La Secretaría de la Defensa Nacional determinó frenar, de manera momentánea, la reubicación de la Octava Región Militar, hasta que encuentre otro espacio fuera de la Ciudad de Oaxaca, ante la negativa de pobladores de los municipios de San Mateo Macuilxóchitl, Teotitlán del Valle, la Villa de Mitla y Tlacolula de Matamoros, quienes en asambleas determinaron no ceder sus tierras al Ejército Mexicano. Las fuerzas armadas respondieron que serán siempre respetuosas de la determinación de los pueblos indígenas. El proyecto que comprende la construcción de un cuartel, un hospital de tercer nivel, viviendas, escuelas y un banco, estará a cargo del Gobierno del Estado
Jorge VEGA AGUILAR
El proyecto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para reubicar las instalaciones de la Octava Región Militar en terrenos del Valle de Tlacolula, fue rechazado de manera unánime por los pobladores de San Mateo Macuilxóchitl, Teotitlán del Valle, la Villa de Mitla y Tlacolula de Matamoros.
Ante la férrea oposición de los habitantes de esas comunidades, y de diversas organizaciones sociales, la Sedena decidió “frenar” momentáneamente la reubicación de su cuartel militar –que actualmente se encuentra en la jurisdicción de la agencia de Santa María Ixcotel-, porque “las fuerzas armadas serán siempre respetuosas de la libre determinación de los pueblos indígenas”.
La superficie total considerada para la construcción de las instalaciones de Sedena es de 330 hectáreas, en donde se edificaría una escuela, un hospital de tercer nivel, un banco del ejército, una planta de tratamiento de aguas residuales y la perforación de un pozo profundo.
Según el proyecto, que tendría un costo de 500 millones de pesos, un total de 160 hectáreas serían destinadas para reforestación y el resto -170 hectáreas- para construcción.
Habría escuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y nivel superior, y la Sedena ocuparía un 40 por ciento y el resto, supuestamente, sería para la población.
De acuerdo a información de la dependencia, con la reubicación del campo militar, se estimaría alcanzar una población de mil 495 militares, 742 familiares, una brigada de policía militarizada con un efectivo de 2 mil 600 elementos, lo que hace un total de 4 mil 837 personas.
El rechazo de los pueblos
En San Mateo Macuilxóchitl, la autoridad municipal convocó el domingo 5 de marzo a una asamblea comunitaria, donde –de acuerdo a la denominada “Red de Esfuerzos en Defensa del Territorio (R.E.D.T.) Oaxaca-Valles Centrales”-, la Sedena había estado presionando para que “donara” 34 hectáreas de tierras comunales, las cuales se ubican cerca de la colindancia con San Juan Guelavía.
El propósito de la petición de la Sedena, era instalar una base militar en esa comunidad, la cual albergaría a los soldados del Ejército Mexicano y sus familias, además de que se construiría un hospital de tercer nivel de 300 camas, en el que el servicio es considerado de “alta producción”, por su especialización, pero la población civil de San Mateo Macuilxóchitl, de aproximadamente 2 mil 600 habitantes no tendría acceso a la atención médica.
En la asamblea, los pobladores concluyeron que “si permitimos la instalación de esta base militar, perderíamos poder de decisión sobre lo nuestro”.
La misma postura hubo en Teotitlán del Valle –comunidad vecina de San Mateo Macuilxóchitl-, donde la Sedena se acercó con la intención de solicitar la donación de cerca de 300 hectáreas de su territorio para la instalación de la mencionada zona militar.
Pero, de igual manera una asamblea general determinó un rotundo no a la donación y/o venta de la propiedad comunal.
Por su parte, el pasado 23 de marzo, la “Red de Esfuerzos Defensa del Territorio” (REDT), emitió un documento en el cual manifiesta su rotundo rechazo a la instalación de la zona militar y a las 39 concesiones mineras autorizadas en el distrito de Tlacolula.
La (REDT) está conformada por el Grupo de Investigación- Acción Autónoma, el Colectivo Quiyehuixitao – San Mateo Macuilxóchitl, el Espacio Kruz – San Juan Chilateca, así como pobladores de San Juan Guelavía, Santiago Matatlán, San Francisco Lachigoló, San Baltazar Guelavila ,Villa de Díaz Ordaz, y profesores de base de la Sección XXII SNTE-CNTE.
Mientras, en la Villa de Mitla, el domingo 9 de abril, los habitantes convocaron a una asamblea urgente, al percatarse que un grupo de militares intentaban llevar a cabo una reunión privada con ejidatarios y comuneros para convencerlos que accedieran a permitir la construcción del cuartel.
Los militares trataron infructuosamente de convencer a los habitantes del recién denominado “Pueblo Mágico”, de las “bondades” del proyecto, pero finalmente el presidente municipal Abelardo Ruiz Acevedo –emanado del Partido Verde Ecologista de México-, y el presidente de Bienes Ejidales, Javier Bautista, optaron por acatar la voluntad del pueblo y firmaron un acta convenio de rechazo a la construcción de la zona militar en ese lugar.
En Tlacolula de Matamoros, la ciudadanía, el Grupo de Investigación –Acción Autónoma y diversas organizaciones sociales, el 21 de abril, convocaron a una asamblea popular en el céntrico parque Juárez, donde, de igual manera fue unánime la postura: “no a la instalación de la sede castrense en terrenos de esa jurisdicción”.
Los habitantes durante su participación, argumentaron que mientras en esta población prevalece una crítica situación por la escasez de agua potable, “los aproximadamente 5 mil militares con sus familias vendrían a agudizar más ese problema”, además de que generarían aguas negras, basura, conflictos sociales como el aumento de bares y prostitución, aunado a que el nosocomio que sería construido no brindaría servicio a civiles.
