La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició una investigación por la denuncia de representantes de comuneros de Santo Domingo Ixcatlán, ante la determinación del Registro Agrario Nacional (RAN) y del Registro Civil para dar por fallecidos a más de mil comuneros, entre ellos, a 22 habitantes beneficiarios de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El titular del organismo autónomo, Bernardo Rodríguez Alamilla informó que la DDHPO inició el expediente DDHPO/1007/(25)/OAX/2021 y solicitó información a las autoridades señaladas como responsables, para analizar la posible comisión de violaciones a derechos humanos de los servidores públicos de las dos dependencias, fundamentalmente, relacionados con la vulneración del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica de personas quienes aún se encuentran vivas.
“Esto, tendría como consecuencia desconocer la posibilidad de las mismas a ser titulares de derechos y deberes, sobre todo, los concernientes a su carácter de persona comunera”, señaló.
Además, subrayó que resulta fundamental investigar y aclarar este tipo de actos, pues según las propias autoridades agrarias en Oaxaca, el 76 por ciento del territorio es propiedad social, equivalente a siete mil 200 millones de hectáreas, lo cual implica darle certeza jurídica a la tenencia de la tierra y con ello, evitar posibles conflictos agrarios o sociales al interior de las comunidades o con otras.
«Inestabilidad social en los territorios»
Destacó que a la DDHPO preocupa la obligación de las autoridades para proteger el derecho a la personalidad jurídica de las personas en la entidad, pues en un Estado de Derecho, esta prerrogativa se convierte en base para el ejercicio de otros derechos.
Aparte de esto, recordó que en días pasados, también recibió la queja de los hermanos Gómez Conzatti, quienes señalaron la actuación irregular del Registro Civil, por robo de identidad.
Detalló que entre 2018 y hasta el primer semestre de 2021, se han documentado 105 quejas relacionadas con actos constitutivos de violaciones a derechos humanos cometidos por servidores públicos del Registro Civil, entre estos, los relacionados con la seguridad jurídica, legalidad, identidad, petición y pronta respuesta, así como derechos de la comunidad LGBTTTIQ+.
De esta manera, pidió a las diferentes autoridades encargadas de reconocer y proteger la personalidad jurídica de las personas, actuar con responsabilidad en los actos jurídicos que les toca validar y buscar desterrar las prácticas contrarias a ello, pues no hacerlo, además de las sanciones administrativas o penales, se generan serios perjuicios a las personas físicas o colectivas agraviadas y en no pocos casos, profunda inestabilidad social en los territorios.
