La apertura del sector a la inversión privada, impulsada por el Gobierno federal, se hará realidad tras un año de choques, negociaciones y prolongados debates en las cámaras de Diputados y Senadores. El reto llevar a la práctica los nuevos preceptos constitucionales, sostiene el Presidente de la República
Agencias
CIUDAD DE MÉXICO.- El 12 de agosto de 2013, el presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer la propuesta más emblemática y controvertida de su gobierno: una iniciativa para reformar la Constitución y abrir el sector energético a la inversión privada nacional y extranjera, un cambio de 180 grados en el marco jurídico vigente desde la expropiación petrolera de 1938.
La reforma constitucional se concretó en diciembre pasado, gracias a una alianza legislativa entre el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), y esa misma unión consiguió que las leyes secundarias que completan la nueva normatividad para el sector energético quedaran aprobadas este mes y fueran promulgadas por el mandatario el lunes 11 de agosto.
El mandatario sostuvo con las leyes y la reforma constitucional se “acelerará el crecimiento económico y el desarrollo de México en los próximos años” garantizando que la nación conserva la propiedad de los hidrocarburos.
“Reafirmamos que la reforma preserva y asegura la propiedad de la nación sobre Pemex, CFE, los hidrocarburos en el subsuelo y la renta petrolera”, dijo.
En Palacio Nacional, Peña Nieto indicó que con estas medidas se reactiva la industria eléctrica y petrolera en favor de México, ya que “es un nuevo modelo de crecimiento para Pemex y CFE, que siguen siendo empresas del Estado pero con más autonomía”.
“Esta nueva legislación representa un cambio histórico que acelerará el crecimiento económico y el desarrollo de México. (…) Los cimientos están puestos, aprovechemos esta nueva e histórica plataforma”, dijo Peña Nieto en la ceremonia de promulgación en Palacio Nacional, un acto al que asistieron líderes de partido, legisladores, miembros del gabinete presidencial y gobernadores.
Entre estos últimos estuvo un gobernador de la izquierda, Ángel Aguirre, de Guerrero, así como tres que llegaron al cargo gracias a alianzas entre la izquierda y el PAN: Francisco Vega, de Baja California; Gabino Cué, de Oaxaca, y Rafael Moreno Valle, de Puebla.
No acudieron el gobernador de Morelos, Graco Ramírez; ni el de Tabasco, Arturo Núñez, ni el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, todos ellos de izquierda y quienes sí han asistido a las ceremonias de promulgación de otras reformas.
Por la noche, el presidente Enrique Peña Nieto emitió un mensaje en cadena nacional en el que enlistó los beneficios que promete con la reforma energética.
Agregó que en la página reformas.gob.mx, en línea se publica la información sobre los motivos y los resultados de las propuestas que ha presentado desde que inició su mandato.
La reforma energética
Con la publicación de estas últimas nuevas leyes —que ocurrió el mismo lunes 11 de agosto, en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación—, podrá comenzar la instrumentación de la reforma energética.
Por ejemplo, el Estado podrá iniciar licitaciones para particulares interesados en explorar y explotar hidrocarburos en suelo mexicano, y empezarán a correr los plazos para que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se conviertan en empresas estatales productivas que compitan con las compañías privadas que llegarán al país.
La concreción de todos estos cambios estuvo marcada por tensiones entre el gobierno federal y los principales partidos, incluso desde antes de que la iniciativa de reforma constitucional fuera enviada al Congreso de la Unión.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD), principal fuerza de la izquierda, advirtió que se opondría a cualquier propuesta que considerara “privatizadora” de los recursos energéticos.
La dirigencia y los legisladores perredistas mantuvieron esa postura durante los debates de la reforma constitucional y de las leyes secundarias, exigieron que sus argumentos fueran escuchados —lo que derivó en que numerosas sesiones en el pleno de las cámaras se prolongaran más de 20 horas—, y aunque reconocieron que fueron derrotados en las votaciones, afirman que buscarán revertir los cambios en 2015 a través de una consulta popular.
“Estamos en una nueva etapa de nuestra campaña en todo el país para recabar millones de firmas que obliguen a una consulta popular que eche para abajo estas reformas tan dañinas para el pueblo de México”, dijo el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, en un pronunciamiento emitido el 7 de agosto.
“Será en esta consulta popular en donde las mexicanas y mexicanos aseguraremos el futuro soberano de la nación con un NO rotundo a la privatización de nuestros recursos energéticos”, agregó el perredista en su mensaje, un día después de que el Senado aprobara la última ley secundaria pendiente.
Por otra parte, si bien la alianza entre el PRI y el PAN se mantuvo para sacar adelante este nuevo marco jurídico, la relación entre ambos partidos no estuvo exenta de jaloneos.
Entre diciembre pasado —cuando se discutió la reforma constitucional— y junio de este año —cuando empezó el análisis de las leyes secundarias en comisiones del Senado—, los panistas condicionaron el debate energético al menos tres veces.
Los temas en común en las tres ocasiones fueron que primero se discutieran las reformas en política y telecomunicaciones, que los estados armonizaran su legislación electoral local a la nueva normatividad federal, y que el PRI accediera a retomar propuestas del PAN en materia de energía.
Al final, todas estas condiciones se cumplieron y el PRI, por ejemplo, aceptó integrar al nuevo marco jurídico propuestas panistas como crear un Fondo Mexicano del Petróleo, que reciba y administre todos los ingresos derivados de los hidrocarburos.
La dirigencia y los legisladores del PAN afirman que esto representa una “victoria cultural” de su partido, una fuerza política históricamente partidaria de la apertura en el sector energético.
En contraste, desde su fundación en 1929 el PRI había sido contrario a esta posibilidad, hasta que en marzo de 2013 —cuatro meses después de que Peña Nieto asumió la presidencia—, su Asamblea Nacional modificó sus documentos internos para permitir que sus bancadas en el Congreso votaran reformas en ese sentido.
Con la reforma energética y sus leyes secundarias, Peña Nieto completa la séptima reforma estructural del mandato que arrancó el 1 de diciembre de 2012. Las seis restantes son la educativa, la de telecomunicaciones, la fiscal, la financiera, la de transparencia y la de materia político-electoral.
El propio mandatario afirma que estos cambios conforman un “ciclo transformador” que busca convertir a México en una potencia global que crezca a un ritmo del 6 por ciento anual.
Sin embargo, según dijo en un acto público el pasado 11 de julio, también reconoce que el reto que ahora enfrenta su gobierno —próximo a cumplir dos años— es “llevar a la práctica los nuevos preceptos legales y asegurarnos de que éstos se conviertan en verdaderos facilitadores del desarrollo”.
