Organizaciones de la sociedad civil advierten que con la suspensión de evaluación se sacrifica el Estado de derecho
Excélsior
México D.F.-Organizaciones civiles demandaron al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) “fajarse los pantalones” en la aplicación de los exámenes a docentes.
Francisco Ibarra Palafox, secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo que el INEE debe ejercer sus facultades e interponer una controversia constitucional contra el Ejecutivo por invasión de sus atribuciones.
Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad, calificó como erróneo suspender las evaluaciones para tranquilizar las aspiraciones de un grupo de sabotear las elecciones, ya que con ello se sacrificó el Estado de derecho.
Apuntó que con esta medida se violó la autonomía del INEE, órgano responsable de aplicar los procesos de evaluación magisterial, “lo que sienta un precedente negativo para el país debido a que la mayor parte de las reformas depende de órganos autónomos”.
El Consejo Coordinador Empresarial precisó que la suspensión traerá consecuencias “devastadoras” para la economía.
Ibarra adelantó que en caso de que el organismo no emprenda acciones para defender su autonomía buscarán que comisionados sean sujetos de juicio político.
Suspensión de evaluación pone en riesgo las reformas
Un bloque de siete organizaciones de la sociedad civil denunció la violación de la Constitución por el Ejecutivo al suspender de manera indefinida la evaluación de los docentes, lo que pone en riesgo todas las reformas estructurales aprobadas durante los dos primeros años de gobierno, debido a que, con ello, se promovió el incumplimiento de la ley.
Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), calificó como errónea la decisión de suspender las evaluaciones para tranquilizar las aspiraciones de un grupo social de sabotear las elecciones, ya que con ello se sacrificó el Estado de derecho.
Apuntó que con esta medida se violó la autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), órgano responsable de aplicar los procesos de evaluación magisterial, “lo que sienta un precedente negativo para el país debido a que la mayor parte de las reformas dependen del funcionamiento de órganos autónomos”.
Razón por la que Enrique Cárdenas, director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), demandó a todos los organismo autónomos de reciente creación “fajarse los pantalones” para defender sus competencias.
Francisco Ibarra Palafox, secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expuso que el INEE debe interponer una controversia constitucional por invasión a sus atribuciones.
Adelantó que, en caso de que el organismo no emprenda acciones para defender su autonomía, buscarán que los comisionados sean sujetos de juicio político.
En riesgo inversiones
La decisión de suspender las evaluaciones a docentes traerá consecuencias “devastadoras” en materia económica aseguró Luis Foncerrada Pascal, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), órgano asesor del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en temas económicos.
“Si el gobierno lleva a cabo actos inconstitucionales y viola las leyes, la certeza jurídica desaparece. Se pone en duda la voluntad de las propias autoridades de respetar el Estado de derecho y nada puede ser más grave para la inversión”, consideró.
Afirmó que, sin llegar a la ruptura con el gobierno, los inversionistas mantendrán una posición de cautela, porque no se puede invertir en un país donde no hay certeza jurídica.
Además previó que el incumplimiento de la reforma educativa tendrá un impacto negativo en los inversionistas extranjeros, agencias calificadoras y bancos. “Todo el mundo está al pendiente del funcionamiento del Estado de derecho para que las inversiones se puedan llevar a cabo”, aseveró.
Rechazo
La decisión de postergar por tiempo indefinido la evaluación de los maestros de educación básica ha provocado reacciones adversas en diversos sectores.
Sociedad civil. Tras la suspensión de la evaluación docente, anunciada el 1 de junio, más de una decena de organizaciones de la sociedad civil, entre las que destacan Mexicanos Primero, México Evalúa y el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco) acusaron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) de violar la ley al suspender la evaluación de los docentes.
Sector empresarial. Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), remarcó que el atraso en lo estipulado en la Reforma Educativa envía una mala señal a los inversionistas extranjeros.
