El prolongado estiaje que padece la entidad y que golpea drásticamente al Istmo de Tehuantepec, donde 29 de los 212 municipios de la región enfrentan una sequía extrema, es producto, en parte, de políticas equivocadas que se han adoptado a lo largo del último medio siglo, señala el Patronato Pro Defensa y Conservación Natural y Patrimonial de Oaxaca (Pro-Oax). El organismo considera que los gobiernos han lucrado y malversado los recursos públicos destinados a la preservación del medio ambiente para favorecer a empresas, contratistas y a las propias autoridades; por obras monumentales que luego son abandonadas, se han dejado de lado proyectos que podrían sacar a Oaxaca de la crisis que enfrenta por falta de lluvias
David MÉNDEZ
La corrupción de los gobiernos federal, pero sobre todo de las últimas nueve administraciones gubernamentales, que durante los últimos 50 años han malversado los recursos que debieron haber sido utilizados en la preservación de los mantos freáticos, la construcción de presas de captación de agua y la adecuación de las redes de drenaje, ha provocado que la sociedad sufra en mayor medida los estragos por la sequía que actualmente afecta a territorio oaxaqueño.
El Patronato Pro Defensa y Conservación Natural y Patrimonial de Oaxaca (Pro-Oax), fundado por Francisco Toledo, calificó como una negligencia gubernamental el hecho de que el estado con la mayor biodiversidad del país se encuentre, en la actualidad, en una “profunda crisis” por falta de lluvias, con miles de pobladores clamando por agua en el Istmo de Tehuantepec, lo que se suma a la crisis del sector ganadero, donde al menos 2 mil reses han muerto este año de hambre y sed.
La correcta aplicación de mínimas políticas en pro del medio ambiente hubieran sido suficientes para evitar el brote de la sequía, que afecta directamente a 217 municipios del estado –29 de ellos con sequía extrema– y mantiene a otros 212 con escasez del líquido, acusó la organización no gubernamental.
Prácticas fraudulentas
Al respecto, el presidente de ProOax, José Márquez Pérez, sostuvo que en vez de preocuparse por hacer más eficientes los niveles de captación de agua, el gobierno estatal, desde la década de los 70s, se ha dedicado a perforar el subsuelo para crear pozos profundos de más de 100 metros, en una práctica “fraudulenta” que tiene como objetivo favorecer a contratistas y desviar recursos, pues, en realidad, el manto freático se localiza a no más de 25 metros de la superficie.
La inversión en pozos profundos no tiene sentido, añadió, porque la perforación rebasa los yacimientos y se incrusta en una placa de roca térmica que, paulatinamente, tapa el canal de suministro y, con el paso de los años, vuelve al pozo inservible.
Sin embargo, acusó que este ejercicio se mantiene vigente, pues se traduce “en jugosas” ganancias para empresarios y autoridades. En 2011, la perforación de un pozo profundo estaba valorada entre un millón y un millón 750 mil pesos.
El departamento de Comunicación Social de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (Sapao) no respondió a la petición de este medio sobre el monto de las inversiones hechas en la perforación de cada uno de los pozos que existen en la capital del estado, incluidos los dos nuevos ductos abiertos para afrontar la sequía de este año.
En ese contexto, el ex regidor de Oaxaca de Juárez vaticinó que los programas emergentes para combatir la sequía anunciados hace más de un mes por las autoridades federales y estatales servirán únicamente para “echar a la basura” recursos millonarios y no para resolver de raíz las políticas públicas “deficientes” que “atentan” contra el derecho humano al agua.
Recursos, a la basura
El 6 de abril, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, y el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Roberto Ramírez de la Parra, anunciaron la puesta en marcha del Programa de Atención a Emergencia por Sequía, mediante el cual se invertirían 345 millones de pesos para atender a 41 municipios de la región del Istmo de Tehuantepec.
Ambas autoridades informaron que del total del recurso asignado, 240 millones de pesos serían destinados para suministrar de agua potable a la población urbana de la región y 105 millones de pesos para llevar a cabo la rehabilitación y mantenimiento de 300 pozos, que permitiría apoyar a los agricultores y pescadores de la zona.
Conagua explicó, además, que para mitigar la sequía extrema que sufren 29 municipios istmeños, se llevaría a cabo la rehabilitación y mantenimiento de 120 pozos someros dentro del distrito de riego 019-Tehuantepec y 180 pozos para unidades de riego y pozos particulares en 19 municipios de esta zona.
Mentiras del gobierno
No obstante, a más de un mes de aquellos discursos, la realidad es otra.
En San Dionisio del Mar, en el distrito de Juchitán de Zaragoza, los más de cinco mil habitantes de la comunidad indígena denunciaron que carecen en su totalidad del suministro de agua, a pesar de los 240 millones de pesos prometidos para la dotación del recurso.
