Derechos Humanos,nuevo botín en juego

Las tribus morenistas de Salomón Jara y Flavio Sosa, así como el gobierno de Oaxaca y hasta la Iglesia Católica –éste último en un acto flagrantemente violatorio del Estado Laico– se disputan la presidencia de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, cuyo nuevo titular deberá quedar definido antes del nueve de mayo. Un total de 42 aspirantes lograron registrarse durante la vigencia de la convocatoria; sin embargo, seis de ellos, todos con algún tipo de respaldo político, son los que tienen mayores probabilidades de obtener el nombramiento

 

David Méndez

 

Cuatro grupos políticos y uno religioso, encabezados por Flavio Sosa Villavicencio, Salomón Jara, Adelfo Regino, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el sacerdote Arturo Lona Reyes, se disputan el control de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), organismo que se encarga de documentar y exhibir las violaciones a las garantías universales de los ciudadanos cometidos por funcionarios de los gobiernos municipal y estatal.

En un análisis hecho llegar a este medio de comunicación por un especialista en derechos humanos y asuntos políticos que, sin embargo, pidió no ser identificado, se detallan los nombres de los seis aspirantes –de un total de 42– que mayores posibilidades tienen de ocupar el cargo de ombudsman, a partir de mayo próximo y durante los próximos siete años.

Flavio Sosa Villavicencio, fundador en 2006  de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y cuya influencia en la entidad se desencadenó con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las pasadas elecciones federales, busca imponer en el cargo a César Mateos Benítez y a Flor Estela Morales, ambos integrantes de la organización Comuna de Oaxaca, fundada por Sosa en abril de 2015.

Por su parte, el grupo del senador Salomón Jara, que mantiene el control de 16 de los 25 diputados locales morenistas, impulsa a Yara Jiménez Viloria, ex directora académica del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (IEBO), hermana del ex magistrado del Tribunal Electoral, Manuel Jiménez Viloria –acusado de haber incurrido en presuntos actos de corrupción durante su estancia en aquel órgano jurisdiccional–.

A su vez, el actual director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, por medio de Anabel López Sánchez, da cobijo a la defensora de derechos humanos Yésica Sánchez Maya, quien también está vinculada con el grupo Flavio Sosa Villavicencio.

Además, en un acto que atenta contra el Estado Laico, promovido por Benito Juárez, de quien López Obrador se dice férreo seguidor, el obispo emérito de Tehuantepec, Arturo Lona Reyes, acompañado por un sector de la Iglesia, impulsa la candidatura del ex seminarista y actual visitador general de la DDHPO, Juan Rodríguez Ramos; finalmente, el gobierno del estado y el actual presidente del organismo autónomo, Arturo Peimbert, han pactado la postulación de José Bernardo Rodríguez Alamilla, actual consejero ciudadano.

Luego de permanecer abierta durante 15 días, del primero al 15 de marzo, un total de 42 aspirantes respondieron a la convocatoria emitida por la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Poder Legislativo, que preside la diputada de Morena, Magaly López Domínguez. Después del cierre de registro, el lunes 25 y martes 26 de marzo, todos los aspirantes comparecerán ante los integrantes de aquella instancia, con el objetivo de conformar la terna final de la que surgirá el próximo defensor de derechos humanos de la entidad.

Sin bien existen otros perfiles que cuentan con el respaldo de diversos personajes políticos, como Félix Hernández Pizarro, quien cuenta con el aval del secretario general de Gobierno, Héctor Anuar Mafud; Alexander Pérez Carrera, coordinador de la división de Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), centro educativo que es controlado Abraham Martínez Alavez; Emilio de Gyves Montero, de la Coalición Obrera, Campesina Estudiantil del Istmo de Tehuantepec (COCEI), y Daniel Pérez Montes, asesor de la diputada juchiteca Gloria Sánchez López, entre otros, el autor del estudio reiteró que la disputa por la titularidad del organismo se cerrará entre los seis personajes mencionados en los primeros párrafos de este reporte.

 

Comienzan los jaloneos

 

De acuerdo con el especialista, ninguno de los cuatro grupos políticos confrontados cuenta con los votos suficientes para imponer a su candidato, por lo que deberán realizar cabildeos y amarres políticos para hacer prevalecer sus propuestas. En caso de que no existan consensos y las posturas se radicalicen, los beneficiados podrían ser los candidatos externos de Morena.

