Entre malversación de recursos, deuda pública, deudas a proveedores y cuentas pendientes con dependencias, la administración de Gabino Cué Monteagudo dejará un hoyo financiero al estado de al menos 30 mil millones de pesos. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Secretaría de Contraloría estatal las mayores irregularidades se han detectado en las secretarías de Administración, Salud, de las Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Turismo y Desarrollo Económico, así como en el CAO y el IEEPO. Senadores de la República advierten que los actos de corrupción en el Gobierno de Oaxaca son más graves que los casos de Veracruz y Sonora
David Méndez
El quebranto financiero que dejará el gobierno de Gabino Cué Monteagudo asciende a al menos 30 mil millones de pesos, derivado de una malversación de recursos por 10 mil millones, una deuda pública por 14 mil millones y cuentas pendientes con proveedores y dependencias por al menos 3 mil 500 millones más, afirmó el senador Benjamín Robles Montoya.
Los actos de corrupción suscitados en la actual administración estatal son más graves que los registrados en Veracruz, durante el mandato de Javier Duarte, y Sonora, durante la gestión de Guillermo Padrés, recientemente detenido por las autoridades, debido a que «Oaxaca es un estado más pobre”, acusó en entrevista el legislador perredista, quien demandó a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar a Cué Monteagudo y su círculo cercano de funcionarios con el mismo “rigor” que lo ha hecho contra los dos personajes antes mencionados.
La riqueza amasada por los principales colaboradores del gobierno oaxaqueño, puesta al descubierto por denuncias de activistas, trabajadores sindicalizados y filtraciones de documentos y fotografías por redes sociales, contrasta con los niveles de miseria y hambre registrados en la entidad por el Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que indican que el número de pobladores en condición de pobreza extrema aumentó entre 2012 y 2014 a un millón 130 mil en 2014 (213 mil personas más).
Según información de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Auditoría Superior del Estado (ASE), la Secretaría de Contraloría estatal y del jefe de la Oficina de la Gubernatura al comienzo de este sexenio, Benjamín Robles, las dependencias en las que mayores irregularidades han sido detectadas son la Secretaría de Administración, a cargo de Alberto Vargas Varela, y la Secretaria de Salud, que estuvo bajo la responsabilidad de Germán Tenorio Vasconcelos; entre ambas, los malos manejos del erario podrían superar los 5 mil millones de pesos.
Sin embargo, también sobresalen Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), entidad que fue encabezada por José Luis Pinacho, hoy inhabilitado de la función pública por cometer actos ilícitos; la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (STyDE), cuyo extitular, José Zorrilla de San Martín Diego, promovió la edificación del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO) a menos de 300 metros del hotel Victoria, del que es accionista; la Secretaría de las Infraestructuras (Sinfra), que, en su momento, fue dirigida por Netzahualcóyolt Salvatierra, y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) –cuyos señalamientos recaen en diversos funcionarios y exfuncionarios–.
Las cifras más conservadoras estiman las malversaciones en estas seis entidades en 10 mil millones de pesos.
Gabino debe ser
investigado: senadora
Ante ello, la senadora Martha Tagle, representante de la Ciudad de México en la Cámara Alta del Congreso de la Unión, llamó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a investigar las cuentas públicas del estado de Oaxaca y de todas las entidades en las que se presuman actos de corrupción o desvíos de fondos.
La ASF, agregó, debe establecer si los casi 500 mil millones de pesos que recibió Oaxaca a lo largo de este sexenio fueron utilizados en beneficio del desarrollo y la erradicación de la pobreza y, además, definir si el endeudamiento por al menos 14 mil millones de pesos que sufrió el estado, fue «justificado».
“Desafortunadamente, (personajes como Javier Duarte o Guillermo Padrés) parecen ‘chivos expiatorios’, y se está persiguiendo solamente a unos de los gobernadores”, apuntó, entrevista, tras su más reciente visita a Oaxaca, la semana pasada.
“Si nos ponemos a revisar todas las cuentas públicas de los gobiernos estatales de todos los partidos, encontramos que se dejó a la población endeudada por muchos años y sin que haya ningún interés realmente de perseguir y hacer valer la justicia”, sentenció.
“Debemos verlo en su justa dimensión: (Javier Duarte) no es más que un tipo de ‘chivo expiatorio’ para que se dirija la atención sobre uno de los que han cometido este tipo de atracos. La ciudadanía tiene que estar muy consciente para presionar y que se haga un ejercicio de rendición de cuentas en todos los estados.
