Apenas un duró la operación de la Unidad Especializada de Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, dependiente de la Fiscalía General del Estado; esa instancia, que fue una promesa de campaña del gobernador Alejandro Murat, nació muerta, sin recursos financieros y sin personal, hoy se encuentra totalmente desmantelada
Alonso PÉREZ AVENDAÑO
Inválida, descabezada, así se encuentra la Unidad Especializada de Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de Justicia del Estado, luego de que su titular, Jorge Flores Sánchez, fuera removido del cargo por errores cometidos en su función.
Mientras que en el estado continúan aumentando las estadísticas de agresiones contra periodistas, la que el gobernador Alejandro Murat Hinojosa anunció como herramienta del Estado para investigar los casos de crímenes cometidos contra la libertad de expresión tuvo una vida breve, llena de precariedad. Desde su creación el 3 de agosto de 2017, la unidad, supeditada a los designios de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, careció de recursos financieros y humanos suficientes.
De acuerdo con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), desde 2017 se han registrado en la entidad 158 agresiones contra periodistas, 51.8% durante la cobertura. De estas agresiones, 39 han afectado a mujeres, 123 a hombres y seis a medios de comunicación. Aunque los principales agresores han sido organizaciones sociales y sindicales, autoridades municipales y particulares, por parte del Estado la violencia es institucional.
Flores, encargado de la unidad, buscó como primera estrategia asumir la investigación de delitos contra la libertad de expresión como un asunto administrativo. Además de deslindar la actividad periodística de los crímenes. Llegó a decir incluso que la mayoría de los casos de agresiones a comunicadores se trataban de «peleas de cantina».
Aunado a ello, Flores era acompañado únicamente de un secretario, con el que componía el total del equipo que debía investigar los delitos.
Los recursos materiales, reveló una fuente oficial, eran insuficientes «y a veces no había ni para gasolina». Tampoco había agentes de investigación asignados a la unidad.
La organización Artículo 19 ha señalado que Oaxaca desde 2010 es una de las cinco entidades donde con mayor frecuencia se agrede a periodistas.
Faltan cambios jurídicos
Además de las fallas en la unidad, en el estado se ha avanzado poco en materia legislativa para generar un marco jurídico que dé mayor protección a los periodistas.
«En el 2016 se hicieron modificaciones al Código Penal de Oaxaca, se incluyeron penas por delitos contra la libertad de expresión, fue un avance, pero es totalmente insuficiente, los agravios a periodistas no son a una persona, sino a la sociedad y tendrían que estar tipificados como tal e investigarse de oficio, aunque no haya denuncia», señala Razhy González, ex defensor especializado en protección a periodistas de la DDHPO.
Para González, esperar a que se presente una denuncia para investigar el delito prolonga la impunidad, pues muchos periodistas temen acudir ante las autoridades por el riesgo de una nueva agresión.
«Es peligroso denunciar, no existe ningún aparato para resguardar la seguridad de los periodistas mientras se investiga un caso, están totalmente expuestos y no denuncian, eso se elimina obligando al gobierno a investigar de oficio», señala.
Por parte del Ejecutivo, agrega, hace falta mayor compromiso para acompañar las investigaciones, pues hasta ahora la Consejería de Derechos Humanos ha resultado inoperante e insuficiente.
Respecto a la labor de la Fiscalía, apunta, su postura cuando la DDHPO dicta medidas cautelares era atenderlas «solo de inicio, después se empeñaba en hacer ver que no le tocaba proteger a la gente e insistía permanentemente en retirar a sus agentes».
Números de impunidad
En todos los recuentos de agresiones, Oaxaca es un nombre recurrente. De 2000 al 31 de enero de 2016, en la CNDH se ha registrado el homicidio de 109 periodistas y 20 están desaparecidos desde 2005.
De acuerdo con la CNDH, los estados con mayor incidencia en el número de homicidios a periodistas son Veracruz, con 14.6%; Tamaulipas, con 11.9%; Guerrero, Chihuahua y Oaxaca con 11% cada uno, por lo que seis de cada diez homicidios de comunicadores ocurre en estas cinco entidades”.
En 2016, Artículo 19 registró once asesinatos de periodistas. Cuatro de ellas tuvieron lugar en Oaxaca, tres en Veracruz y una en Guerrero.
También reportó 426 agresiones contra periodistas, de las cuales 226 (53%) fueron atribuidas a funcionarios públicos; 91 a funcionarios estatales, 79 a municipales y 56 a federales. En la Ciudad de México se denunciaron 71 casos; en Oaxaca, 60; Veracruz, 58; Puebla, 28 y Guerrero, 26. Cinco entidades concentraron 52% de las denuncias.
También se han incrementado las agresiones contra mujeres. De 2009 a 2015, siete mujeres comunicadoras fueron asesinadas y tres permanecen desaparecidas. Los 356 ataques contra mujeres documentados en ese periodo —cuyos principales actores fueron funcionarios— se dieron principalmente en la Ciudad de México (76), Veracruz (52) y Oaxaca (27).
