La malversación de recursos de autoridades estatales y municipales, aunado al contubernio de funcionarios y agentes de seguridad con bandas delictivas, impiden frenar la ola de violencia que actualmente azota a esta entidad y que amenaza con convertir al 2018 en el año más sangriento de la última década. Ante ello, legisladores del PAN, PRD y Morena exigieron realizar una limpia entre las corporaciones policiacas y replantear las estrategias de combate al crimen antes de que las instancias gubernamentales quedan colapsadas, lo que ha sucedido en estados como Guerrero, Morelos y Michoacán
David Méndez
La corrupción de los presidentes municipales y del gobierno estatal, que desvían los recursos que deberían ser destinados a la seguridad pública, así como la infiltración del crimen organizado en las corporaciones policiacas, han provocado la ola delictiva que prevalece actualmente en Oaxaca y que durante el primer cuatrimestre de 2018 se tradujo en un incremento de 24 por ciento en el número de asesinatos, coincidieron diputados de las cuatro principales fuerzas políticas del Congreso local.
En entrevistas por separado, a tres semanas de la ejecución a tiros de la candidata del PRI a segunda concejal por Juchitán de Zaragoza, Pamela Terán, los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) acusaron que tanto la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) como la Fiscalía General del Estado han quedado rebasadas por el fenómeno delincuencial, por lo que urgieron una limpia al interior de las distintas corporaciones policiales y una inmediata reestructuración de las tácticas de prevención e investigación de los delitos, antes de que ambas instancias queden colapsadas.
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De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la actual tendencia criminal que se suscita en el estado –con un promedio de 85.5 carpetas de investigación por homicidio doloso abiertas de manera mensual— perfilan al 2018 como el año más violento de la última década y como el séptimo más violento desde 1997 –cuando el gobierno federal comenzó el registro sistematizado de los delitos del fuero común–.
Entre enero y abril pasados, la Fiscalía comenzó un total de 342 carpetas de investigación por asesinatos: 68 en enero, 84 en febrero, 95 en marzo y 102 en abril. De mantener esa tendencia, la entidad podría cerrar el año con alrededor de mil 44 expedientes abiertos por muertes violentas.
Hasta el momento, los registros históricos del Secretariado Ejecutivo colocan al año 2003 como el más sangriento de la historia reciente a nivel estatal, con mil 571 averiguaciones previas iniciadas por homicidio doloso; sigue el 2002, con mil 427; el 2000, con mil 292; 2004, con mil 130; 2006, con mil 77, y 2005, con mil 53.
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El presidente de la Comisión de Protección Ciudadana del Congreso de Oaxaca, el priista Manuel Rafael León Sánchez, admitió que un sector de las policías municipales, estatales y federales que actúan en territorio estatal se han aliado con la delincuencia, lo que impide que el combate contra las bandas criminales sea eficiente.
A ello, se suma la corrupción o, en el menor de los casos, la omisión de las autoridades municipales que no sólo se niegan a fortalecer a sus policías sino que subejercen o desvían los recursos que les son ministrados para tales fines.
–¿La Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado están rebasadas (en la lucha contra la delincuencia)?, consultó Real Politik.
–Tenemos que reconocerlo. Rebasadas en el tema económico. No dudo, que haya gente muy capaz en las diferentes instancias, pero también hay gente que no hace su trabajo con honestidad y eso lleva al traste (y provoca) que la delincuencia se esté disparando, respondió el dos veces edil de San Pedro Mixtepec.
–¿Se infiltró la delincuencia en las policías?
–Sí. Por más esfuerzos que se haya hecho por tener una policía limpia, una policía certificada, creo que nos falta mucho, añadió el legislador por el distrito local número 20 y quien participa en las reuniones mensuales del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
–Existen varios antecedentes, como el de aquellos policías estatales que en 2017 tomaron por asalto un rancho en Tuxtepec, anotó este medio.
–Y pasa todos los días. La Policía Vial, vienen las vacaciones y tú ves a los agentes prácticamente extorsionando a quienes visitan al estado. Nosotros que transitamos el estado como oaxaqueños también somos víctimas de eso… ves a las policías municipales, estatales y federales coludidas…
–¿Las instituciones van hacia el colapso?
Yo creo que no. Espero que no. Yo espero que todos atendamos hoy (este problema).
Alcaldes corruptos
León Sánchez culpó a los alcaldes oaxaqueños de ser el primer eslabón que fomenta la impunidad y la corrupción entre las instituciones de seguridad, al subejercer o malversar los recursos que les son otorgados para hacer más eficientes los cuerpos policiales.
Como ejemplo, reveló que las autoridades de Juchitán de Zaragoza, donde el pasado dos de junio fue asesinada la priista Pamela Terán y dos acompañantes, entre ellos la comunicadora María del Sol Jarquín, hija de la periodista oaxaqueña Soledad Jarquín, renunció a un apoyo de 10 millones de pesos que recibía de la Federación por medio del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).
–Aquí tenemos datos donde los ayuntamientos, los presidentes municipales no cumplen con sus obligaciones, reiteró el priista.
»Juchitán, que estaba (inscrito) en el Fortaseg y recibía 10 millones de pesos para la seguridad pública, dejó de ejercerlos, y eso generó que los recursos se le retiraran y se los llevaran a otro destino, como es Huatulco; (dejas) un hueco impresionante, un socavón podrías decir como lo es Juchitán, denunció.
Aquel territorio, que hasta antes del actual proceso electoral era gobernado por la perredista Gloria Sánchez –que hoy busca una diputación local por Morena—fue calificado, en mayo de este año, como el noveno municipio más peligroso del país, con 95.1 homicidios por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con estadísticas del SESNSP.