La funcionaria originaria de Puebla, quien en 2015 renunció a la bancada de Movimiento Ciudadano, reiteró que tanto la ASF como la Contraloría deben ser los entes encargados de indagar en las cuentas de los gobernantes.
No cumplir con ello, abundó, provocará mayores dudas y desconfianza sobre el actuar de los responsables de la administración pública.
“No podemos solamente ver cómo se está tratando el caso de Duarte en Veracruz cuando en todos los estados tenemos problemas de endeudamientos a la población, que es importante revisar si fueron justificados y quiénes son los responsables”.
Mientras se orquestaban estos presuntos desvíos de recursos, el número de oaxaqueños en condición de pobreza extrema aumentaba al menos 23.3 por ciento, al pasar de 916 mil habitantes, en 2012, a un millón 130 mil en 2014 (213 mil personas más), precisó el Coneval.
De hecho, Oaxaca es uno de los seis estados donde en este sexenio se registraron los retrocesos más graves en este indicador, junto con Chihuahua, que reportó un aumento de 47 por ciento, Morelos (27.9 por ciento), Estado de México (27.6 por ciento), Hidalgo (26.6 por ciento) y Veracruz (22.1 por ciento).
Un informe del mismo Coneval, publicado en 2011, indica que tres de los municipios más pobres del país se encuentran en Oaxaca: San Juan Tepeuxila, Cuicatlán, (el más pobre de México); Santiago Textitlán, Sola de Vega ( sexto lugar en pobreza) y San Simón Zahuatlán, en el distrito de Huajuapan de León (décimo lugar en pobreza).
Diputados “documentan”
desvíos por 200 millones
Lejos de las cifras estimadas por Robles Montoya, la Cámara de Diputados de Oaxaca ha «confirmado» actos de corrupción de la actual administración por el orden de los 200 millones de pesos.
Ello se tradujo en que el Poder Legislativo se haya negado a calificar las cuentas públicas de 2011 a 2014 del gobierno de Gabino Cué, dijo, por su parte, Jefté Méndez, presidente de la Comisión de Juventud de la legislatura local.
De acuerdo con el funcionario, el Congreso del Estado documentó «irregularidades» y «desvíos» en tres dependencias: los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) y la Secretaría de las Infraestructuras.
«No se han calificado (las Cuentas Públicas) porque se comprobaron actos de corrupción y malversación», resaltó el legislador.
Ello, sin embargo, no se ha traducido en ninguna denuncia penal en contra de los responsables de esas áreas.
Esta falta de acciones legales, fueron achacadas por Méndez, a la comisión de los diputados de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT), que abanderaron a Gabino Cué durante las elecciones gubernamentales de 2010.
Los mayores saqueos
En 30 años, el actual secretario de Administración, Alberto Vargas Varela, pasó de ser un empleado bancario acusado de fraude a uno de los funcionarios más acaudalados del gobierno estatal y sobre el que recaen denuncias por, al menos, una veintena de actos corrupción, evasión fiscal, tráfico de influencias y malversación de recursos, publicó Real Politik, en su último número.
Vinculado con el empresario Sergio Castro Pérez –quien es perseguido por la Interpol desde 2012 por eludir al fisco y realizar operaciones ilícitas por más de 135 mil millones de pesos–, Vargas Varela ha sido señalado de desviar fondos de la administración pública por 2 mil 500 millones de pesos y sacar provecho de su cargo para orquestar negocios ilícitos por al menos mil millones de pesos más, según versiones divulgadas por el sindicato de burócratas del Gobierno del Estado y Alianza del Transporte Multimodal del Estado de Oaxaca (ATMEO).
Los recursos obtenidos por Vargas, por medio de triangulaciones con prestanombres –estiman las acusaciones–, equivalen al menos a 38.8 por ciento del presupuesto total (9 mil millones de pesos) que ha recibido la secretaría a su cargo durante los seis años del mandato de Gabino Cué Monteagudo.
En 2010, tras su nombramiento, Vargas publicó una declaración patrimonial en la que, como empresario, únicamente se decía propietario de la Consultoría Corporativa Marbatu, que registraba un ingreso mensual de 9 mil pesos; sin embargo, dos años después, en 2012, en los estados financieros de la firma aparecieron depósitos por 38 millones de pesos.
