puede actuar diferente a los tradicionales pactos de impunidad para encubrir la corrupción, y el PAN, demostrar no sufrir amnesia de las graves acusaciones que lanzó a Duarte desde la campaña electoral. Tendrán que probar en los hechos que la salida de Duarte no forma parte de una componenda para facilitar la transmisión del poder en el estado, que a ambos partidos comprometa en el mismo sello de impunidad como el que evitó su desafuero en el Congreso solicitado en febrero pasado y que pese al ruido de sus escándalos permanecía en un cómodo lugar 48 de la lista de 50 juicios políticos en comisiones.
