Agencias
Para bien o para mal, la reforma energética impactará en el bolsillo de los mexicanos.
Esto se debe a que la legislación secundaria en esta materia -aprobada por el Senado y que se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados- plantea medidas relacionadas directamente con los consumidores, como abrir el camino a que existan más gasolineras además de las de Petróleos Mexicanos (Pemex); liberar los precios de la gasolina, el diesel y el gas, y permitir que particulares suministren energía eléctrica, entre otros puntos.
Las posibles consecuencias de estos cambios generan polémica entre partidarios y opositores de la reforma: por un lado, el gobierno federal, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) sostienen que la apertura del sector energético a la iniciativa privada traerá competencia y, con ello, mejores precios y servicios; por el otro, los partidos de izquierda argumentan que estas ventajas no están garantizadas, porque las reglas del mercado tienden a la búsqueda de ganancias, no del beneficio social.
Mientras estos temas se debaten aún en el Congreso de la Unión -un proceso que se prevé se extienda hasta los primeros días de agosto-, aquí te presentamos los puntos que, de concretarse, tendrán un impacto en los consumidores.
1. Más gasolineras
La nueva Ley de Hidrocarburos -una de las 21 normas que conforman la legislación secundaria de la reforma constitucional- plantea que el gobierno federal, a través de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), pueda otorgar permisos para que particulares vendan gasolina y diesel a partir del 1 de enero de 2016.
Esto significa que los consumidores tendrían más opciones para adquirir esos combustibles, además de las gasolineras de Pemex. Estos nuevos expendios tendrían que operar bajo los lineamientos que defina la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, cuya creación está incluida en el paquete legislativo que analizan las cámaras.
2. Combustibles importados
Otro cambio consiste en que a partir del 1 de enero de 2017 o antes, “si las condiciones de mercado lo permiten”, los particulares puedan importar gasolina y diesel por su cuenta. Hasta entonces, las nuevas gasolineras únicamente podrían comercializar los productos importados por Pemex.
3. Nuevos precios
La misma Ley de Hidrocarburos establece cambios a la forma en que se fijan los precios de la gasolina y el diesel.
Desde que la legislación entrase en vigor hasta que termine 2014, la definición de los precios se mantendría sin modificaciones, es decir, bajo el control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Posteriormente, del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017, los precios máximos los determinaría el gobierno federal mediante un mecanismo conocido como “acuerdo”, el cual implica que las autoridades tomen en cuenta cómo varían los costos de transporte en las distintas regiones del país, así como las modalidades de distribución y expendio.
“Asimismo, la política de precios máximos al público que se emita deberá prever ajustes de forma congruente con la inflación esperada de la economía y, en caso de que los precios internacionales de estos combustibles experimenten alta volatilidad, el Ejecutivo federal preverá mecanismos de ajuste que permitan revisar al alza los incrementos de los citados precios, de manera consistente con la evolución del mercado internacional”, señala el proyecto de ley.
Finalmente, a partir del 1 de enero de 2018, los precios se determinarían por las reglas del mercado: oferta y demanda. Al respecto, los partidarios de la reforma energética dicen que esto permitiría que sean más bajos que los actuales, mientras los opositores consideran que puedan dispararse.
4. El precio del gas LP
Otro punto de la Ley de Hidrocarburos consiste en liberar el precio del gas licuado de petróleo o LP a partir del 1 de enero de 2017 o incluso antes.
Previo a esto, el precio se fijaría en el gobierno federal mediante el referido mecanismo del acuerdo, es decir, tomando en cuenta factores locales y un eventual cambio en los precios internacionales.
En México, alrededor del 63% del consumo de gas LP corresponde a hogares, seguido de los sectores servicios (14%), autotransporte (11%) e industrial (9%), según datos de la Secretaría de Energía (Sener).
5. Subsidios
A partir de que la legislación secundaria entrase en vigor, el gobierno federal tendría un periodo de poco más de dos años -con vigencia al 31 de diciembre de 2016- para diseñar un programa de subsidios a la venta del gas LP, centrado en las zonas rurales y urbanas marginadas.
Para los promotores de la reforma energética, esta medida tiene el propósito de asegurar que los sectores más necesitados tengan acceso a este combustible a precios accesibles.
6. Tarifas eléctricas
Si las leyes que se discuten entran en vigor, por el momento se mantendrían los subsidios a las tarifas de energía eléctrica, que actualmente van de 42% a 58% según el tipo de consumo (doméstico, comercial, de servicios, agrícola o industrial).
En el Senado, el PRI y el PAN plantearon eliminar los subsidios generalizados. Al final desistieron de ese cambio, pero insistieron en la necesidad de que los apoyos sean focalizados, esto es, centrados en los sectores de menores ingresos.
Sobre las tarifas, la nueva Ley de la Industria Eléctrica establece que éstas se encuentren reguladas mediante los criterios que fije la CRE.
7. Proveedores
La ley también estipula que este órgano regulador pueda otorgar permisos para que particulares suministren electricidad, en lugar de que sólo lo haga la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Para el PRI y el PAN, el hecho de que más empresas puedan entrar al mercado generará competencia y derivará en tarifas más bajas. Sin embargo, la izquierda afirma que puede presentarse el escenario opuesto y que se eleven los precios para los consumidores.