El domingo 14 de mayo, acusaron que durante las noches, a través de la red municipal, recibían sólo “unas cuantas gotas” del líquido, y ante sus quejas, la Comisión Nacional del Agua respondió con el otorgamiento de una pipa de 10 mil litros para toda la localidad; es decir, dos litros por ciudadano, según información divulgada por La Jornada.
Lo anterior ha provocado que los habitantes inviertan prácticamente todos sus ingresos semanales, obtenidos a través de la pesca y la venta de artesanías de palma, en comprar agua embotellada.
Recordaron que desde hace 15 años, con apoyo del gobierno estatal, las autoridades municipales instalaron una motobomba en los límites con Chicapa de Castro, donde se instaló una red hidráulica, a 18 kilómetros de San Dionisio del Mar; sin embargo en la actualidad, el equipo no funciona por la falta de mantenimiento y de la atención gubernamental.
Una semana antes, el 10 de mayo, ganaderos habían exigido a Conagua que los 105 millones de pesos etiquetados en el plan emergente para la rehabilitación de pozos fueran invertidos en el mantenimiento de pozos noria, que la mayoría de ellos tiene en sus ranchos.
Afirmaron que el 80 por ciento de los más de 800 usuarios de los módulos de riego 10, 11 y 12 del Distrito de Riego 019, cuentan con pozos noria “y sería menor la inversión para habilitarlos”.
Precisaron que cada pozo tendría una profundidad de 30 metros en promedio y un diámetro de perforación de ocho pulgadas, con un costo unitario de 350 mil pesos, que contemplan la perforación, equipamientos y ramal eléctrico. Con ello, se beneficiará al sector agrícola que comprende a 6 mil 250 familias y se atenderá más de 2 mil hectáreas, indicaron.
Los productores hasta el cierre de esta edición no habían tenido respuesta.
Escasez, culpa del gobierno
Ante ello, Pro-Oax afirmó que desde mediados de los 70, especialistas del centro del país, entre ellos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y más reciente de la Universidad de Chapingo, notificaron al gobierno de Oaxaca sobre las medidas que debía implementar para el mantenimiento de los mantos freáticos y, a la vez, conseguir un equilibrio sustentable del ciclo del agua.
José Márquez aseguró que, según las recomendaciones, no eran necesarias obras monumentales y costosas, como la presa Paso Ancho –que fue valuada en 3 mil 300 millones de pesos– o como a las que han tenido que recurrir los gobiernos del norte del país o algunas entidades de la Unión Americana para subsistir ante los embates climáticos.
De acuerdo con los dictámenes, las autoridades únicamente necesitan crear un sistema de represas en los principales escurrimientos del estado con el objetivo de que el agua sea «cultivada» y reinfiltrada en el subsuelo.
Es tal la riqueza natural de Oaxaca, considerada como un paraíso por productores europeos, que se afirmó que ninguno de sus habitantes debería sufrir por falta de agua ni haber resentido en gran magnitud los estragos por la ausencia de lluvia de los últimos tres años.
Así lo establece, por ejemplo, un proyecto que en 2015 le fue presentado al gobierno de Gabino Cué Monteagudo y que garantiza recuperar los niveles de los mantos freáticos de los Valles Centrales en un periodo de entre cinco y 10 años.
Bajo el nombre de Proyecto Hidropluvial para la Subcuenca de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Oaxaca “Primera Etapa”, los creadores garantizaron, de entrada, una producción de mil litros por segundo a través del aprovechamiento de una décima parte del agua que se genera en la parte alta de las cuencas de Tlacolula y Etla, sin tomar en cuenta la de Zimatlán de Álvarez.
Con una inversión total proyectada de 610 millones de pesos, el plan, cuya copia obra en poder de este medio, ofrece dotar diariamente de 150 litros de agua a los 607 mil 963 habitantes de la zona metropolitana de Oaxaca de Juárez que el Consejo Nacional de Población (Conapo) estima para 2020.
En la actualidad, los habitantes de la capital reciben un abasto diario de 49 litros.
Este proyecto se divide en 12 estrategias, que incluyen la construcción de 16 represas de roca, 12 represas de gaviones, tres jagüeyes y la realización de un desazolve para lograr la retención, infiltración y el aprovechamiento de aguas pluviales en las cuencas altas y medias.
Además, se contempla la instauración cuatro represas de roca, dos represas de gaviones, cinco represas más y un desazolve para garantizar el almacenamiento y aprovechamiento de aguas pluviales; la colocación de 19 plantas tratadoras, la renovación de las redes de distribución de agua, un proyecto de recolección de aguas pluviales en techos y patios públicos y una campaña de desazolve y recuperación de los ríos Salados y Atoyac.
Riqueza desaprovechada
De acuerdo con el plan, ideado por el activista Antonio González Roser, con el asesoramiento del especialista de la UAM, Ricardo Salas Colunga, y otros expertos de Pro-Oax, sólo los escurrimientos de San Felipe del Agua, San Agustín Etla y Tlalixtac de Cabrera tienen un potencial conjunto para generar 59 mil 151 litros por segundo de agua, que, en la actualidad, son desaprovechados.
