Antes de firmar su dimisión, el hoy ex titular de los Servicios de Salud de Oaxaca acusó a la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud de obstaculizar las indagatorias para dar con los responsables del saqueo por seis mil millones de pesos, que hundieron en su peor crisis a esa institución
David Méndez
Un mes después del comienzo de una serie de protestas callejeras y un paro parcial de actividades en clínicas y hospitales de todo el estado, promovidos por integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud (SNTSA), Juan Díaz Pimentel aceptó el viernes pasado renunciar a su cargo como titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).
Antes de irse, Díaz acusó al gremio de haber creado una “cortina de humo” que impidió “investigar y llegar a los responsables del saqueo” que, según sus denuncias, fue fraguado al interior de la dependencia durante las dos anteriores administraciones, que fueron encabezadas por Gabino Cué y Ulises Ruiz.
Durante un mes, Díaz Pimentel fue sostenido contra viento y marea por la actual administración estatal, luego de que el pasado 15 de enero –una semana después de arribar al puesto — anunció el despido de 2 mil 300 trabajadores eventuales que de acuerdo con sus observaciones habían sido contratados de manera irregular durante los últimos 12 años.
También afirmó que serían eliminadas de la nómina mil plazas que eran ocupadas por aviadores –personas que cobran sin trabajar—.
Los dos puntos anteriores provocaron que las secciones 35, 73 y 94 del SNTSA comenzaran una serie de movilizaciones, que incluyeron la suspensión de actividades, marchas, bloqueos y la distribución de volantes en las ocho regiones de la entidad.
En primera instancia, los sindicalistas aseguraron que los 2 mil 300 puestos catalogados como ilegales por Díaz Pimentel eran ocupados por médicos y enfermeras comisionados en clínicas y hospitales rurales.
Días después, a través de redes sociales, fueron divulgaron videos de aquel personal laborando en diversos centros médicos, incluido el hospital de San Miguel Soyaltepec, donde tres integrantes de la plantilla despedida atendieron el alumbramiento de un infante.
Sobre los puestos de aviadores, la organización, aseveró que podía comprobar que 300 plazas dadas de alta por el sindicato estaban a cargo de personas comisionadas en una jurisdicción distinta a donde firmaron su contrato y, luego, acusó que los 700 puestos restantes correspondían a supuestos trabajadores que, en realidad, eran amigos, familiares o parejas sentimentales de funcionarios y ex funcionarios.
Al denunciar un agravio a sus derechos laborales, los obreros demandaron la destitución de Juan Díaz Pimentel.
La dimisión
Al respecto, en su carta de dimisión, Díaz sostuvo: “Intereses que apuestan a la impunidad crearon una cortina de humo que impidiera investigar y llegar a los responsables del saqueo al que han sometido a los SSO, haciendo un paro de labores injustificado sin importarles lastimar la salud de los oaxaqueños”.
Y agregó: “El objetivo fue claro: evitar que la sociedad conociera la verdad que nos permitiera llevar a los responsables ante la justicia y partir de ahí, hacer un programa de reordenamiento que le diera viabilidad a tan importante secretaría”.
Asimismo, apuntó que debido a que su presencia “resulta el pretexto para continuar con sus acciones desestabilizadoras” y porque no deseaba ser señalado como “responsable del caos que vive esta noble institución (sic), he presentado hoy (16 de febrero) mi renuncia con carácter de irrevocable”.
Horas después, el gobernador, Alejandro Murat, aceptó la dimisión del funcionario, cercano a José Murat, padre del actual mandatario, y en su lugar nombró a Donato Augusto Casas Escamilla, quien en la actual administración se desempeñó como subsecretario de Desarrollo, Control de la Gestión Pública y Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría de Administración.
Las acusaciones
Veinte días antes de su despido, cuando las protestas en su contra estaban a punto de cumplir dos semanas, Juan Díaz descartó dar marcha atrás con los ceses anunciados.
Haber mantenido en nómina durante 12 años a ese grupo de 3 mil 300 personas, dijo, le ha generado a la entidad una deuda de 6 mil millones de pesos con la Secretaría de Hacienda, debido a que esos sueldos eran pagados con las aportaciones al ISSSTE hechas por el personal de base y que fueron malversadas durante los sexenios de Ulises Ruiz y Gabino Cué.
A ello, apuntó Díaz, a través de una videograbación difundida por el gobierno estatal, se suma un déficit de mil 700 millones de pesos que las autoridades deberían subsanar para continuar manteniendo esos puestos de trabajo.
El funcionario, que desempeñó el mismo cargo durante las administraciones de Diódoro Carrasco y José Murat, padre del actual gobernador, Alejandro Murat, agregó, además, que no ejecutar ningún tipo de acción ante esas irregularidades provocaría que el pasivo por nómina crezca durante los próximos cinco años hasta 15 mil millones de pesos.
“En los dos últimos sexenios, hubo desvíos millonarios, creciendo la nómina de manera exponencial hasta llegar a 18 mil trabajadores; 2 mil 300 contratados de manera irregular. Estas nóminas se pagaban usando dinero de las obligaciones que tenían que entregarse al ISSSTE, dejando en la indefensión a los trabajadores de base e incumpliendo con los compromisos a la Secretaría de Hacienda”, dijo.
Luego, refirió que el cese de los 3 mil 300 obreros “irregulares” le permitirán al Gobierno de Oaxaca un ahorro de 120 millones de pesos al mes, que “equivale al costo de 400 mil consultas de medicina general y 170 mil de especialidades”.
Se queda asesor
de Celestino Alonso
El viernes por la mañana, el gobierno de Oaxaca nombró como encargado del despacho de los SSO a Donato Augusto Casas Escamilla, quien el año pasado, se desempeñó como asesor de Celestino Alonso Álvarez, cuando éste se mantuvo al frente de la misma dependencia.
Durante su estancia en los Servicios de Salud, Alonso Álvarez nunca denunció, al menos públicamente, las irregularidades que Díaz Pimentel señaló y que le costaron el puesto.
Además de asesor de los SSO, Casas Escamilla, de acuerdo con información hecha llegar a este medio, es amigo del mandatario Alejandro Murat, quien en 2016 le había otorgado el puesto de subsecretario de Desarrollo, Control de la Gestión Pública y Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría de Administración.
Antes de pertenecer al gobierno Estatal se desempeñó como secretario de Finanzas y Administración y tuvo otros cargos en el Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El año pasado, Augusto Casas Escamilla fue desconocido como interlocutor del sector salud de la entidad por parte del Sindicato de Independiente de Trabajadores y Profesionales en Salud (SITyPS).
Ahora, el mismo funcionario estará al frente de las negociaciones entre el gobierno estatal, el gobierno federal y la Sección 35 del SNTSA, que hasta el sábado, pese a la renuncia de Díaz, se negada a reanudar actividades.