De acuerdo con las denuncias, en la actualidad, el Secretario posee un departamento en Málaga, España, casas en Bahía de Conejos, en Huatulco, y en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Todos estos inmuebles aparecen a nombre de su hija, una mujer de menos de 30 años.
Paran burócratas
por falta de pagos
Mientras esto sucede en aquella dependencia, al menos 7 mil burócratas cumplieron una semana sin laborar en los complejos gubernamentales de las llamadas ciudades Administrativa y Judicial, debido a que desde hace dos meses no cuentan con línea telefónica ni internet, no hay material de oficina, tampoco mantenimiento de baños y recientemente se quedaron sin transporte oficial gratuito, publicó el semanario Proceso.
El líder del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCEO), Felipe Noel Cruz, confirmó que el gobierno de Cué tiene un adeudo con la empresa de transporte por 17 millones de pesos, y por ello se tomó el acuerdo de que el personal de base no se presentara a laborar desde el pasado lunes, detalló la revista.
“Como trabajadores del gobierno del estado enfrentamos el problema de falta de transporte gratuito, y por eso se tomó el acuerdo de suspender labores en las 72 dependencias del gobierno y oficinas auxiliares”, añadió, el dirigente.
Tenorio, sin comprobar
790 millones de pesos: ASF
A su vez, la ASF mantiene abiertos 19 procesos de investigación en contra de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) por presuntas irregularidades en la aplicación de más de 790 millones de pesos.
Según datos del órgano fiscalizador, 306 millones 769 mil pesos corresponden a 10 auditorías en seguimiento de 2013 y 483 millones 398 mil pesos millones de pesos de nueve más en 2014, cuando Germán Tenorio Vasconcelos era titular de la dependencia.
Las indagatorias que la Auditoría realiza en la actualidad tienen el objetivo de corroborar o descarta malos manejos en los recursos enviados al Seguro Popular, así como la existencia de pagos irregulares, recursos no transferidos y cuotas sindicales malversadas.
Sin embargo, en el rubro de cuotas sindicales malversadas, el monto podría duplicarse, debido a que la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) denunció que el gobierno del estado utilizó mil millones de pesos obtenidos a través de retenciones a la nómina de los más de 12 mil agremiados a esa organización, para pagar el sueldo del personal de confianza contratado durante éste y el anterior gobierno.
Los recursos desviados, contemplados en el rubro de Pago a Terceros Institucionales y no Institucionales, debieron haber sido canalizado a las cuentas de ISSSTE, Fovissste, fondo para el retiro, créditos hipotecarios y otros servicios y financiamientos obtenidos por los obreros a través de su nómina.
Las autoridades efectuaron los descuentos de manera puntual, pero nunca los transfirieron a las cuentas correspondientes.
Inhabilitado, pero no enjuiciado
Tras ser comprobados nuevos actos de malversación de recursos, el exsecretario de Salud de Oaxaca, Germán Tenorio Vasconcelos, recibió en septiembre pasado una inhabilitación acumulada de 80 años –cuatro sanciones de 20 años cada una– para ocupar cualquier cargo público por parte de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
De acuerdo con el titular de la dependencia, Luis Felipe Cruz López, la autoridad confirmó malos manejos por el orden de los 81 millones de pesos durante la gestión del ex servidor público, quien, en 2014, un año antes de su renuncia, se hizo de un avión para uso privado, valuado en 3.5 millones de pesos, y cuya propiedad ocultó en sus declaraciones patrimoniales.
En entrevista, Cruz López indicó que las nuevas sanciones se sumaron a dos suspensiones más –una por tres y otra por 10 años–, que fueron resueltas a comienzos de año y que, según el gobierno, ya han sido ratificadas tanto por la Contraloría como por tribunales en materia administrativa.
Cuestionado sobre la poca trascendencia de las resoluciones emitidas por la secretaría a su cargo, luego de que los exservidores públicos no reciben castigo de cárcel después de ser inhabilitados, Luis Felipe Cruz indicó que una vez que las instancias jurisdiccionales ratificaran las sanciones, las autoridades podrían proceder judicialmente en contra de Tenorio Vasconcelos. Esto, hasta el momento, no ha sucedido.
Asimismo, indicó que con los últimos dictámenes la dependencia a su cargo concluyó los seis expedientes abiertos en contra de la gestión del ex secretario de Salud, entre diciembre de 2010 y julio de 2015.
Después de su dimisión, se llegó a especular que el funcionario había incurrido en un desvío de 2 mil millones de pesos, que a la postre no se confirmó legalmente.
