Pascal BELTRÁN DEL RÍO/Excélsior
El río San Juan nace en el municipio de Buenavista de Cuéllar, en el norte de Guerrero.
De ahí, se desplaza hacia el poniente y luego hacia el sur. Pasa por Iguala, donde recibe fuertes descargas de contaminantes, y continúa su curso hacia Cocula. Atraviesa todo ese municipio para desembocar en la presa Nuevo Balsas.
En un paraje de la comunidad Puente Río San Juan, al sur de la cabecera municipal, la Procuraduría General de la República (PGR) dice haber encontrado una bolsa con fragmentos óseos que habrían sido lanzados al afluente por quienes mataron e incineraron a los 43 normalistas secuestrados en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.
De acuerdo con la investigación, los restos fueron hallados allí el 29 de octubre. Pesquisas en ese lugar y en el basurero de Cocula –dice la PGR– dieron con más de 60 mil fragmentos de huesos y dientes, de los cuales 17 fueron enviados a la Universidad de Innsbruck para ser analizados y tratar de determinar, mediante estudios de ADN, si correspondían a los estudiantes desaparecidos.
El primer análisis, a principios de diciembre, ligó uno de los fragmentos con el normalista Alexander Mora Venancio. Un segundo análisis, más complejo y tardado, ligó otro fragmento con su compañero Jhosivani Guerrero de la Cruz.
Aunque esos dos hallazgos prueban –hasta donde llega la ciencia– que Moray Guerrero fueron asesinados, no han servido para generar en todos confianza en la conclusión más importante de la PGR: que los normalistas desaparecidos murieron a manos de un grupo delictivo, los Guerreros Unidos, luego de que se los entregaran policías municipales que trabajaban para ellos.
La discusión se ha centrado en si esto ocurrió como dice la PGR que ocurrió. Es decir, que fueron asesinados en el basurero de Cocula –distante unos 2.5 kilómetros, en línea recta, de la comunidad de Puente Río San Juan–; que sus cuerpos fueron incinerados en el mismo lugar, y que, luego, sus restos fueron triturados, colocados en bolsas de basura y tirados al río.
Un peritaje realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, concluyó que los 43 cuerpos no pudieron haber sido calcinados en el basurero, de la forma en que lo relataron los testigos y autores materiales del crimen ante el Ministerio Público.
Ese peritaje, a cargo del experto peruano José Luis Torero, choca con otros peritajes, de la UNAM y otras instituciones, que forman parte del expediente de la investigación, de 123 tomos.
En cuanto el GIEI dio a conocer su informe, surgieron comentarios en la opinión pública en el sentido de que la llamada “verdad histórica” de la PGR se había derrumbado.
Sin retractarse de las conclusiones de su investigación, la PGR ofreció incorporar las conclusiones del informe del GIEI, a pesar de las contradicciones entre los peritajes respecto de lo sucedido en el basurero.
Esas conclusiones aún no han sido enviadas al Poder Judicial para su conocimiento e inclusión en el expediente de la acusación contra más de 100 personas.
El miércoles por la noche, al dar a conocer los resultados del análisis de ADN mitocondrial que ligaron un fragmento óseo a Jhosivani Guerrero de la Cruz, la procuradora Arely Gómez reiteró que los restos fueron hallados en el río. Con ello, la funcionaria suscribió la investigación de su antecesor, al menos en ese punto.
Se ha convertido en cuestión de fe si los normalistas, o algunos de ellos, fueron asesinados en el basurero e incinerados allí mismo.
También es cuestión de fe si los restos aparecieron en el río, que, insisto, está a 2.5 kilómetros del basurero.
Lo que no es cuestión de fe, a menos de que se dude del GIEI, es que policías municipales atacaron a los normalistas y desaparecieron a 43 de ellos.
Tampoco es cuestión de fe, a menos de que se dude de la Universidad de Innsbruck, que a Mora y a Guerrero los mataron, para luego quemar y deshacer sus restos.
Lo importante es que hay dos asesinatos probados y –hasta ahora– 41 desapariciones por resolver.
Lo importante es exigir castigo por esos crímenes, no las cuestiones de fe ni el uso político de la noche de Iguala.