El también analista político, refirió que de los candidatos punteros, la que menos posibilidades tiene de ganar, al menos en apariencia, es Yésica Sánchez Maya debido a sus constantes confrontaciones que ha mantenido con el actual gobierno del estado, encabezado por Alejandro Murat, al que de manera reiterada ha denunciado de ser omiso en el combate a la violencia de género y en la implementación de medidas eficientes que ayuden a contrarrestar el número de asesinatos de mujeres que ha ido a la alza durante los últimos años.

Sánchez Maya ha guardado desde 2006 estrechos vínculos con Flavio Sosa Villavicencio, indicó el autor del análisis, e incluso recordó que éste la nominó en 2012 como aspirante a ocupar el mismo puesto que hoy busca y que en aquel entonces ganó Arturo Peimbert.

Así, en febrero pasado, de manera anónima, se filtró información sobre un presunto desvío de recursos de 17 millones de pesos supuestamente orquestado por diversas activistas y agrupaciones en pro de la equidad de género, entre ellas Yésica Sánchez, en su condición de presidenta de la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, y Anabel López Sánchez, cuando se desempeñó al frente del Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO), durante el sexenio de Gabino Cué Monteagudo.

Según  los reportes divulgados, sobre todo, en portales de internet y que fueron refutados por Sánchez Maya y la mesa directiva de Consorcio para el Diálogo, los recursos le fueron otorgados a esa y otras agrupaciones por concepto de asesoría y capacitación.

Aquella denuncia mediática en contra de Sánchez Maya, en la que no se citó el origen de la información ni exhibe documentación que confirme tales aseveraciones, se divulgó días después de que la activista demandó la renuncia de Rubén Vasconcelos Méndez como Fiscal General del Estado,  ante su fracaso para resolver los crímenes de mujeres registrados durante la administración de Alejandro Murat.

En la actualidad, Anabel López Sánchez, se desempeña como funcionaria del INPI, a cargo de Adelfo Regino, ex secretario de Asuntos Indígenas en la entidad, quien, a su vez, cuenta con un alto nivel de confianza de parte del Presidente de México.

 

Los candidatos de Flavio Sosa

 

César Mateos Benítez y Flor Estela Morales son las cartas fuertes de Flavio Sosa Villavicencio para hacerse del control de la DDHPO; sin embargo, la pulverización de la fracción parlamentaria de Morena –15 a favor del senador Salomón Jara y 10 en pro de Nancy Ortiz, Ericel Gómez y Othón Cuevas– parece que jugará en su contra.

El análisis otorgado a Real Politik señala que Flavio Sosa mantiene un alto nivel de influencia en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, encargada de definir la terna de donde surgirá el próximo titular de la Defensoría, gracias a la presencia del secretario Técnico, Razhy González, a quien se vincula con el ex líder de la APPO y se señala como uno de los articuladores de la organización Sol Rojo, así como de la diputada Elisa Zepeda oriunda de Eloxochitlán de Flores Magón.

Aunque la Comisión podría beneficiar a Sosa para que sus ahijados avancen en el proceso de selección, en el Pleno, Flavio Sosa no cuenta con el apoyo suficiente para asegurar su nombramiento, pues de 28 votos necesarios, únicamente cuenta con tres: el de Griselda Sosa Vásquez (prima), Horacio Sosa Villavicencio (hermano) y Elisa Zepeda Lagunas (legisladora afín). El documento señala que el apoyo paro los candidatos de Sosa podría aumentar, con algunos cabildeos, a 10 legisladores.

Ante ello, el ex asesor del ex gobernador José Murat deberá buscar negociar con la fracción mayoritaria de su partido, cercana a Salomón Jara y con el que Sosa mantiene diferendos, así como con el grupo del PRI, integrado por seis representantes, y con los representantes del PES y Partido del Trabajo, que han mostrado mayor afinidad con el equipo de Jara.

Mateos Benítez, también fundador de la APPO y vocero de aquella agrupación durante el conflicto de 2006, es ubicado en el análisis como la principal opción de Sosa como defensor de derechos humanos, a pesar de ambos personajes han sido acusados por Zimatlán de Lázaro Cárdenas de operar a favor de San Sebastián Nopalera, en el conflicto agrario que mantienen ambas poblaciones de la región Mixteca del estado.

