Los integrantes de la LXII y LXII Legislaturas del estado han incumplido con su tarea de vigilar el ejercicio del presupuesto. A unos días de concluir el 2017, aún no se han sido aprobadas las Cuentas Públicas correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016, en abierto desacato a lo que establece la Ley de Fiscalización Superior del Estado y desatendiendo señalamientos de irregularidades cometidas por servidores públicos de la anterior administración gubernamental
Laura TINAJERO
El poder Legislativo aprueba anualmente el paquete fiscal que establece los mecanismos para obtener recursos (Ley de Ingresos) y el reparto de los mismos (Ley de Egresos), sin embargo, desde hace tres años, la LXII y LXIII Legislatura no han revisado el gasto del gobierno de Gabino Cué Monteagudo y el primer mes de Alejandro Murat Hinojosa.
Las y los integrantes de la Cámara de Diputados en el periodo 2013-2016 y el actual Congreso, han incumplido con su obligación de aprobar las Cuentas Públicas correspondientes a los años 2014, 2015 y tres trimestres de 2016 de Gabino Cué Monteagudo, además de haber omitido cumplir con lo correspondiente del último bimestre del gobernador aliancista y primer mes del mandatario priista Alejandro Murat Hinojosa.
Con lo anterior, el Congreso del Estado en el pasado trienio desacató lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior del Estado y desatendió señalamientos de irregularidades cometidas por servidores públicos de la administración de Cué Monteagudo, indicados en los reportes de resultados por la ya extinta Auditoría Superior del Estado (ASE), que es parte de la Cámara de Diputados.
Por su parte, la Legislatura en funciones tampoco ha cumplido con su responsabilidad, pese a los constantes discursos de combate a la corrupción que han realizado los representantes populares, e inclusive, la aprobación del Sistema Estatal Anticorrupción, así como las modificaciones a la ASE para convertirla en Órgano Superior de Fiscalización.
Cabe destacar que la cuenta pública es el informe que los poderes del Estado y los entes públicos estatales rinden al Congreso de manera consolidada a través del Ejecutivo estatal, así como el que rinden los municipios y los entes públicos municipales a través de aquellos, a efecto de comprobar que la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos estatales y municipales durante el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, se ejercieron en los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables, conforme a las normas de información financiera y con base en los programas aprobados.
Primera escena
La Cámara de Diputados –que es un poder que representa al pueblo y debería ser un contrapeso del Ejecutivo–, anualmente aprueba el paquete fiscal, que incluye la Ley General de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la administración estatal, así como las leyes General de Ingresos Municipales y de Ingresos de cada uno de los 570 municipios.
La madrugada del domingo 10 de diciembre, tras largas discusiones, reuniones y cabildeos, así como un receso de media hora, las y los integrantes de la LXIII Legislatura avalaron con 31 votos a favor y 8 en contra, el presupuesto de egresos 2018.
Dentro de los rubros más destacados para este año se encuentra la asignación de 212 millones 853 mil 113 pesos como parte de las prerrogativas que habrán de recibir los institutos para la contienda del próximo año, en la que se elegirá a nivel federal presidente de la República, diputados y senadores; mientras que en el ámbito local se renovará el Congreso y 153 presidencias municipales regidas por partidos políticos.
Al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO), se le asignó un recurso de 76 millones 977 mil 747.16 pesos, por lo que, al menos 289 millones de pesos se destinarán a la contienda del próxim
o año.
En lo correspondiente al Fondo de Reconstrucción y Desastre provocados por la actividad sísmica de septiembre de 2017, el Congreso aprobó una asignación inicial (que puede ser modificada), por un monto de 200 millones de pesos, lo que incluso representa 12 millones de pesos menos que lo dispuesto para los partidos políticos.
El Fondo deberá otorgar el 50 por ciento de sus recursos a la Comisión Estatal de Vivienda, 40 por ciento a la reactivación económica y 10 por ciento para estudios geológicos, todo ello en los municipios que cuenta con declaratoria de desastre por los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre.
