Agencias
Los trágicos sucesos de Ayotzinapa han provocado una condena internacional, al grado de que Humans Rights Watch, la defensora internacional de los derechos humanos, advirtió que esta tragedia es la peor desde la matanza estudiantil de Tlatelolco en 1968.
Los hechos de Iguala son el asunto más grave que ha ocurrido en México, en materia de derechos humanos desde la matanza de Tlatelolco en 1968, consideró José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch (HRW) para las Américas.
“No conozco de un hecho similar al que estamos lamentando en Iguala. Creo que tenemos que remontarnos lamentablemente a Tlatelolco a fines de los años 60, donde se dieron hechos tan macabros”, denunció.
Vivanco presentó una carta dirigida al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la que señala la desidia y negligencia del Gobierno federal para afrontar las miles de desapariciones registradas en México y aportar soluciones concretas.
También recordó que miles de personas siguen desaparecidas en el País sin que se hayan producido condenas, ni avances significativos para localizar su paradero o castigar a los responsables.
En su misiva, demandó que el Gobierno mexicano publique al menos los nombres de los más de 22 mil desaparecidos registrados.
“En vez de aclarar el problema, el Gobierno de Peña Nieto ha emitido una serie de anuncios contradictorios que han suscitado más interrogantes de los que han respondido”, reprochó.
Asimismo, pidió que los esfuerzos del Gobierno no se queden sólo en promesas y discursos que después no se cumplen.
“Hay desidia y negligencia del Gobierno actual, y creo que eso queda en evidencia a pesar de los anuncios, las promesas y los discursos”, reclamó.
Hay una enorme improvisación, los derechos humanos son un tema secundario y sólo se reacciona frente a escándalos mayores cuando la opinión pública exige respuestas, cuando los medios provocan”.
Vivanco dijo esperar una respuesta del Gobierno de México, a quien recriminó que se muestre molesto cuando se denuncian abusos que requieren atención internacional y que no pueden ser tratados como un simple asunto doméstico.
Por su parte, la representación de las Naciones Unidas en México condenó enérgicamente los hechos de violencia registrados en Iguala y la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos», de Ayotzinapa, Guerrero.
Este acontecimiento ha sido calificado por dicho organismo, como uno de “los sucesos más terribles de los tiempos recientes”, por lo que hizo un llamado humanitario a quienes tienen en su poder a las personas desaparecidas, a que respeten la integridad y vida de los jóvenes, los liberen de manera inmediata o, en su caso, hagan posible dar con su paradero.
A través de un comunicado, el Sistema de las Naciones Unidas en México señaló que “está profundamente conmovido por lo ocurrido y se une respetuosamente a la zozobra de las familias, el dolor de los deudos y al clamor de la ciudadanía para que se encuentre con vida a los desaparecidos, con una respuesta pronta y vigorosa de las autoridades en el marco del respeto de los derechos humanos”.
También pidió al gobierno mexican
o que refuerce todas las medidas a su alcance para hacer una búsqueda efectiva y diligente, que permita la localización inmediata de las personas desaparecidas.
A su vez, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, urgió esclarecer la desaparición de 43 estudiantes mexicanos a manos de policías y criminales, y pidió a todos los gobiernos de la región trabajar juntos “contra el poder del narcotráfico”.
Insulza expresó su “profunda consternación” por la desaparición de los 43 estudiantes, que fueron vistos por última vez en la ciudad de Iguala (estado de Guerrero) la noche del 26 de septiembre pasado. El titular de la OEA pidió el esclarecimiento de un caso que, a su juicio, “enluta no sólo a los mexicanos, sino a todos los países de las Américas”.
Consternación mundial
Comunidades de mexicanos y activistas de cuando menos 13 ciudades del mundo, salieron a las calles a expresar su repudio por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural y el asesinato de seis más cometidos en Iguala, Guerrero.
Las embajadas de México en Berlín, Alemania; Buenos Aires, Argentina y Londres, Inglaterra; así como los consulados en San Francisco, Los Ángeles, Nueva York y Chicago, en Estados Unidos y Montreal en Canadá, también las plazas de Sant Jaume en Barcelona y Puerta del Sol, en Madrid, además de los centros de Manchester y Bruselas, fueron sede de manifestaciones en las que se exigió al gobierno mexicano la presentación con vida de los normalistas desaparecidos, y el esclarecimiento de los más de 20 cuerpos hallados en fosas clandestinas en Iguala.
Pero no solo ellos han criticado la descomposición política que ha ocasionado el narco en los últimos años. También estudiosos y académicos de la realidad latinoamericana, han lanzado una fuerte protesta contra lo que llaman el descontrol gubernamental de la violencia en México.
El prestigiado Centro de Estudios Latinoamericanos Brookings en Washington, Estados Unidos, lanzó un enérgico llamado al gobierno de México a retomar las riendas del orden a través de un artículo firmado por la investigadora Diana Villiers Negroponte.
En el texto, la experta en asuntos del hemisferio aseguró que a pesar de que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha tratado de ocultar los homicidios y la violencia de las primeras planas de los medios de los comunicación, en parte para no
alejar a inversionistas extranjeros, los recientes acontecimientos de Ayotzinapa, Tlatlaya, así como la constante inseguridad, lo han rebasado.
El artículo asegura que septiembre del 2014, es un mes negro para el país por la ejecución sumaria de las fuerzas armadas contra delincuentes en un predio de Tlatlaya, y la agresión de la policía municipal de Iguala, que en contubernio con el crimen organizado, mató y causó la desaparición de estudiantes.
Estos actos, así como los recientes asesinatos de políticos prominentes, han hecho surgir el espectro de que un nuevo nivel de violencia ha regresado a México, y esta vez llevado a cabo por los organismos oficiales y la delincuencia organizada.
La experta dice que difícilmente el gobierno recuperará credibilidad con los ciudadanos, sobre todo cuando tiene a su servicio organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, institución que actúa tarde y la mayoría de las veces velando los intereses de la Secretaría de Gobernación.
Advirtió que el Estado mexicano, lamentablemente está en riesgo de permitir que las bandas criminales que comercian con drogas ilícitas y personas tomen control de los funcionarios en los estados, por lo que los ciudadanos no saben a quién temer más: si a los delincuentes, de quienes ya se sabe la saña con la que se conducen, o a los funcionarios estatales protegidos por ellos.
Cierto, estamos ante una condición triste para México que, sin embargo, tiene, ya que a pesar de que se ha anunciado que se enjuiciará y castigará a los militares y policías identificados como culpables, el proceso legal debe ser transparente ante la opinión pública, y la sanción debe cumplir plenamente con las leyes.
Con esto, el gobierno comenzaría a enviar el mensaje de que busca promover esfuerzos visibles para que estas tragedias y abusos no sucedan más.
En México, miles de estudiantes, profesores, activistas y residentes, marcharon por decenas de ciudades de México y el mundo, para demandar la localización de 43 estudiantes normalistas desaparecidos.