Impunidad
Uno de los mayores escándalos en torno a la figura del político priista estalló cuando fue revelado que el entonces titular de Salud poseía un avión tipo Cessna Aircraft con matrícula XB-LKO y número de serie 340-0230, adquirido a un precio de 3.5 millones de pesos a la Inmobiliaria Tenorio SA de CV.
Además, los expedientes refieren que Tenorio Vasconcelos contrató de manera irregular a su hija, Daniela Tenorio Bernal, quien cubría una plaza y estaba comisionada para trabajar en un centro de salud con un salario de 4 mil pesos mensuales.
Otros Mil 200 funcionarios
Acusados de malversación
Encabezados por el exsecretario de las Infraestructuras, Netzahualcóyotl Salvatierra, y el exdirector del CAO, José Luis Pinacho, alrededor de mil 200 funcionarios y ex funcionarios del gobierno estatal están siendo investigados por la misma Secretaría de la Contraloría por incurrir en presuntos actos de malversación de recursos y ejercicio indebido de funciones.
Sin embargo, en estos casos, el titular de la dependencia se negó a precisar el nombre de todas las entidades en las que han sido detectadas estas irregularidades, así como el monto del recurso comprometido, aunque sí refirió que, además de los dos mencionados, están involucrados subsecretarios, directores y exsubsecretarios de esta administración.
En entrevista, dijo que en caso de comprobarse estas anomalías, los involucrados podrían recibir diversos tipos de sanciones, incluidas inhabilitaciones de entre 15 y 20 años para ejercer cargos públicos.
Sobre el caso de Salvatierra, indicó que existen tres procedimientos abiertos en su contra, de los que tampoco quiso dar pormenores, bajo el argumento de que le era prohibido por la ley de protección de datos personales.
Ante la insistencia de este medio de comunicación, subrayó que estas resoluciones deberán ser emitidas antes de que concluya la actual administración
En el caso de José Luis Pinacho, sería la segunda sanción en su contra luego de la recibida a finales de 2015, cuando fue inhabilitado por 10 años, luego de que fue comprobado que asignó de manera directa diversas obras, en un atentado a la normativa vigente en esta entidad.
Opacidad, el sello del gobierno
De los 62 mil 234.4 millones de pesos que la Federación transfirió a esta entidad en todo 2015, ni el gobierno estatal ni los gobiernos municipales entregaron cuentas pormenorizadas sobre qué hicieron con el recurso ni cómo resultó beneficiada la población, confirmó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través del informe final sobre el ejercicio fiscal del año pasado divulgado en la página Transparencia Presupuestaria.
Con una evaluación de .48, donde cero es pésimo y 1.0 excelente, los reportes financieros proporcionados por esta entidad fueron considerados por el Índice de Calidad en la Información de la SHCP como los segundos más deficientes de México, detrás de Guerrero, que obtuvo una calificación de .35.
Lo anterior significa que las autoridades no acreditaron el buen uso de al menos la mitad del dinero del que dispusieron durante el pasado ejercicio fiscal.
Los montos canalizados a esta entidad se dividieron de la siguiente forma: 2 mil 219 millones 300 mil pesos para Protección Social en Salud; 3 mil 556 millones 600 mil pesos por Convenios de Descentralización; 5 mil 614 millones 500 mil pesos por Provisiones Salariales y Económicas y Otros Subsidios; 16 mil 216 millones 600 mil pesos por Participaciones a Entidades Federativas y 34 mil 627 millones 300 mil pesos por concepto de Aportaciones a Entidades Federativas.
De toda la información proporcionada por las autoridades oaxaqueñas, 25 por ciento estuvo relacionada con reportes financieros, 25 por ciento con balances de indicadores y 50 por ciento con gestión de proyectos, precisó la SHCP a través del portal Transparencia Presupuestaria, al que cualquier ciudadano puede acceder a través de la liga http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas.
De acuerdo con Hacienda, los gobiernos estatales y municipales tienen la obligación de reportar cada tres meses el uso que le dan a los recursos que reciben para ejecutar obras y combatir la pobreza.
De los cinco estados mexicanos que, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), concentran la mayor cantidad de ciudadanos en condición de pobreza y pobreza extrema, Guerrero, Oaxaca y Michoacán aparecen como las entidades con las peores rendiciones de cuentas del país, con un índice de .35, .48 y .49, respectivamente, lo que las coloca en las posiciones 32, 31 y 30 a nivel nacional.
