Enrique VILLARREAL RAMOS/Excélsior
El pasado miércoles, la Primera Sala de la Corte concedió un amparo a cuatro particulares para que se les permita el uso recreativo de la mariguana, además, ya podrán cultivarla, transportarla y consumirla, aunque no comercializarla. Los ministros declararon inconstitucionales cinco artículos de la Ley General de Salud, que impedían el consumo lúdico de la yerba. La sentencia de la Corte consideró, conforme al proyecto del ministro Arturo Zaldívar, que la prohibición del consumo personal de la cannabis era contraria al “libre desarrollo de la personalidad”.
Se ha interpretado este fallo como la legalización de la mariguana en México por el precedente que se establece, ya que hasta la fecha había imperado el prohibicionismo. Sin embargo, la resolución sólo otorga protección de la justicia federal a cuatro miembros de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, y habrá que esperar otras cuatro sentencias en el mismo sentido (y, por ello, se espera alud de amparos) para formar jurisprudencia. Luego, la Corte deberá hacer del conocimiento de ello al Congreso, y si en tres meses no se declara la inconstitucionalidad, corresponderá a la Corte hacer la declaración.
El camino es largo y accidentado, no sólo por las etapas faltantes sino porque, para que cuaje la legalización de la yerba, deberá traducirse en iniciativas legislativas, modificaciones legales, sino es que hasta constitucionales. El amparo, el proyecto Zaldívar y la sentencia apuntada tienen la virtud de situar en el centro de la discusión pública el tema y, sobre todo, de destrabar el polarizado debate, escalándolo a otra etapa, relativo a cuál modelo va adoptar o crear para la legalización, los pros y contras, etcétera.
Opositores al “proyecto Zaldívar”, y en general a la legalización, aprovechan sus deficiencias para cuestionarlo. Por ejemplo, al prohibir la comercialización de la mariguana, entonces queda un “nicho de mercado”, eventualmente explotable por el crimen organizado. ¿Quién venderá las semillas?, ¿cómo asegurar que los “clubes canábicos” no la comercializarán subrepticiamente, considerando que existe una lucrativa demanda?, ¿cómo se impedirá que los narcos establezcan sus propios clubes?, ¿cómo se evitará que niños y adolescentes tengan acceso a esos clubes?
Los prohibicionistas también han criticado que la legalización de la yerba sea efectiva para el combate del narcotráfico. Mientras que los “liberacionistas” aseguran que la prohibición ha incentivado el auge del narco y ha ocasionado una “sangrienta y costosa guerra”, sus opositores afirman que el narco ha evolucionado hacia negocios más lucrativos y lesivos (cocaína, heroína, metanfetaminas), y que la legalización de la mariguana sólo será una vía de lavado de dinero…
Estas interrogantes y cuestionamientos muestran que todavía falta mucho por debatir y resolver. Al decidirse seguir avanzando en la legalización de la cannabis, se requerirá un marco legislativo integral, que norme pormenorizadamente todo lo relativo a la yerba, incluyendo la comercialización, la prevención, el tratamiento, etcétera. Claro, las iniciativas legislativas ad hoc deberán legitimarse, dada la reticencia de la mayoría de la población a la legalización.
El fallo constituye un parteaguas histórico: al representar un nuevo paradigma sobre las drogas, obligará a revisar las políticas públicas en materia de salud, educación, seguridad, lucha contra el narcotráfico… lo que repercutirá internacionalmente, en especial en la cooperación con Estados Unidos.
