El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reformas para tipificar como delito electoral el condicionamiento de la ayuda humanitaria con fines electorales y sancionar hasta con nueve años de prisión a los servidores públicos que incurran en dicha acción.
El dictamen fue avalado con 394 votos por legisladores de las diversas fracciones parlamentarias para impedir que funcionarios lucren con el dolor y la necesidad de las personas en caso de desastres naturales.
La presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega, señaló que las reformas a la Ley General en Materia de Delitos Electorales buscan un cambio radical en el comportamiento de quienes hoy, usando una etiqueta de servidor público, se sirven de este tipo de bienes de ayuda humanitaria.
“Esperamos que no lleguen más desastres naturales, pero que en caso de que esto ocurra, tenemos la obligación de hacer que las leyes impidan que haya quienes obtengan un beneficio”, refirió Ortega del Partido Acción Nacional.
Por su parte la petistas Margarita García señaló que “con esta reforma se evitará que la ayuda humanitaria enviada a las personas afectadas por catástrofes se utilice para fines distintos, pero, sobre todo, para que se dé mayor certeza a los ciudadanos”.
El dictamen fue enviado a la Cámara de Senadores para que sea discutido y en su caso votado por el pleno. En el documento advierte de dos a nueve años de reclusión al servidor público que condicione la entrega de ayuda humanitaria a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición, o a la emisión del sufragio a favor de una opción dentro de la consulta popular.