En enero pasado, Bernardino García, identificado como representante de Lázaro Cárdenas en las negociaciones por la paz con Nopalera, fue asesinado a tiros por un presunto grupo armado oriundo de la comunidad contraria.

De no conseguir que César Mateos continúe en la disputa, Flor Estela Morales es el plan B de aquel grupo político.

 

Salomón Jara

 

Por su parte, el sector que representa Salomón Jara respalda a Yara Jiménez Viloria, ex directora académica del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (IEBO), hermana del ex magistrado del Tribunal Electoral, Manuel Jiménez Viloria, quien fue acusado por el aún magistrado Wilfrido López Vázquez, de haberle solicitado sobornos.

A pesar de que, en teoría, cuenta con un mayor respaldo de Morena, por sí sóla la postulación tampoco cuenta con los 28 votos necesarios para obtener el nombramiento, aunque esos diputados sí han logrado llegar a acuerdos con los  grupos parlamentarios del PRI (seis), PT (tres), PES (dos) y Verde Ecologista (dos) para sacar a flote proyectos polémicos como la designación de los órganos de gobierno del Congreso –Mesa Directiva y Jucopo– y la distribución de los organismos de control administrativo.

De sumarse los 15 candidatos de Morena que han actuado en bloque y los 13 del PT, PES, PRI y Verde Ecologista, se lograría el consenso exacto para nombrar al nuevo ombudsman.

 

Caballos negros

 

Si no existen acuerdos  entre las cúpulas de Morena, los beneficiados serán otros candidatos, advierte el estudio.

Así, se abriría la puerta para el actual visitador, Juan Rodríguez Ramos, y el actual consejero ciudadano José Bernardo Rodríguez Alamilla.

Ex seminarista, a punto de haberse convertido en sacerdote, Rodríguez Ramos cuenta con el apoyo del obispo emérito de Tehuantepec, Arturo Lona Reyes, quien guarda cercanía con el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y con el que anunció buscaría sostener una reunión el pasado 21 de marzo para pedirle que intercediera a favor de Rodríguez Ramos.

Al acudir al Congreso del Estado para acompañar el registro de su ahijado político, Lona indicó que el perfil de éste reunía todos los requisitos para ser nombrado defensor y afirmó, en una reunión con los 10 diputados de Morena que se han pronunciado en contra de Salomón Jara, que ya tenía el aval del titular del Poder Ejecutivo federal.

“Hace como tres semanas (López Obrador) me concedió una entrevista en su despacho. Me dijo: ‘Todo lo que pidas, porque sé que pides por los pobres. Nunca pides para ti nada’”, reprodujo, al respecto, el sitio de noticias Página 3.

De lograr su cometido y obtener línea desde la Ciudad de México, como ocurrió en la aprobación de la Ley de Ingresos 2019 y el Presupuesto de Egresos 2019, la fracción parlamentaria de Morena, integrada por 25 miembros, debería apoyar unánimemente tal designación y cederle el cargo a Ramos.

De acuerdo con el estudio, aquel personaje es, de los 42 candidatos, el que cuenta con mayor conocimiento sobre la manera en que funciona internamente la Defensoría de los Derechos Humanos, pues ha fungido como visitador adjunto, auxiliar visitador, visitador adjunto A y B, visitador regional, director general de quejas y coordinador de oficina regional.

Finalmente, a la lista de aspirantes se suma José Bernardo Rodríguez Alamilla, propuesto por el actual titular del organismo, Arturo Peimbert Calvo, y avalado por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa.

Rodríguez Alamilla significaría para Peimbert cubrirse las espaldas ante cualquier posible investigación sobre malos manejos de recursos al término de su gestión. Para las autoridades en turno, significaría tener a un defensor a modo, que buscaría no “hacer ruido” por los abusos u omisiones que cometieran funcionarios estatales.

De acuerdo con el estudio elaborado para este medio, José Bernardo Rodríguez tendría posibilidades de llegar a la titularidad de Derechos Humanos, en caso de que las tribus de Morena continúen confrontadas y toque al gobierno de Oaxaca cabildear a través de sus operadores, entre ellos Alejandro Avilés, con la posibilidad, incluso, de otorgar premios económicos para que este personaje sea beneficiado.

 

El nuevo defensor de derechos humanos de Oaxaca debe quedar definido antes del nueve de mayo.