Antes, en 2015, una medición del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal colocó a aquella ciudad zapoteca como la cuarta más violenta de México por sus elevados índices en la comisión de delitos como asesinatos (55.88 por cada 100 mil habitantes –39.3 menos que en la actualidad–), violación, lesiones y extorsión.
–¿Lo de Juchitán (la no aplicación de recursos), pasa en todos los municipios?
–Pasa en todos los municipios, que no se cumple con la ley… Hay municipios que tienen en la nómina 100 policías, me decía el Secretario (de Seguridad Pública), pero (en realidad) dados de alta en el servicio profesional tienen 10 o 20 policías.
–¿Cómo cuáles municipios?
–Por ejemplo, Santa Lucía del Camino, Xoxocotlán, Tlacolula…
–Todos ellos son municipios tipificados con alta delincuencia.
–Sí, son municipios, chiquitos grandes; todos están…
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A su vez, el líder de la bancada del PRD, Toribio López Sánchez, calificó como “una descomposición muy terrible en la sociedad” la ola delictiva que se registra en el estado.
–¿Usted ve riesgo de que se intensifiquen los hechos violentos?
–Hay zonas que nos preocupan, como la Cuenca del Papaloapan, la Costa y la zona del Istmo de Tehuantepec.
–El Fiscal y el Secretario de Seguridad han negado que existan células del crimen establecidas en Oaxaca, cuando los hechos parecen decir otra cosa, ¿qué opina el respecto?
–No pueden defender lo indefendible. Más bien, ellos deben articular una estrategia, ponerse a trabajar de forma organizada para que articulen una estrategia en materia de seguridad que le devuelva la paz y la tranquilidad a los oaxaqueños.
Durante la entrevista, López, quien también se desempeña como Presidente de la Comisión de Programación y Presupuesto, refirió cifras similares a las de Real Politik, aunque el legislador consideró que el incremento de los actos delictivos había sido de 29 por ciento.
“Algo está fallando y algo se tiene que hacer en ese tema”, subrayó.
¿Por qué la Fiscalía y la SSP asumen esa postura (de desestimar las cifras de violencia)?
–No pueden continuar en esa dinámica, y eso también es responsabilidad fundamental del Poder Ejecutivo del estado, exigir cuentas a sus funcionarios, sobre todo al Secretario de Seguridad Pública; hay que decirlo, si hay temas allá adentro que se tengan que hacer, que se hagan.
Al igual que Manuel Rafael León, el perredista sostuvo que los cuerpos policiacos han sido infiltrados por la delincuencia.
¿Avalaría la destitución del titular de la Secretaría de Seguridad, como lo han solicitado organizaciones no gubernamentales tras los crímenes del dos de junio pasado?
–Yo no sé si sea producto sólo del Secretario porque hay mandos y si sus mandos no están operando como tal, él debiera saber qué está fallando.
»Mi insistencia es que es momento de que haya limpias internas que les permitan a ellos transitar; de lo contrario, estaremos viviendo cada día en un estado más caótico.
–¿Podemos caer en un Estado fallido?
Yo anhelaría que no, pero la violencia empieza a superar (a las instancias de gobierno); va escalando y eso es muy alarmante.
Quien sí se pronunció por “analizar” la destitución del titular de la SSP fue el líder del PAN, Juan Mendoza Reyes: “Me parece que es viable que el gobierno pueda hacer un alto para que se revise (su continuidad); faltan resultados, no hay avance en las investigaciones, (lo) que ha permitido el aumento de la comisión de delitos.
El legislador, quien actualmente contiende por una diputación federal, rechazó pronunciarse sobre la colusión de los cuerpos policiacos con bandas delictivas, aunque resaltó que “no se está haciendo nada por parte de los responsables de la seguridad”.
“Yo lo que veo es que hay un incremento de delitos del fuero común; insisto, es lo que le da miedo a los ciudadanos; el secuestro no ha disminuido; por el contrario, se ha elevado, al igual que los robos a casa habitación, los robos a transeúntes, la extorsión…”
–Pero la extorsión es característica de la delincuencia organizada.
–Sin duda, pero muchas veces, debo decirlo con toda honestidad, también aficionados, aprendices, o gente que nada tiene que ver con la delincuencia, se cuelgan de ahí para cometer ellos ese tipo de crímenes.
–¿Están colapsado el Estado?
–Está colapsado, hay una anarquía total, hay un desorden total, hay un gobierno omiso, irresponsable, que no está haciendo su chamba (sic).
Finalmente, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado y representante de Morena, Jesús Romero López, recriminó que se han quedado “cortas” las estrategias de prevención, persecución del delito e impartición de justicia.
El legislador, sin embargo, evitó pronunciarse sobre la viabilidad de destituir a los funcionarios involucrados en el aparato de justicia.
“Todo el sistema ha venido fallando en el estado de Oaxaca: el sistema que tiene la obligación de prevenir los delitos, de combatir la delincuencia, el tema de inteligencia policiaca, el tema de procuración; la Fiscalía no ha dado golpes certeros en el tema de la delincuencia común en Oaxaca.
“Las policías municipales son muy ineficientes, con poca capacitación, con poco parque vehicular, con poco armamento; ¿cómo combatir una delincuencia que está muy bien organizada con una policía, con una Fiscalía y con tribunales donde lo que impera es el dinero para que puedan salir libres los delincuentes?”, cuestionó.
Salvo Romero López, tres de los legisladores entrevistados se pronunciaron por reforzar la presencia de la Policía Federal, del Ejército y de la Armada de México en las regiones donde se ha agudizado la inseguridad, tal es el caso del Istmo de Tehuantepec, la Cuenca del Papaloapan, la Costa y la Mixteca.
Con ello, prácticamente se daría pie a la militarización del estado, ante la ausencia de un poder local capaz de contener la criminalidad.