Total opacidad en el gasto presupuestal; inoperantes los mecanismos de la LXII Legislatura local para transparentar el uso de dineros públicos. Proponen iniciativa de ley para frenar el ejercicio indiscriminado de recursos por parte de la Junta de Coordinación Política
Luis RAMÍREZ
En abierto desacato a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, la LXII Legislatura del Congreso local, mantiene absoluta opacidad en el ejercicio de los recursos públicos que dispone.
Con un presupuesto superior a los 650 millones de pesos para el ejercicio 2014, el Poder Legislativo no cuenta con los mecanismos para transparentar el uso de estos recursos.
Dentro de este presupuesto se consideran los salarios, dietas y prestaciones de los diputados y sus colaboradores, así como el rubro de gestión a favor de grupos, organizaciones, comunidades y ciudadanía en general.
Además de viáticos, eventos, gastos de mantenimiento del edificio y comunicación social, entre otros. Toda esa información no aparece en el portal de transparencia.
En su portal oficial de internet, el Congreso del estado se ampara en el artículo 9 de la Ley de Transparencia y sólo divulga la dieta de los diputados actualizada al mes de agosto de 2012.
Al respecto establece que el ingreso mensual bruto de cada diputado es de 54 mil 744 pesos, menos la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR), 12 mil 744 pesos, lo que equivale a que cada uno de los 42 legisladores tiene una percepción neta de 42 mil pesos al mes.
Sin embargo, fuentes consultadas, allegadas a la Junta de Coordinación Política revelaron que cada representante popular de la LXII Legislatura recibe 42 mil pesos de dieta mensual, la cantidad de 115 mil pesos para gestión social, y 100 mil pesos para la contratación de asesores. Estas cantidades no coinciden con lo que aparece en el portal de transparencia.
Lo anterior, sin contar que los coordinadores parlamentarios del PRI, Alejandro Avilés; del PAN, Natividad Díaz Jiménez, y del PRD, Anselmo Ortiz, quienes conforman la Junta de Coordinación Política, así como los representantes de los otros partidos políticos reciben de manera discrecional importantes recursos, cuyo uso no informan ni a los integrantes de sus bancadas.
Los diputados Jaime Bolaños Cacho, Juanita Cruz Cruz, Itaisa López Galván y Zoila José Juan enviaron un oficio l tesorero de la LXII Legislatura, Mauro Alberto Sánchez Hernández, en el que revelan que tienen conocimiento de que la fracción del PRD recibe 2.5 millones de pesos mensuales. 500 mil pesos bajo el rubro de apoyo a la fracción parlamentaria y 2 millones de pesos a la gestión extraordinaria.
Los legisladores pidieron conocer desde cuándo Anselmo Ortiz, coordinador de la bancada del PRD recibe tales recursos, que distribuye discrecionalmente, porque hasta el momento ellos no han recibido dinero alguno para sus actividades legislativas.
Comunicación pulverizada
De los recursos destinados a la Dirección de Comunicación Social, en el portal de transparencia no existe ninguna información del monto presupuestado para este año en esa área, como tampoco se informa de los convenios de publicidad establecidos con los diversos medios de comunicación ni de los montos.
También las fracciones del PRI, PAN y PRD tienen su propio departamento de Comunicación Social, cuyos responsables también están facultados para suscribir convenios de publicidad con los medios de comunicación.
A esto se agrega que la división que existe entre esos grupos parlamentarios ha llevado a sus integrantes a manejar de manera personal su propia política de comunicación social.
Un ejemplo de ello, es el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Anselmo Ortiz García, quien al margen de la Dirección de Comunicación Social, tiene su propio equipo de comunicación.
Entrevistado en sus oficinas, el legislador perredista aseguró que la fracción a su cargo no puede disponer de ningún recurso para la contratación de publicidad, sin embargo, su equipo de comunicación está facultado para establecer convenios con medios escritos y electrónicos.
Durante la pasada Legislatura, Anselmo Ortiz fungió como Tesorero del Poder Legislativo. A pesar de que el órgano de gobierno de la Cámara de Diputados fue encabezado en el primer año por el PRI, el control del presupuesto del PRD lo mantuvo el PRD, a través del entonces coordinador de la fracción parlamentaria, Carol Antonio Altamirano.
Ese año, se detectó un gasto de ocho millones de pesos en el área de Comunicación Social, dos millones más de los seis millones presupuestados para ese periodo.
Sobre los señalamientos en su contra sobre el presunto desvío de recursos etiquetados para Comunicación Social, el actual diputado perredista, aseguró que tiene las manos limpias y consideró que esas acusaciones “son un mito, porque estamos acostumbrados a vivir de mitos”.
Anselmo Ortiz se ufana de tener dinero, de tener casas, de cambiar coche cada año, gracias a que es un licenciado que cuando litiga “cobra caro”.
Su gestión como tesorero del Poder Legislativo, afirmó, fue revisada y avalada por la Contraloría Interna del Congreso; ofreció al reportero copias de los oficios que le fueron expedidos pero en ningún momento las proporcionó.
Piden transparencia
Debido a la falta de transparencia en la aplicación de los recursos que ejerce el Congreso del estado, el diputado del PRD, Jaime Bolaños Cacho propuso una iniciativa de ley que transparente el uso del presupuesto camaral, lo que le quitaría el manejo indiscriminado del dinero a la Junta de Coordinación Política.
La propuesta por la que se propone reformar, adicionar y derogaa diversos artículos del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Oaxaca, planea en su exposición de motivos que después de la transición democrática y las alternancias en los gobiernos que se han experimentado y normalizado en el ámbito federal, estatal y municipal, los ciudadanos esperan que las instituciones recobren la confianza perdida por los innumerables procesos de corrupción y desprestigio, caso que nos ocupa al Congreso del estado.
“Cómo pedir cuentas a las entidades, dependencias y órganos autónomos si no iniciamos con procesos limpios y claros, varios son los supuestos sobre el argumento que cobija el tema de transparencia y acceso a la información”, establece el documento.
El documento agrega que una ciudadanía cada vez más exigente demanda acceso a la información, equidad, justicia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas.
Por tal razón, la iniciativa va encaminada a que el Congreso sea abierto, transparente y que rinda cuentas puntualmente a la ciudadanía.
“Reformando nuestro reglamento interior lograremos construir no sólo las bases para entregar a todo aquel ciudadano que requiera información, sino que además rendiremos cuentas de manera puntual, cumpliendo con las obligaciones que la constitución nos encomendó”, concluye.