Posteriormente, en una asamblea popular, efectuada el 25 de abril en la explanada del palacio municipal y convocada por ciudadanos y las organizaciones civiles, hubo reclamos al edil Fausto Díaz Montes –emanado de la coalición PAN-PRD-, para que asumiera una postura digna y, junto con el cabildo determinaran oponerse a la instalación de la zona militar.
En esa ocasión, estuvo presente el consejero jurídico del gobierno del estado, Ángel Alejo Torres, quien fue severamente cuestionado y al preguntarle quién lo había invitado, dijo que “no conocía al presidente municipal”, y luego, al término de la reunión aseguró que “sólo era delegado de gobierno”.
“No queremos sorpresas”, le advirtieron los ciudadanos, y Alejo Torres, únicamente se limitó a decir que “no habrá imposiciones de ningún proyecto”.
En tanto, Díaz Montes, visiblemente molesto por las impugnaciones, consideró que a la asamblea “sólo habían asistido integrantes de algunas organizaciones, y no la mayoría de los habitantes de Tlacolula de Matamoros”.
“Quiere ver a toda la población, pues la convocamos”, le respondieron y, a su vez, Díaz Montes –Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Notre Dame, ex secretario académico de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), donde perdió en dos ocasiones la elección para fungir como rector; ex coordinador general de Educación Media Superior y Superior, Ciencia y Tecnología, y ex subsecretario de Fortalecimiento Municipal en el gobierno de Gabino Cué Monteagudo, aseguró que “convocaría a una consulta ciudadana para determinar si se admitiría o no la construcción de la zona militar”, pero no fijó una fecha.
A otro lugar
El General de División Diplomado del Estado Mayor, Alfonso Duarte Mújica, en entrevista con medios de comunicación realizada el pasado 5 de mayo, aseguró que la Sedena buscará otro espacio para la reubicación de la zona militar fuera de la ciudad de Oaxaca de Juárez, cuyo proyecto lo ejecutará el gobierno del estado.
Consideró que “normalmente donde hay un campo militar se genera desarrollo y crecimiento económico”, y dijo que ahora, “está en manos del gobierno del estado el “trabajo de convencimiento” con las autoridades municipales para obtener el predio donde realizar la obra.
Por su parte, integrantes de organizaciones sociales, resaltaron que “entienden la necesidad del Estado para instalar una zona militar en el distrito de Tlacolula, porque se tienen contabilizadas hasta ahora 39 concesiones mineras, más otras que por su colindancia y extensión ocupan parte del mismo y, aunado a esto se encuentra la instalación de torres eléctricas de alta tensión para el proyecto energético Ixtepec-Yautepec Morelos”.
“Comprendemos así la urgencia del Estado para tener el control de un territorio sumamente concesionado para megaproyectos, que junto con empresas extranjeras y nacionales, tienen planeados para las regiones de Oaxaca”.
“Por control entendemos la militarización completa de la región para así allanar el camino a los grandes intereses de la industria extractivista y energética, desembocando esto en más violencia y represión para las comunidades que se resuelvan a defender su territorio ante el despojo inminente”, puntualizaron las organizaciones sociales.
De acuerdo a testimonios de ejidatarios de Tlacolula de Matamoros, una gran parte de ellos ya habían entregado copias de escrituras de sus terrenos colindantes con Tanivet a los encargados del proyecto, para iniciar los trámites de compra venta.
Derivado de la reunión efectuada el 21 de abril en el parque Juárez, en donde se presentaron sólo algunos integrantes del Cabildo Municipal, el día 25 de ese mes también en la explanada del palacio municipal se realizó otra asamblea popular, en donde sí estuvo presente el edil Díaz Montes.
Ahí, la síndica municipal Francisca Javier González, informó que el 20 de abril los integrantes del Ayuntamiento tuvieron una reunión en el Palacio de Gobierno de la ciudad de Oaxaca de Juárez, con los representantes de Sedena y el Consejero Jurídico.
“Ahí, se expuso al funcionario gubernamental que la mayoría de los habitantes de Tlacolula de Matamoros acordaron que no se sustraería ni una sola gota de agua de ese municipio.
Javier González, indicó que en la misma reunión le solicitó al Consejero Jurídico los nombres de las personas que están en contacto con los propietarios de los predios que se pretendían adquirir, y Alejo Torres, dijo que él personalmente estaba haciendo los tratos con los propietarios.
Señaló que le pidió al funcionario “que se abstuviera de presionar a los dueños de sus parcelas con el argumento de que si no venden sus propiedades serían expropiadas”.
En este sentido, la síndica municipal manifestó que su postura es que no es conveniente la instalación de la zona militar en el municipio de Tlacolula de Matamoros, porque “ya hemos sido afectados con un reclusorio y fraccionamientos, y la reserva territorial se encuentra en riesgo, además de que actualmente hay problemas con la prestación de los servicios públicos como el agua potable, tratamiento de basura, aguas residuales e inseguridad”.
Cabe señalar que Javier González, por escrito dio respuesta a la solicitud de un grupo de ciudadanos encabezados por Alejandro López Maldonado, Julia Santiago Peña y Mercedes García García, para que informara sobre los puntos tratados en la reunión.
El 26 de abril, en la misma explanada municipal se llevó a cabo una sesión extraordinaria de cabildo, donde en el quinto punto del orden del día, se analizó la viabilidad de la instalación o no de la zona militar en la jurisdicción de Tlacolula de Matamoros, y la decisión, por unanimidad, fue no aceptar la instalación de ese cuartel.
