JORGE ALBERTO GUILLÉN ALCALÁ
En pleno siglo XXI cuando el hombre ha logrado avances tecnológicos notables en materia de identificación de personas por medio del ADN, iris de los ojos o la tradicional huella dactilar, se antoja difícil de comprender la ausencia de personas sin que se vuelva a saber nada de ellas, presumiblemente en contra de su voluntad, tipificándose la desaparición forzada de personas.
Por más que se piense en forma objetiva y sin apasionarse, resulta inaceptable la cantidad que se reporta en este delito, hablamos de miles de seres humanos en este país que por razones a veces relacionadas a delitos conexos como el narcotráfico o el tráfico de personas no regresan jamás al domicilio que habitaban.
La anarquía es absoluta en el reporte de cifras que no coinciden y que ninguna autoridad se responsabiliza por ellas. La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas data de noviembre de 2017 para intentar dar certidumbre jurídica al respecto. Articula la declaración especial de ausencia de forma ambigua por decir lo menos. Existe también una Ley General de Víctimas donde las víctimas actualmente no encuentran respuesta a su legítimo reclamo, un Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas con la información que cada estado proporciona sin que se vea uniformidad en el proceso estadístico.
La coordinación entre Fiscalía General de la República y la Secretaría de Gobernación necesita ver con mayor claridad, cada uno en el ámbito de sus competencias.
Los casos conocidos como los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero o el de los integrantes del EPR en Oaxaca que desaparecieron en 2007, son un mero botón de muestra de la gravedad del asunto.
El desgaste de algunas autoridades encargadas de la seguridad de las personas en su tránsito por la geografía de México quedaron al desnudo, la Policía Federal en sus áreas de “seguridad regional” (hasta burla parece) fueron rebasadas por el crimen organizado, este sí, que se movió a sus anchas borrando a las personas de la faz de la República con resultados casi nulos de las autoridades estatales y federales primero para la localización del desaparecido y después para sancionar a los responsables de tan deleznable acto.
Nadie sabe a ciencia cierta cuántos son, dónde sufren la desaparición, si son identificados por sus familiares, con qué método, quién investiga lo que ocurrió hoy con las funciones que otorga el Nuevo Sistema de Justicia Penal a las policías y Ministerio Público. En pocas palabras no hay quién asuma la responsabilidad de este delito que tuvo su época de mayor auge en los años setenta con la guerrilla en la montaña de Guerrero. Hoy es lo mismo en Jalisco con miles de desaparecidos, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Sinaloa entre otros estados.
Año 2020, siglo XXI y las desapariciones forzadas al alza.
Cuidado nos estamos acostumbrando.
¡Saludos a todos!