Por su parte, la Cuenca de los Valles Centrales, conformada por los sistemas montañosos de Etla, Tlacolula y Zimatlán de Álvarez, entre la que habita un millón 33 mil 884 personas, registra un promedio de precipitación anual de mil 100 metros cuadrados, cuyos escurrimientos se contaminan en los cauces de los ríos Salados y Atoyac.
El Plan afirma que, a partir del aprovechamiento y el cuidado de estos escurrimientos, se garantizaría, año con año, la regeneración de los mantos freáticos de Oaxaca y la no perforación de más pozos profundos, como actualmente sucede.
Lo anterior se lograría a través de la siguiente programación, añade el documento, de 20 páginas: de junio a octubre, en época de precipitaciones, el suministro sería garantizado por conducto de aguas pluviales y fluviales, “sin extraer agua del acuífero dejando de utilizar los pozos profundos”.
En este periodo, agrega, los mil litros por segundo que requiere la capital serían obtenidos mediante la captación de techos y edificios públicos (100), de las cuencas (200), de los ríos (500), de manantiales (100) y de pozos noria (100).
En época de estiaje, entre noviembre y mayo, subraya el documento, el suministro cambiaría a manantiales (100), pozos noria (100) y pozos profundos (800), con el manto freático recuperado.
El proyecto, sin embargo, fue desechado.
Engañan a la población
Esta u otras ideas con características similares, indicó el presidente de Pro-Oax, podrían ser replicadas en las ocho regiones del estado, con lo que se abatiría el rezago al derecho humano al agua.
El costo de este proyecto, equivale al 22.2 por ciento de los 2 mil 697 millones de pesos que el gobierno de Oaxaca destinará en 2017 al pago de intereses por deuda pública y otros compromisos de pagos heredados por los gobiernos de Gabino Cué y Ulises Ruiz.
Con la totalidad de recursos etiquetados para afrontar compromisos financieros, este plan podría ser instaurado en 12 meses, en cuatro de las ocho regiones del estado, de acuerdo con un comparativo realizado por este medio.
Además, la implementación de este proyecto hidropluvial cuesta 516 millones de pesos menos que la construcción de Ciudad Administrativa, el complejo de oficinas edificado en Tlalixtac de Cabrera durante el sexenio de Ulises Ruiz Ortiz y que tuvo un valor de mil 116.4 millones de pesos; cuesta, también, mil 400 millones de pesos menos que el precio proyectado para Ciudad Judicial (al menos 2 mil millones de pesos), cuyo financiamiento será concluido en 10 años.
Paso Ancho, más de lo mismo
De acuerdo con Márquez Pérez, proyectos como Paso Ancho, impulsado por el gobierno de Gabino Cué, tienen el mismo distintivo que las acciones emprendidas durante los últimos 45 años por las autoridades: triangular recursos para beneficiarse a sí mismo y a grupos cercanos.
Paso Ancho, de acuerdo con un estudio realizado en 2011 por Conagua y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) tendría un costo de 3 mil 341 millones de pesos, sin IVA y sin la contemplación del pago de indemnizaciones a la población afectada por el uso de sus tierras.
Al término de las obras, según CMIC, la producción de agua potable en la zona metropolitana de Oaxaca alcanzaría entre 550 y 650 litros por segundo, la mitad del plan promovido por ambientalistas y expertos.
En la actualidad, el proyecto de Paso Ancho permanece suspendido.
José Márquez Pérez afirmó que la creación de aquella presa tenía el objeto de beneficiar a un sector de la cúpula empresarial vinculada con el ex presidente panista Felipe Calderón, a través de la empresa Tradeco.
El ambientalista sostuvo que el gobierno de Oaxaca, a través de Gabino Cué, firmó un contrato que tiene el objetivo de privatizar el suministro del agua.
En entrevista, afirmó que Tradeco no sólo recibió la licitación para construir el inmueble, sino para generar y bombear este servicio a un costo de 18 pesos por litro.
Entre 1975 y 2017, Oaxaca ha tenido siete gobernadores: Manuel Zárate Aquino (1974-1977, Eliseo Jiménez Ruiz (1977-1980), Pedro Vázquez Colmenares (1980-1985), Jesús Martínez Álvarez (interino/1985-1986), Heladio Ramírez López (1986-1992), Diódoro Carrasco Altamirano (1992-1998), José Murat Casab (1998-2004), Ulises Ruiz Ortiz (2004-2010) y Gabino Cué Monteagudo (2010-2016).
Todos ellos, dijo Márquez, se han negado a resolver el problema del suministro de agua potable no sólo en los Valles Centrales sino en las ocho regiones de la entidad. Y no sólo eso, pues también han lucrado con un bien que le pertenece a todos los oaxaqueños.
