La Cámara de Diputados de Brasil comenzó ayer el debate sobre si se debe llevar a juicio político a la presidenta Dilma Rousseff, un tema que enfatiza la profunda división en el país más grande y la economía más poderosa de Latinoamérica.
En caso de que los legisladores aprueben la medida en una votación, el tema llegaría al Senado, donde se llevaría a cabo un juicio político que provocaría la suspensión inmediata de Rousseff como presidenta de Brasil.
El ambiente en la cámara baja estaba muy cargado al inicio de la sesión, cuando los opositores de Rousseff se vistieron con listones amarillos y verdes, y mostraron pancartas que decían “¡Destitución ahora!”.
Los legisladores que respaldan el juicio político, alegan que el gobierno de Rousseff violó normas fiscales al manipular los libros contables en un intento por recabar apoyo popular. Sin embargo, muchos de quienes promueven la acusación enfrentan a su vez graves acusaciones de corrupción, lo que ha causado que Rousseff y sus seguidores denuncien que todo el proceso es un descarado intento de sus enemigos para hacerse del poder.
Los defensores de Rousseff insisten en que la mandataria no hizo nada ilegal y que recurrió a las mismas reglas contables usadas por presidentes anteriores.
Miguel Reale Junior, autor de la petición de destitución, dijo que las acciones de Rousseff provocaron directamente los males que ahora son una plaga para el país, como la elevada inflación y las devaluaciones periódicas del real brasileño ante el dólar estadounidense en meses recientes.
“¿Me van a decir que eso no es un delito?”, preguntó Junior.
El procurador general José Eduardo Cardozo disputó exactamente eso al advertir en su apasionado discurso ante la cámara, que debido a que Rousseff no había cometido delito alguno, su juicio político constituiría un acto de “violencia sin precedentes” contra la democracia y el pueblo brasileño.
Rodeado de personas con pancartas que mostraban una Constitución rota y rasgada, Cardozo insistió en que todo el juicio político era un acto de venganza personal contra Rousseff de parte del presidente de la Cámara, Eduardo Cunha.
Cunha, considerado la fuerza impulsora detrás del juicio político, ha sido implicado en la investigación sobre el pago de sobornos en Petrobras, así como en otras redes de corrupción.
El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva dio a conocer un video en que advirtió a los legisladores que el juicio político dificultaría aún más abordar los males del país.
“Derrocar un gobierno que fue elegido democráticamente sin ninguna prueba de delito fiscal alguno, no va a resolver nada”, afirmó Lula. “Lo único que logrará es profundizar las crisis”.