El gasto estatal
Los 67 mil 19 millones, 686 mil 656 pesos aprobados como gasto estatal para el siguiente año, representan un incremento del ocho por ciento, es decir, 4 mil 800 millones de pesos más, en comparación con lo aprobado en el ejercicio fiscal 2017, que fue de 62 mil 219 millones de pesos.
De acuerdo con el dictamen, el Gasto Corriente para 2018 asciende a 47 mil 731 millones de pesos, esto es 71.22 por ciento del total que comparado con el importe aprobado para 2017, representa un crecimiento de 5.50 por ciento.
Mientras que para Gasto de Capital se tienen proyectados 12 mil 264 millones de pesos, un 18.30 por ciento del monto total, que en referencia con 2017 registra un incremento de 13.58 por ciento.
“Para la Amortización de la deuda y disminución de pasivos: un mil 773 millones de pesos, esto es 2.64 por ciento del total y de acuerdo al importe aprobado para 2017 tiene un incremento de 48.61 por ciento”, detalla el documento.
En el rubro de Participaciones, se registra en 2018 un monto de 4 mil 879 millones de pesos, esto es el 7.28 por ciento del total y representa un crecimiento de 6.71 por ciento, con respecto al año anterior.
El único rubro que registra una disminución –del 9.4 por ciento– es el de pensiones y jubilaciones, que tendrá un presupuesto de 373 millones de pesos, el 0.56 por ciento del total.
Segunda escena
Aun cuando pareciera que la aprobación del presupuesto es suficiente para determinar el gasto público, las “adecuaciones presupuestarias”, permiten –de acuerdo a la ley– realizar modificación a las estructuras funcional, programática, administrativa, económica, tipo y objeto del gasto; las recalendarizaciones de presupuesto; las ampliaciones y reducción del presupuesto de egresos aprobado y metas; siempre que
permitan un mejor cumplimento de los objetivos de los programas a cargo de los ejecutores de gasto.
Por lo tanto, la Cuenta Pública, así como los estados analíticos del presupuesto de egresos que presenta trimestrales el Poder Ejecutivo ante el Congreso, a través de la Secretaría de Finanzas, son los instrumentos de verificación del ejercicio de los recursos, que dan cuenta de la priorización de las políticas públicas en el gobierno.
Ante ello es deber del Congreso analizar estos documentos para asignar el siguiente presupuesto o realizar ajustes, pero desde hace tres años, no se ha cumplido con esta obligación.
De acuerdo al tercer informe trimestral enero- septiembre entregado por la Sefin a la LXIII Legislatura, los poderes del estado ha ejercido más recursos de los aprobados por el Congreso en el presupuesto 2017, inclusive la propia Cámara de Diputados ha gastado más allá de lo programado.
El Legislativo autorizó en los tres primeros trimestres de este año, un recurso por 348 millones 160 mil 513.96 pesos, no obstante, ha devengado en este periodo de tiempo, 532 millones 256 mil 594 pesos, es decir, 184 millones de pesos más.
Así también los órganos autónomos, entre enero y septiembre de este año, ejercieron mil 486 millones 122 mil 744 pesos, lo que sobrepasa el presupuesto aprobado que fue de mil 403 millones 159 mil 622.84, aun faltando un trimestre para concluir el año.
No obstante, las instituciones públicas de Seguridad han devengado casi un 100 por ciento más de los recursos presupuestados y es que mientras el Congreso avaló un ejercicio por 38 millones 791 mil 449.66 pesos en tres trimestres, los entes han ejercido 77 millones 847 mil 816 pesos, lo que es casi el doble de sus recursos.
La historia de las dependencias y entes que devengan más de lo presupuestado se repite en el informe trimestral, así como de otras instancias que registran subejercicios, entre ellas la Dirección de Comunicación Social.
Ante ello, el ejercicio de los recursos no corresponde a lo presupuestado por el Congreso de Oaxaca, por lo que resulta fundamental que los y las diputadas cumplan con la obligación de revisar la cuenta pública y darle seguimiento al erario aprobado.
